Parece extraído del manual de la antipolítica, pero no. Se trata de un hecho real: el Gobierno, en plena campaña electoral, aplicó una suba de impuestos.

Por primera vez en 20 años, elevó la denominada "tasa de estadística", del 0,5% al 2,5%, en el remanido intento de "cerrar" las cuentas públicas. La medida produjo el inevitable malhumor de los afectados directos (importadores), aunque lo preocupante pasa por su impacto negativo en la economía real.

El manejo de la crisis y el cumplimiento del ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional lleva a contradicciones tales que, al mismo tiempo que el propio Mauricio Macri lanza un acuerdo político de diez puntos -entre los cuales figura uno en el que promueve la baja de los impuestos- su ministro de Hacienda anuncia una mayor presión impositiva.

El tema dio pie a críticas desde todos los ángulos. En el plano político, no faltaron quienes señalaron que esto le resta credibilidad a la convocatoria del Gobierno para el diálogo con la oposición. Y, entre los empresarios, se escucharon los previsibles reproches ante un nuevo aumento de la carga tributaria, justo en el momento en el que lo que se reclama es un alivio que ayude a salir de la recesión. 

Hay una explicación para semejante contradicción por parte de Macri. Tiene que ver con el exigente objetivo de llegar a cumplir con el "déficit primario cero" forjado en el último acuerdo firmado con el FMI. La única manera de acercarse a esa meta, para la que deberían equilibrarse la recaudación con los gastos del Estado, evalúan en el Ejecutivo, es incrementar la presión impositiva sobre los que ya vienen cumpliendo con sus obligaciones.

De hecho, Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, acaba de reconocer que, hacia adelante, lo mejor (y necesario) sería achicar la evasión en el pago del IVA. "Del actual 33,5% al 23,5%, cercano al promedio de la región", señaló el funcionario. Claro que ese objetivo sólo podría lograrse de acá a cinco años.

Por ahora, el fisco no tiene otra alternativa que castigar a algunos y -en todo caso- darle oxígeno a los sectores que peor la están pasando por la crisis. Por ese motivo, suspendió las retenciones a las exportaciones que realicen las Pymes. E incrementó los reintegros que cobran las automotrices por las ventas de vehículos al extranjero.

El apremio por acomodar las cuentas públicas, no obstante, desemboca en una mayor presión fiscal, que es justo uno de los mayores trabas que tiene la economía argentina para ser competitiva y crecer. Al momento de la llegada de Macri al poder, la presión impositiva equivalía a 24% del PIB. Tres años y medio después alcanzó el 26%, a pesar de las promesas oficiales y los proyectos para bajarla.

Para muchos, el Gobierno ha caído en una trampa de la que será complicado zafar. Consiste en insistir con el intento de equilibrar las cuentas en un contexto recesivo.

Una cosa es lograr ese objetivo con una economía en crecimiento, en la que hay espacio para emprolijar las cosas. Y otra es lograrlo en contexto recesivo. Persistir en esa cuestión puede espiralizar la mala onda. Y el ciclo económico, lejos de mejorar ante los mejores datos fiscales, termina contrayéndose más.

Las estadísticas oficiales demuestran que el ajuste del gasto público va a toda marcha. Los números del primer trimestre del año lucen elocuentes: mientras la inflación interanual acumuló 52% para ese período, el gasto primario viajó a tan sólo el 31%. Nadie podría acusar a Nicolás Dujovne de hacer mal los deberes pautados con el Fondo Monetario.

Un reporte del economista Federico Muñoz extiende esa racha de recortes. "El gasto primario, al segundo trimestre de 2017 ascendía a 24% del PIB. Ahora esa proporción cayó al 19,6%", dice en diálogo con iProfesional.

Traducidos en pesos, ese ajuste de 4,4 puntos del Producto trepa a la friolera de $1 billón. Nada menos.

Cierto resulta que gran parte de esa contracción tuvo que ver con la licuación de los gastos en términos reales por la elevada inflación. Pero otra gran parte se costeó con la enfática reducción de la obra pública, cuya ejecución está cayendo a la mitad.

Ahorro por un lado, desahorro por otro

Otra variable que, hasta ahora, jugó a favor del ajuste fueron las erogaciones en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Eso porque ese gasto social se encuentra indexado por la inflación pasada. El año pasado, con una inflación superior al 47%, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se indexaron un 28%, lo que provocó una caída en el poder adquisitivo de esos beneficiarios y -en simultáneo- un alivio para las cuentas de la AFIP.

