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Tras el escándalo de los cuadernos, crean fideicomiso para poder financiar proyectos de obra pública

El Gobierno busca que con este nuevo instrumento se logren destrabar los créditos que necesitan aquellas empresas investigadas por corrupción
20/08/2018 - 09:41hs
Tras el escándalo de los cuadernos, crean fideicomiso para poder financiar proyectos de obra pública

Hasta ahora, el Gobierno ha celebrado las consecuencias políticas del escándalo de los "cuadernos de la corrupción". Sin embargo, es posible que todavía no haya tomado plena dimensión de que puede conllevar una parte negativa en la faz económica: son muchos los empresarios y economistas que prevén que pueda agudizar la recesión, bajo la forma de una caída en la inversión privada.

El motivo es que lo que aparece bajo cuestionamiento no es apenas el accionar aislado de algunas empresas o ejecutivos, sino todo el sistema de la obra pública. Ahora, bajo sospecha generalizada de corrupción, es candidata a sufrir un intenso escrutinio que, para algunos, podría implicar demoras en la ejecución de obras y hasta el retiro de algunos grupos.

Quienes apuntan a esa posibilidad miran los antecedentes de desplome en los niveles de la obra pública, como ocurrió por ejemplo en Brasil. Un análisis completo y, a la vez, inquietante. Sobre todo si se tiene en cuenta que las empresas que figuran en los famosos cuadernos engloban obras por unos u$s22.000 millones.

La cifra abarca los contratos pagados por el Estado nacional y vinculados con la energía, incluyendo proyectos de Enarsa, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o Nucleoenergática Argentina S.A. Hay también obras adjudicadas por el Ministerio de Energía, que comanda Javier Iguacel, y las mismas sociedades estatales a las siete empresas cuyos directivos están detenidos o bajo investigación por la causa de los cuadernos K.

Dentro de esos proyectos figuran la realización de obras en gasoductos y plantas compresoras de gas; la construcción de terminales de ciclo combinado y trabajos en Atucha III, la central térmica de Río Turbio. También, dos mega represas en Santa Cruz y la central hidroeléctrica Piedra del Águila, entre otros millonarios emprendimientos.

El problema es que esta crisis golpeó de lleno el financiamiento no solo de los proyectos bajo el esquema de participación público-privada (PPP), sino de toda la obra pública , que hoy es el principal motor de la economía.

Sucede que los bancos necesitan esperar al desarrollo del caso judicial de las empresas involucradas en los escándalos de corrupción antes de acordar el otorgamiento de un préstamo. Como las obras de PPP deben comenzar en octubre -y la investigación puede tomar más de un año-, el Gobierno resolvió crear un fideicomiso que sirva como vehículo de intermediación para destrabar los créditos de corto plazo que se estaban negociando. 

"El potencial delito de las empresas es lo que hoy priva los préstamos. Y como no se sabe cuántas empresas más van a estar implicadas, los bancos directamente resolvieron no levantar el teléfono para hablar con los clientes argentinos de obra pública", sintetizó un funcionario del área de Finanzas al diario La Nación. 

"Esperamos que el panorama se aclare, pero eso puede durar de 6 a 12 meses, más o menos. La incertidumbre es lo que hay que remover, y por eso pensamos en estas soluciones, para que los bancos puedan seguir prestando y así sigan los proyectos de PPP y de obra pública", agregó el funcionario a ese matutino. 

El objetivo es que el fideicomiso salga al mercado en 15 días. Para conseguir los préstamos de los bancos privados y multilaterales, se está considerando incluir como recursos los u$s600 millones que los consorcios habían depositado como garantía en caso de incumplir con sus contratos.

"El Estado va a exigir incluso derechos que tienen los consorcios bajo contratos PPP para que esté sobrecubierto el fideicomiso y que no se asuma riesgo adicional; simplemente para que pueda absorber el impacto temporal de que una empresa judicialmente no pueda devolver un préstamo por un tiempo y haya que juntar las garantías en un plazo mayor. Ese desfase temporal el Gobierno lo puede asumir, pero va a estar sobrecubierto", recalcaron desde el Gobierno.

En cuanto a las obras por fuera de los PPP, según La Nación, a las empresas contratistas se les comenzó a dificultar descontar en los bancos los certificados mensuales de avance de obra que les otorga el Estado.

Por eso, desde el Gobierno aseguraron que el Banco Nación, que tiene suficiente liquidez, saldrá a cubrir el financiamiento de cortísimo plazo que los bancos van a verse impedidos de concretar. 

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