El Gobierno estudia a contrarreloj una fórmula escalonada para otorgar un aumento extra a las jubilaciones sin provocar una ola de juicios. En campaña, Alberto Fernández había prometido un 20% de aumento para las jubilaciones más bajas con la intención de facilitar la recuperación de la pérdida de poder de compra frente a la inflación. Ahora los técnicos de las áreas de Economía y ANSES evalúan hacer el retoque también en las escalas más altas para evitar un nuevo caso Badaro que gatille 300.000 reclamos judiciales.

Cerca de Fernández discuten la aplicación de un esquema de suma fija de $2.800 para todas las escalas, equivalente al 20% del haber mínimo de $14.068.

Así, quienes perciben la mínima recibirían el incremento prometido que eleva la jubilación a $16.868, mientras que aquellos que cobran la media de $20.000 percibirían un 14% y los que gozan de la prestación máxima de $103.000, un 3% más. Esa es una de las variantes que suena más fuerte en el entorno de Fernández. La idea es que el Gobierno tenga las facultades para dar el aumento mediante el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que enviará al Congreso en las próximas horas.

"La suma fija para todos pondera mucho para los que menos reciben y menos para los que más reciben y así se evitan tsunamis judiciales, esos toques de atención son fundamentales", dijeron a iProfesional fuentes del Gobierno al tanto del capítulo previsional. En las últimas horas, el equipo de Fernández recibió un informe que alerta sobre la posibilidad de un fuerte incremento de la litigiosidad en caso de avanzar en una suba exclusiva para los haberes mínimos, como estaba previsto hasta hace pocos días.

El riesgo de esa propuesta es generar una nueva desactualización de las jubilaciones más altas y un achatamiento de las escalas, algo que ya fue rechazado por la Corte Suprema en al menos tres ocasiones y que provocó 800.000 demandas entre 2008 y 2011.

En Tribunales están preparados para recibir los eventuales reclamos. Después de todo, ese stock es la materia prima que aceita los engranajes de los juzgados de la Seguridad Social. Se estima que de un total de 5,7 millones de jubilados y pensionados, más de la mitad cobra el haber mínimo y unos 300.000 prestaciones superiores a los $50.000. Ese sector de los pasivos es el que podría iniciar demandas.

"Si aumentan solo la mínima, va a generar descontento en mucha gente como ocurrió con Badaro. No hay razón para aumentarle a uno y no al otro", advirtió a este medio el abogado previsionalista Adrián Troccoli. 

Pero también se mostró escéptico de que un eventual esquema escalonado de aumentos en las jubilaciones sea suficiente para desactivar una nueva catarata de reclamos. "Todos los que cobran arriba de $50.000 o les pagan bien o hacen juicio de vuelta", aseguró.

En los últimos días, el defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino, también encendió las alarmas. Luego de enviar una carta en noviembre a Mauricio Macri y Alberto Fernández para solicitarles una suba de emergencia, ahora señaló que la actualización debería alcanzar a las diferentes escalas y aseguró que el haber medio tampoco es suficiente para alcanzar la canasta medida por la defensoría. 

"Cuando se aumentaron las mínimas desde 2002 al 2007 se produjo un achatamiento de la pirámide (de los haberes), con lo cual se vuelve a lo mismo, vamos a tener un crecimiento vertiginoso en litigios", alertó Semino.

En respuesta al reclamo de Adolfo Badaro, la Corte dictó una primera sentencia en 2006 que ordenó recomponer su haber y exhortó al Congreso a establecer un índice de movilidad objetivo, pero los legisladores adoptaron el criterio sugerido por el gobierno de Néstor Kirchner, que fijaba la actualización a través del Presupuesto en forma casi discrecional.

Luego, en 2007 el máximo Tribunal declaró inconstitucional ese mecanismo y dispuso que la ANSES actualizara los haberes en base a la evolución del Índice de Salarios elaborado por el INDEC, tras reconocer el deterioro de las prestaciones del damnificado entre 2002 y 2006. En ese período, justamente, el Gobierno otorgó aumentos en los haberes mínimos superiores al resto de las escalas, lo que acható la pirámide.

El caso Badaro aplicaba a aquellos trabajadores que se habían jubilado hasta 1993, pero en 2009 el caso Ellif abrió la puerta a que presenten nuevas quejas quienes se jubilaron hasta el 2006. Así, frente a los reclamos crecientes, el Congreso sancionó en 2008 la Ley de movilidad jubilatoria enviada por el Ejecutivo, que fijó ajustes dos veces al año determinados en un 50% por la recaudación de ANSES y otro 50% por los salarios.

Con Mauricio Macri en el poder, la fórmula volvió a ser modificada en 2017 por la Ley de Movilidad impulsada por el oficialismo. El cambio fijó aumentos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre) teniendo en cuenta un 70% de la inflación del INDEC y un 30% los salarios (Ripte). 

Ahora, la gestión de Fernández busca revisar el cálculo. Es que, al tener un rezago de seis meses y estar atado a la inflación, el año próximo implicará mayores erogaciones, teniendo en cuenta que la suba de precios en 2019 superará el 55%. Su impacto alcanza a más de 15 millones de jubilados, pensionados, perceptores de asignaciones familiares y beneficiarios de AUH.

Frente fiscal y social

El capítulo previsional es uno de los tantos que integrará el megaproyecto que será enviado al Congreso esta semana, junto con la emergencia social, sanitaria y alimentaria, así como un incremento de los impuestos. Pero su peso en el Presupuesto es clave: representa más del 40% del gasto y acumuló en los 11 meses del año $1.845 billones.

Esa es una de las cuestiones que está mirando por estas horas la ANSES, encabezada por Alejandro Vanoli, quien fue designado el fin de semana y que por estas horas está definiendo quiénes ocuparán sus secretarías y subsecretarías.

Al igual que en Economía, los técnicos del organismo analizan las posibilidades para otorgar un aumento de emergencia en función del estado en que recibieron las cuentas públicas por parte de la administración saliente. Se estudian escenarios y la capacidad de financiamiento, teniendo en cuenta en dónde se pueden generar "eventuales ahorros". Pero las opciones son bastante limitadas por la propia dinámica de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se ajustan en forma automática.

Los fondos destinados a ese rubro crecieron este año un 40% interanual, mientras que en términos reales descendieron un 6%. Por otra parte, diciembre es un mes de mayores gastos. Además del ajuste de movilidad que ya se otorgó este mes del 8,74%, también se pagarán aguinaldos. El nuevo incremento en los haberes engrosará a su vez la base sobre la que se aplicará el próximo ajuste del 11,75% previsto por la movilidad para marzo.

La otra preocupación de las autoridades es el impacto de la crisis. De ahí, la decisión de convocar a sesiones extraordinarias para dar avanzar en la emergencia social y dar respuesta a los jubilados.

"El espíritu de la medida tiene que ver justamente, con alivianar la situación de los que más están sufriendo, máxime teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas, por lo que los plazos de la instrumentación están en alguna medida determinados por esa vocación de generar las condiciones para que todas las familias puedan pasar unas fiestas más felices", explicó a este medio la diputada oficialista Fernanda Vallejos.