Distintas cámaras empresariales del comercio y la industria volvieron a advertir que algunos sectores no podrán hacer frente al pago del bono de fin de año por $5.000 impulsado por el Gobierno.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, consideró que hay "muchas empresas que no van a poder pagar el bono, ya que hay sectores con crisis muy profundas".

Weiss se sumó así al reclamo del vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien advirtió que más de seis de cada diez empresas no podrían hacer frente al bono y reclamó implementar formas de financiamiento y su pago en más de dos cuotas. De acuerdo al borrador del decreto, se abonaría en dos pagos, en noviembre y enero.

El presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), Fabián Castillo, advirtió que "no todas las pymes porteñas están en condiciones de afrontar un bono de fin de año", por lo cual reclamó "contemplar alternativas para mitigar el impacto de la recesión" en el sector.

"Somos conscientes de que el poder adquisitivo se ha deteriorado, pero las pymes estamos sufriendo fuertemente las consecuencias de la recesión. En muchos sectores de la economía que han sido golpeados, no hay margen para un bono", sostuvo el dirigente.

Además, Castillo consideró necesario "analizar qué sector de la economía local tuvo más dinamismo y ver de qué manera puede afrontar este pago suplementario, siempre que no sea de carácter remunerativo".

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández, aseguró que ese sector no puede pagar "porque tenemos que abonar el aguinaldo en una situación de crisis que provocó el propio Gobierno".

Según Fernández, "a los grandes empresarios que se quejan por el bono, hay que preguntarles a quién votaron y financiaron". El empresario calificó de "insensible" al Gobierno.

Por su parte, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) sostuvo que ese sector "no pude afrontar" el pago y requirió al Gobierno que "consideren plenamente que nuestra actividad está remunerando lo que se acordó en las paritarias y no podrá afrontar nuevos compromisos salariales".

Según indicó la CECHA, "en el acuerdo salarial -que se extiende desde abril de 2018 a enero de 2019- hemos otorgado incrementos del 40%, porcentaje que representa uno de los más altos" de los acordados por los diversos sectores.

Por ese motivo, CECHA estimó que no es necesario, para esa actividad, el pago de un bono de fin de año, y aseguró, además, que el "sector de expendio de combustibles, conformado por pymes o microempresas, está abordando los serios inconvenientes que sobrevienen en esta etapa de ajuste con una tolerancia extrema".

Alcances

Lo cierto es que el borrador del decreto establece un paréntesis para aquellas empresas en crisis.

“Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o en declinación productiva", dice el artículo tercero del texto.

Esto implica que el bono podría no llegar a los $5.000 o amortizarse en más de dos cuotas, según la situación económico-financiera que esté atravesando la empresa en cuestión.  

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se conocerá en las próximas horas aplica para los 6 millones de trabajadores del sector privado, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que según datos oficiales ya supera el 6% en el año.

La disposición establece además un proporcional para los asalariados de jornada reducida y la adecuación de los plazos y montos en aquellas actividades en “crisis" o “declinación productiva”.

En cambio, quedaron excluidos unos 320.000 trabajadores agrarios y 500.000 empleadas de casas particulares que deberán discutirlo en el marco de sus regímenes laborales específicos.

Tampoco fueron alcanzados 3 millones de empleados públicos.

Otro apartado del borrador del DNU apunta a dilatar los despidos sin causa, metodología que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo y que excluye a la industria de la construcción. 

En concreto, los empleadores deberán comunicar las cesantías con 10 días hábiles de anticipación, un período que incluyendo los plazos de notificación podría extenderse a tres semanas. Su incumplimiento será castigado con sanciones y el Ministerio de Producción y Trabajo, a su vez, podrá convocar a las partes a audiencias si lo desea.