El presidente electo, Alberto Fernández, analiza impulsar la declaración de la emergencia ocupacional en la Argentina, lo que le permitiría establecer contrataciones más flexibles para los que están afuera del mercado laboral y fijar ventajas previsionales e impositivas para los empresarios que decidan crear nuevas fuentes de trabajo.

La emergencia ocupacional estaría incluida en un proyecto de ley que Fernández quiere que se sancione en la primera semana de su gestión como una forma de explicitar que uno de los objetivos centrales de su gobierno será priorizar la generación de empleo.

Quien llevará adelante esta ambiciosa iniciativa será el futuro ministro de Trabajo, Claudio Moroni, un hombre de confianza de Alberto Fernández con una amplia experiencia en el Estado (fue superintendente de Seguros, síndico general de la Nación, titular de la AFIP y director de la ANSES), sobre quien también recaerá la relación con los sindicatos y los empresarios, además de la logística para encarar el acuerdo de precios y salarios que impulsará el próximo gobierno.

Una de las primeras definiciones importantes en materia laboral es que ya se habría descartado el regreso de la doble indemnización como una herramienta para evitar los despidos masivos, tal como se había instrumentado en 2002 mediante la ley de emergencia económica.

La medida estuvo en los primeros borradores del albertismo y con una vigencia de 60 días, pero se frenó porque, según se concluyó, sería una señal perjudicial para la economía.

En la misma sintonía se pronunciaron el vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Urtubey y el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer.

Aunque no volvería la doble indemnización, sí estaría en estudio la creación de un fondo de compensación indemnizatoria para aliviar a las pymes, lo que implicará que surja de ese sistema, financiado por las pequeñas empresas, el pago por la desvinculación de un trabajador del sector, algo similar a lo que sucede hoy en la construcción con el denominado Fondo de Cese Laboral.

Incluso se analiza la posibilidad de otorgar exenciones impositivas a las microempresas y pymes que se comprometan a no realizar despidos durante la vigencia de la emergencia ocupacional.

El compromiso general de no efectuar despidos masivos se trataría de contemplar en el acuerdo de precios y salarios que Alberto Fernández pondría en marcha apenas asuma, junto con los empresarios y los sindicatos. Aquí lo que está en discusión es qué estímulo concreto se les daría a las empresas que no despidan y que incluso generen nuevas fuentes de trabajo.

Descartada una reforma laboral general y por ley, en el diálogo tripartito se alentaría la renovación de los convenios colectivos de trabajo que, en su mayoría, tienen más de 40 años de antigüedad. Como ya trascendió, el modelo que se seguirá es el que se aplicó en el yacimiento petrolero Vaca Muerta, que flexibilizó las condiciones de trabajo para permitir una mayor productividad.

En la usina de ideas del presidente electo están convencidos de que hay que apostar a las nuevas tecnologías para la capacitación laboral y para generar empleos. Por eso apostarían a introducir de lleno los cambios tecnológicos en la mayoría de los convenios colectivos que están desactualizados. Para ese objetivo no haría falta ninguna nueva norma: la ley de empleo, que lleva el número 24.013 y fue sancionada en 1991, está virtualmente en desuso pero contempla lo que ahora se busca en el artículo 23: "La incorporación de tecnología constituye una condición para el crecimiento de la economía nacional –afirma-. Es un derecho y una obligación del empresario que la ley reconoce, garantiza y estimula, y en la medida que afecta las condiciones de trabajo y empleo debe ser evaluada desde el punto de vista técnico, económico y social."

El entorno del presidente electo también barajaría propuestas para lograr que los trabajadores de la llamada "economía popular" (precarizados que se desempeñan en cooperativas, microemprendimientos familiares, artesanos, vendedores ambulantes y campesinos, entre otros) puedan pasar de la informalidad al sistema productivo. Este sector es representado por Juan Grabois desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y que ya desde el último gobierno kirchnerista pugnaba por derechos como los de los trabajadores formales.

El acento que se pondrá en generar empleo y en formalizar los trabajos precarizados se coordinará con el Ministerio de Desarrollo Social, que estará encabezado por Daniel Arroyo, porque el eje que se fijará Alberto Fernández será estimular el primer empleo para quienes están desocupados, para los que reciben algún plan social o quienes se encuentran en la informalidad laboral. En todos los casos se procurará garantizar que los trabajadores cuenten con protección social.

Incluso se piensa en reemplazar los planes sociales por fuentes de trabajo o establecer que los subsidios que otorga el Estado tengan un tiempo de vigencia.