Ese efecto ya no se verá este año: los haberes de esos beneficiarios se incrementarán en línea con la inflación de 2018 que, en los papeles, será más alta que la de este 2019. Debido a esto, ya no habrá un "ahorro" para el erario público.

Justamente, en virtud de este escenario fiscal más estrecho y de la obligación de llegar al déficit cero, Muñoz tiene una pista sobre lo que puede estar sucediendo: "Por la devaluación de este año, los subsidios energéticos están expandiéndose", asegura.

En efecto, los subsidios a la energía se están, prácticamente, multiplicando por cuatro en relación a lo sucedido en el primer trimestre de 2018. Durante el período enero-marzo, esos giros del Estado alcanzaron los $28.500 millones. Un 285% por encima a los registrados en el mismo período del año pasado.

Otro dato aportado por Muñoz echa más luz sobre este punto. "Entre enero y marzo de 2018, los subsidios energéticos habían caído al 1% del gasto primario. Ahora crecieron al 4% del total", dice.

Estos datos no hacen más que convalidar la preocupación compartida entre Dujovne y los técnicos del Fondo en torno a la situación fiscal. El FMI ya había advertido sobre un desvío en la meta fiscal. Lo hizo en la última revisión del programa.

"Están rascando la olla", afirma Ramiro Castiñeira, en diálogo con iProfesional. "Las metas son muy exigentes. Pero anuncios como el aumento de la tasa de estadística podrían transformarse en un búmeran: que afecten a la macro por los mayores costos que acarrean. Empeoran el escenario, en lugar de mejorar las cosas", explica el economista jefe de la consultora Econométrica.

El FMI, a pura presión

La preocupación de Washington sobre la performance impositiva quedó expuesta en su último reporte sobre el país.

"Los decepcionantes ingresos tributarios durante los últimos meses sugieren que la actividad económica y las dificultades de la administración están reduciendo la solidez impositiva, demostrando que las proyecciones del staff fueron demasiado optimistas", escribieron los técnicos.

En ese momento, el FMI no solo reclamó extremar la prudencia a la hora de gastar. Pidió, además, pensar en alternativas para recaudar más. (Habrá que) "tomar otras medidas para incrementar los ingresos a fin que la posición fiscal de 2019 llegue al balance primario", sentenció.

De hecho, luego de haber flexibilizado -hasta el punto de contradecir su propio estatuto- en temas como la política monetaria, el punto en el que todo indica que el Fondo mantendrá su tradicional rigidez es el del equilibrio fiscal.

Sin margen político para aplicar subas en impuestos como el IVA o en Ganancias, el Gobierno se decidió, primero, a elevar las alícuotas de las retenciones. Ahora volvió sobre el comercio exterior subiendo la tasa de estadística.

Y en las últimas semanas hubo versiones -inclusive surgidas en Washington- de que el FMI alentaría un nuevo retoque alcista de los derechos de exportación. Una iniciativa que sería muy criticada desde el sector rural, justo en momentos en que el precio de la soja cae a su peor nivel en la última década, por debajo incluso de los u$s300 la tonelada.

Recientemente, Dujovne sinceró su visión más bien pesimista para el corto plazo. "La recaudación crecerá en términos reales a partir del segundo semestre", afirmó durante una conferencia de prensa, dando a entender que los ingresos de la AFIP volverán a evolucionar por debajo de la inflación también en los meses de mayo y junio.

Sin embargo, el ministro ratificó el compromiso de cumplir con el objetivo de déficit primario cero al cierre del año, pese a que la aceleración de la inflación y la profundización de la recesión afectaron el ritmo originalmente esperado en los ingresos pero también en los gastos corrientes.

Uno de los consultores más reconocidos en la City porteña prefiere no pecar de optimismo. "Va a ser muy difícil cumplir. El Fondo lo sabe, pero en medio de la campaña nadie quiere levantar olas sobre un posible waiver (perdón). Ya habrá tiempo para eso".

"Por ahora, al Gobierno no le queda otro camino que tomar medidas precautorias e intentar el cumplimiento. Pero nadie sabe cómo seguirá la película", concluye.