El Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga a ofrecer planes parciales de cobertura ambulatoria o de internación, que no garantizan la cobertura del 100% de las prestaciones médicas.

"Autorízase el tipo de plan de cobertura parcial denominado ‘Plan parcial de cobertura prestacional ambulatoria’, que incluye consultas médicas, medicamentos, estudios y prácticas de baja complejidad y estudios y prácticas de alta complejidad, con los mismos alcances que aquellos contemplados en la ley Nº 26682, que deberá ajustarse a las reglas generales de la ley y su reglamentación en la medida que resulten aplicables y conducentes a la naturaleza de los planes de cobertura parcial", señala el texto oficial.

En el mismo sentido, se autorizó el plan de cobertura parcial denominado "Plan parcial de internación" que incluye emergencias médicas en domicilio y guardia, internación clínica y quirúrgica y medicamentos en internación.

La medida se tomó a partir de la disposición 900/19, de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), publicada en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo recordó que la ley Nº 26682 (que regula la medicina prepaga) dispuso que las empresas deben cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio vigente y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Además, el Gobierno dispuso que sólo se pueden ofrecer planes de coberturas parciales en: servicios odontológicos exclusivamente; servicios de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas; aquellos que desarrollen su actividad en una única y determinada localidad, con un padrón inferior a cinco mil usuarios.

También autorizó a una comisión permanente, compuesta por tres representantes del Ministerio de Salud y tres de la cartera de Economía y Finanzas Públicas a proponer nuevos planes de coberturas parciales.

De este modo, las prepagas podrán ofrecer planes más baratos, que no contemplan el 100% de la cobertura médica, de modo de hacer frente a la menor cantidad de afiliados por los reiterados incrementos de las cuotas, la disminución del poder adquisitivo de la población y la menor cantidad de afiliaciones por la vía de una obra social por la caída del nivel del empleo.