El Gobierno confía en que la sorpresiva salida de Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional no implicará ningún cambio con el organismo; y lo más probable es que así sea. Como se apuró en aclarar el Palacio de Hacienda, el acuerdo con Washington excede a la abogada francesa. Se sabe: el compromiso político es, ante todo, de la administración Trump.

Eso no quita, sin embargo, que -como descuentan los propios candidatos presidenciales- el actual acuerdo con el Fondo haya que renegociarlo después del 10 de diciembre. Apenas asuma el ganador de las elecciones 2019.

Es muy probable que el caso argentino sea inédito: no sólo por el volúmen de dinero que implicó el último acuerdo -la friolera de u$s57.000 millones- sino también porque los protagonistas ya saben que el tratado resulta incumplible. Que habrá que sentarse a renegociar para llegar a un nuevo acuerdo.

Ése es el legado que ahora deja Lagarde. Un acuerdo inconsistente por donde se lo mire.

En primer lugar porque al país le será imposible afrontar los pagos que se acumulan entre 2022 y 2023. En esos dos años vence prácticamente la totalidad de los fondos aportados por el FMI.

Pero el acuerdo con el organismo trasciende esa (súper) exigencia. Lo controversial, lo que también lo hace inconsistente, refiere a las metas económicas fijadas.

Van algunos ejemplos: Después del improbable salto del 9,5% de las exportaciones (algo que está previsto para este año), se prevén incrementos consecutivos del 3,5% en 2020; del 6% en 2021; del 5,6% en 2022 y nada menos que otro aumento del 7% en 2023.

La misma sensación de inverosimilitud cuenta cuando pronostica un superávit comercial que se apoya sobre la destrucción de las importaciones de este año, en medio de la cruda recesión.

Tampoco parece cumplirse el objetivo de inflación. De hecho, la meta de 30,5% para este año seguramente será excedida en por lo menos diez puntos. Lo que también amenaza al objetivo del año próximo, del 21,2%. Muy optimista para la actualidad de la Argentina.

Lo mismo podría decirse de la predicción de crecimiento de la economía, en un contexto de ajuste de las cuentas públicas. Después de una contracción del 1,2% para este año (que también luce optimista, de acuerdo a las estimaciones de las consultoras), prevé una expansión del 2,2% para 2020. Aun cuando se asimila una mejora en términos fiscales: del supuesto "déficit 0" de este año debería pasarse a un superávit del 1,1% para 2020.

Esta mejora fiscal se concretaría sin tocar lo que el Estado gasta en jubilaciones ni el salarios públicos, dos de los principales rubros del gasto público. Mientras las jubilaciones se mantendrían en torno de 7,7 puntos del PIB (y en ascenso hacia 2021 en adelante); los gastos en salarios quedarían en torno al 10,7% del PIB.

Otra inconsistencia: A pesar de contemplar ese ajuste, y una tasa de desempleo que se mantiene en 9,9% (que de hecho ya fue sobrepasada al 10,1%), el FMI supone un crecimiento del consumo privado de 6,6% el año que viene.

Lo que queda claro, frente a los números fríos escritos por el propio staff del Fondo Monetario, es que, desde el año pasado, el organismo le otorgó a la administración Macri el oxígeno necesario para ganar tiempo y llegar a las elecciones con las mejores chances posibles.

La salida -por ahora temporal- de Lagarde no modifica ni una coma de ese escenario. Lo único es que expone la realidad de cara a lo que viene. Y frente a las inconsistencias, lo único que cuenta es que habrá que trabajar en un nuevo acuerdo. En todo caso, la pregunta será a qué costos.