La cantidad de pedidos de concursos de acreedores y de procesos preventivos de crisis aumentó en los últimos tres años, lo que se tradujo en un incremento en la cantidad de despidos.

Esta es otro indicio de que la actividad no muestra señales de recuperación en un contexto donde desaparecieron casi 10.000 empleadores en 2018.

La caída del consumo comenzó en el año 2012, momento en el que la inflación empezó a descontrolarse. Con el Estado controlando el esquema tarifario y permitiendo aumentos que acompañen la suba de precios, el poder adquisitivo de los trabajadores se mantuvo lo suficiente como para no generar grandes cambios en los niveles de consumo, aunque esto comenzó a cambiar desde 2015 con el nuevo modelo económico implementado por el Gobierno de Mauricio Macri.

En general, sin importar su línea ideológica, los economistas coinciden en que la economía requería una corrección de precios relativos, producto de que el dólar y las tarifas, por ejemplo, estaban retrasados.

La diferencia de opinión se encontraba el límite hasta el cual debe hacerse. Lo cierto es que la inflación se aceleró al punto de que 2018 concluyó en 47,6%, el índice más alto desde 1991. Y 2019 ya arrancó con un primer trimestre por encima del 10%, lo que perfila el año para estar sin dudas por arriba del 30%.

En este escenario, en el que los salarios perdieron el año pasado 12 puntos en promedio de poder adquisitivo, comercios e industrias están sintiendo con fuerza el derrumbe del consumo. A lo que se le suma que los costos -servicios, impuestos, material de trabajo, alquileres, etc.- se dispararon, y las tasas de interés se fueron a las nubes.

Como resultado de esto, cientos de empresas cerraron o se presentaron a procesos preventivos de crisis (PPC) o directamente a concurso de acreedores, y se perdieron miles de puestos de trabajo.

El listado de firmas con problemas es largo e incluye a todos los sectores y empresas de todos tamaños.

Así fue que la operación local de embotellamiento de Coca-Cola se vio afectada y se presentó a PPC. En concurso de acreedores entraron compañías como Fate (neumáticos), Avian Líneas Aéreas, Editorial Atlántida, la cordobesa Zárate (materiales de construcción) y Winery (vinos); Molinos Cañuelas necesitó un préstamo del BICE para seguir operando; cerraron locales gastronómicos históricos como Rodizio, Clo-Clo, Los Maizales, y ahora Plaza del Carmen también tienen inconvenientes.

En junio desaparecerá el shopping Del Parque; la cadena Musimundo cerró locales en el interior; Tsú cosméticos sus fábricas en el conurbano; en ropa tambalean marcas como AY Not Dead, Wanama, Cook, Legacy, mientras que tampoco están bien otras como Stone, Bendito pie, Garçon García y Agarrate Catalina, aunque hay muchos otros que no son de público conocimiento.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los últimos tres años hubo un "impacto negativo" en la actividad económica que afectó a "un número importante de empresas".

En total, son 246 casos en procesos preventivos de crisis y 2.177 quiebras sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los datos son más difusos, pero igual de elocuentes, en las provincias. Confirmado por el propio jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, en los primeros tres meses del año ya se presentaron 30 casos de PPC; es casi la mitad de lo que fue el total de 2017.

Sobre la base de datos del Boletín Oficial, CEPA indicó que en 2016 la cifra de quiebras fue de 666, y se elevó a 716 en 2017 y a 795 en 2018. Mientras que las que presentaron PPC pasaron de 210, a 227 y 368, en los mismos períodos.

Por otro lado, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) reveló en su último informe de enero-febrero que la cantidad de locales vacíos en las principales zonas comerciales de la Ciudad eran 245, un número que representa una mejora de 23% en la comparación interanual, pero que está muy por debajo de los registros de años anteriores.

En este contexto adverso para las empresas, con elevados costos, tasas de interés altas, y caída de las ventas, cabe preguntarse si la actividad económica llegó al piso y de ahora en más repuntará -o al menos se estabilizará- o seguirá deprimiéndose.

Los últimos datos no son alentadores. Se conoció este fin de semana que las ventas minoristas sumaron 15 meses en baja y en febrero marcaron un negativo de 11,3% según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Días atrás, el INDEC había informado que en enero los supermercados habían vendido un 10,5% menos y los shopping 15,1%; es el séptimo mes consecutivo que están en retroceso. En tanto que la actividad económica cedió 5,7% y enfila nueve períodos seguidos en descenso.

Como no existe un registro unificado a nivel nacional de cierres y concursos, así como tampoco de aperturas, lo más utilizado para conocer estas situaciones son los relevamientos sobre locales vacíos y el nivel de empleo.

Según cifras del Ministerio de la Producción y el Trabajo, entre enero de 2018 y el mismo mes de 2019 se perdieron más de 260.000 empleos registrados. Es decir, de asalariados de empresas privadas y organismos del sector público; trabajadores independientes inscriptos en los regímenes de autónomos, Monotributo y Monotributo social, y trabajadores de casas particulares, indicó Ámbito.

Pero si se mira el número de empleadores, queda más clara la situación de las empresas. En el boletín anual que la AFIP realiza sobre el Informe de la Seguridad Social, se refleja que en 2018 bajó de 565.385 a 555.993 la cantidad de organizaciones que emplean personal. Son casi 10.000 menos desde que comenzó el año hasta que terminó.