El mundo de los ladrillos sabía que en algún momento llegaría al Congreso una iniciativa de este tipo, pero no esperaban que el momento fuera ahora ni que tuviera algunos de los condimentos de la idea original."Nos tomó por sorpresa. La posibilidad de que ocurriera siempre estuvo, pero no creíamos que fuera ahora". La declaración corre por cuenta de un importante operador del rubro y resume el pensamiento general del mercado.

Esa sorpresa fue tan grande que el Congreso "primereó" al sector y logró un primer dictamen de comisión, situación que generó los primeros desencuentros entre asociaciones de inmobiliarias y propietarios, ya que no se actuó a tiempo para evitar que el proyecto diera los primeros pasos.

A partir de allí se decidió tomar un camino diferente: nada quedaría librado al azar y se comenzarían a mantener contactos periódicos con la mayor cantidad de referentes posibles para, de este modo, amortiguar el efecto de la intervención estatal en el negocio de los ladrillos. Sabían que no había vuelta atrás respecto de la intención del Estado de regular este segmento, por lo que ahora todo apuntaría a lograr la menor cantidad de efectos negativos.

De inmediato, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) se pusieron a trabajar en conjunto y comenzaron a gestar lazos con diferentes dirigentes."Hay puntos de la ley original que son realmente conflictivos y que no harían más que generar inconvenientes en toda la actividad, no sólo a los dueños sino también a inquilinos. Afortunadamente tuvimos una buena respuesta de algunos legisladores y comenzaron a revertirse”, explicó a iProfesional Alejandro Bennazar, titular de la CIA.

Entre los primeros referentes con los que se iniciaron los contactos han sido el diputado oficialista Daniel Lipovetzky y el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, entre otros. Expusieron sus puntos de vista y mostraron buena disposición para armar una mesa de diálogo con el fin de avanzar sobre la resolución de aquellos ítems más polémicos.

Las primeras charlas fueron de carácter informal y luego se buscó generar algo más institucional. En los últimos días de octubre se logró la primera "foto oficial" y aparecieron diferentes funcionarios junto a referentes del mercado inmobiliario.

Según confiaron las fuentes consultadas por iProfesional, "todo lo que se debía conversar ya estaba hablado; se trató de algo protocolar como para mostrar cercanía con los sectores que definen la situación".

1. - Lograr que cada provincia tenga autonomía sobre la implementación de esta nueva reglamentación. Inmobiliarias y propietarios entienden que hay mercados -sobre todo en el interior- en donde no hay conflictividad, por lo que consideran que la aplicación de esta ley no tiene sentido

2.- Bajar los tiempos de desalojo: que no superen los 30-60 días, proceso que hoy puede demandar hasta tres veces más

3.- Acotar el abanico de posibilidades de presentación de garantías necesarias para rentar un inmueble

A grandes rasgos, algunas de esas cuestiones que tanto les costaban digerir a las inmobiliarias se comenzaron a despejar, a tal punto que muy lentamente empezaron a desvanecerse.Las fuentes consultadas por iProfesional no se atreven a determinar si realmente la Ley de Alquileres entró en una nebulosa o si goza de perfecta salud. Pero sí admiten que "ya no tiene la fuerza que en un principio tenía".

Durante los últimos días, sostienen los ejecutivos, las conversaciones continuaron y "algo cambió". "Lo que sabemos por el momento es que muchos de los puntos planteados como críticos han sido modificados", dijeron las fuentes.

En este sentido, para los próximos días las inmobiliarias, los escribanos y desarrolladores se volverán a ver las caras y tal vez allí se comience a ver un panorama mucho más claro respecto del futuro de la Ley de Alquileres que, sin dudas, se aleja bastante de la iniciativa original que ya cuenta con dictamen de comisión en el Congreso.

Esta reunión, claro está, será a modo "oficial", ya que prácticamente todos los días las partes se ven las caras para continuar analizando la situación.Más allá de intentar introducir modificaciones en el proyecto inicial, la gran apuesta de inmobiliarias y propietarios pasa por ganar tiempo. No por apurarlos, sino por demorarlos.Es que el plazo para que se le dé tratamiento a la iniciativa vence el 30 de noviembre. Si se supera esa fecha, perderá estado parlamentario y habrá que empezar todo de cero.

"La ley tiene muchísimos errores conceptuales y jurídicos. Nuestra idea es poder avanzar sobre ellos", precisó uno de los empresarios que participa en varias de las reuniones que se vienen llevando a cabo.

"El gran problema que encontramos es que los tiempos son muy cortos y que hay aspectos que no se pueden estudiar y modificar en los días que restan. Para hacer algo serio, lo mejor sería reunir a todas las partes del mercado y armar un nuevo proyecto", completó. De mínima, inmobiliarias y propietarios ya se aseguraron al menos un combo que les mejoraría el humor respecto del proyecto original. Aquí entrarían aspectos como:1. - La garantía solicitada para un alquiler será más flexible, si bien no tanto como pretendía la redacción original del proyecto. Hasta el momento se consensuó que puedan presentarse dos opciones, aunque quien tendrá la palabra final, en definitiva, será el dueño del inmueble2. Es posible que se elimine la obligatoriedad de la declaración de estos contratos ante AFIP, tal como indica el texto original. Es uno de los puntos más calientes del debate, ya que son muchos los propietarios que nada quieren saber con esto. Otra cuestión que se discute es si, al no tener blanqueado el contrato, el propietario luego va a poder recurrir a la vía judicial en caso de tener inconvenientes con un inquilino3.- El reajuste de precios se realizaría mediante un indicador especial que tenga en cuenta la evolución de los precios y también de los salarios. El proyecto original hacía referencia a un período semestral y a través del índice UVA

La realidad muestra que desde algunos sectores del Gobierno comienzan a entender que el proyecto tiene algunas deficiencias, por lo que hay en preparación una suerte de Plan B para suplantar la iniciativa en una primera etapa.

Desde la Casa Rosada afirman que se trata de una opción "superadora", calificativo que puede generar dudas respecto de si luego se propulsará una nueva legislación. En este sentido, en el Ejecutivo ahora se piensa en variables que sobre todo tienen que ver con el desarrollo de viviendas que luego se volcarían al negocio de los alquileres.Una de las opciones es premiar desde el punto de vista tributario el desarrollo de construcciones que tengan como destino el mercado locativo y aplicar tasas de impuestos reducidas para el blanqueo de los contratos de alquiler, tanto de vivienda como comerciales.También se impulsará el avance del crédito intermedio a desarrolladores contra boleto de compraventa, que pasará a ser registrable y tomado como aval.Además, se contempla la licitación de tierra pública para construcción y el uso de recursos del FONAVI como fondo de garantía para otorgar crédito a las pymes constructoras provinciales.Finalmente, se apuntará a la creación de un seguro hipotecario para los bancos con la finalidad de bajar las tasas y mejorar el perfil crediticio de los hogares.