El Gobierno dejó en claro su diagnóstico: si no hay reforma jubilatoria, hay hiperinflación

El Gobierno dejó en claro su diagnóstico: si no hay reforma jubilatoria, hay hiperinflación
El ministro Guzmán dejó en claro la visión crítica sobre la situación fiscal. Y que jubilados de ingresos medios terminarán subsidiando a los de la mínima
Por Claudio Zlotnik - Fernando Gutiérrez
18.12.2019 06.53hs Economía

Nadie puede declararse sorprendido ni afirmar que Alberto Fernández esté faltando a su palabra: en su discurso inaugural había advertido que se venía un tiempo en el que los que estaban mejor iban a tener que asumir un sacrificio para poder ayudar a los que estaban en una situación de emergencia.

Claro, lo que seguramente nadie interpretó es que en la categoría de los argentinos que "están mejor" no solamente entran los que viajan a Miami, los grandes productores agropecuarios o los dueños de empresas energéticas, sino también los jubilados que perciben $25.000 por mes.

Porque, en los hechos, la medida que suspende los ajustes jubilatorios -mientras se encuentra una nueva fórmula indexatoria- y aplica un bono de $5.000 a los que cobran la mínima implica la aplicación de un subsidio. Pero no es un subsidio que paguen los sojeros ni los banqueros, sino que, dentro de la masa de jubilados, los que están relativamente "bien" deben resignar ingresos para subsidiar a los que están peor.

La consecuencia es que, al menos en los próximos meses, se concretará un nuevo achatamiento en la pirámide de pagos, lo cual casi seguramente disparará una ola de juicios, recursos y pedidos de amparo. A fin de cuentas, la indexación jubilatoria surgió para cumplir un fallo de la Corte Suprema, luego de juicios por parte de jubilados que –bajo el marco legal de una emergencia económica- vieron sus ingresos congelados durante años.

No es que el equipo de Alberto Fernández no sepa a lo que se expone con esta medida, naturalmente. Sabe –y de hecho fue un tema que se habló en las reuniones técnicas- sobre el riesgo de una avalancha de juicios. Sabe también que los jubilados que cobran haberes más altos suelen ser los que completaron aportes, que ahora deberán asumir el sacrificio para ayudar a los de la mínima, una franja donde están muchos de los que se jubilaron con régimen de moratoria.

¿Por qué avanza el Gobierno entonces en esta reforma impopular? Porque siente que no tiene opción. Alberto Fernández sabe que, por más que a largo plazo tenga un revés judicial o deba sufrir el malhumor de la opinión pública, en el otro platillo de la balanza tendrá un incentivo mayor: una mejora inmediata de la situación fiscal.

Y ese es, en realidad, el centro del tema: el Gobierno llegó a un diagnóstico inquietante: o se frena la aplicación de la fórmula de indexación macrista, o el riesgo de una hiperinflación empieza a corporizarse.

Lo manifestó con claridad el ministro Martín Guzmán, al responder las críticas en el sentido de que la actual fórmula es la que mejor puede proteger a los jubilados. Para el ministro, esa afirmación es incorrecta, porque la fórmula impide cualquier plan de caída de la inflación, y no hay forma de defender el ingreso de los jubilados en una economía en la que los precios se espiralicen.

"Tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona y desprotege a la población jubilada y al país. Nos tomamos 180 días para remplazar una fórmula actual, que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener, por otra fórmula que tiene que ser sostenible y razonable", dijo el ministro.

Guzmán dijo que el país no tiene "cómo financiar el déficit fiscal" y que "emitir sería desestabilizante". Y vinculó al actual sistema de indexación jubilatoria con ese problema fiscal. "El esquema actual imposibilita la desinflación. La situación de los jubilados hubiese estado peor si lo manteníamos", afirmó.

En consecuencia, el diagnóstico crudo es que primero se debe cortar la indexación jubilatoria, de manera de que el gasto jubilatorio siga creciendo respecto de los recursos fiscales y alimentando la carrera nominal de los precios.

Los números de la emergencia jubilatoria

Hablando en números, la urgencia de Guzmán por incluir cambios en la indexación jubilatoria tiene un fundamento: hoy en día, el gasto previsional equivale al 60% del gasto público total. Este año se llevará la friolera de $1,7 billones.

Sin cambios en la fórmula, esa erogación crecería alrededor entre 50% y 55% este año por culpa del arrastre de la inflación pasada. El diagnóstico del ministro fue que había que cortar esa inercia.

En palabras del economista Pablo Goldín: "Reencaminar la locomotora". "Si el gasto previsional se expandiera al 55%, eso obligaría a imponer un impuestazo inviable", argumenta el director de la consultora MacroView.

De hecho, las opiniones de los economistas han ido en un sentido casi unánime, más allá de cual fuera su postura política: con la vigencia de la actual fórmula indexatoria, la situación fiscal se transformaba en una bomba de tiempo.

La economista Marina Dal Poggetto calculó, en un reporte de reciente aparición, que esa indexación de las jubilaciones y pensiones le sumaría al menos 0,5% de déficit fiscal a las previsiones del próximo año.

"Está claro que el Gobierno no quiere agrandar el agujero fiscal. Que al menos piensa en que debería ser al que tendremos este año, lo cual sería un éxito", agrega Goldín.

Dal Poggetto es contundente al hacer su diagnóstico, que es similar al que tomó Guzmán: "La combinación de indexación plena seis meses para atrás, sin topes y una recaudación que crece bien por debajo de la fórmula de indexación se torna inviable con cualquier intento de estabilización que requiere ajustar precios mirando hacia adelante y no hacia atrás", asevera.

En el mismo sentido se expresó el economista Emmanuel Álvarez Agis: "Si esta fórmula (de indexación jubilatoria) siguiera vigente, nuestras estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos", escribió el economista desde su consultora PxQ.

Para tener idea del peso de las diferentes escalas en el gasto previsional, hay que saber lo siguiente: en la actualidad, seis de cada diez jubilaciones y pensiones cobran la "mínima", que apenas sobrepasa los $14.000.

 

Un dato adicional que sirve para tomar dimensión del "problema": En la última década, el gasto previsional más que duplicó el gasto público total, pasando de 5% del PBI en 2006 a 11% en 2018. Hay que aclarar que gran parte de esa expansión se debió a la universalización del derecho a la jubilación tomada durante el kirchnerismo.

De todas maneras, habrá que esperar para conocer el impacto de esta decisión en las cuentas públicas. Los economistas profesionales evalúan que el resultado final de todo el combo dependerá también de si el Gobierno logra que "se prenda la economía". Esto es, que la actividad vuelva a ser positiva. Y eso, hoy por hoy, no luce nada claro, ya que depende de la interacción de un set de medidas complementarias una con la otra.

Entre las iniciativas que aumentan los ingresos -como los impuestos al consumo dolarizado, Bienes Personales y las retenciones-, y aquellas que miden los gastos, como las jubilaciones, el nivel de obra pública, la relación con las provincias o los subsidios, en medio de un congelamiento tarifario.

Advertencias añejas

Está claro que el peligro inflacionario que conlleva el sistema previsional no es un problema nuevo. De hecho, todos los gobiernos han enfrentado alguna crisis al respecto. Las últimas advertencias habían sido hechas en 2016, cuando junto con el blanqueo de capitales se aprobó la "reparación histórica" según la cual se les reconocía a los jubilados los aumentos pendientes que habían sido reconocidos por la justicia.

En aquel momento, muchos economistas habían advertido lo que podría llegar a ocurrir. Por caso, un informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santangelo –el socio de Carlos Melconian- hacía una descripción lapidaria al respecto: la Argentina se encaminaba a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones, medidas en términos de PBI.

Pronosticaba que podría llegar a gastar hasta 13 puntos del PBI, mientras que que sólo países altamente desarrollados –con acceso a financiamiento barato- y con tradición de un fuerte Estado de bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos: Francia, con 12,2 puntos, lidera la tabla, seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%.

Según ese informe, la tasa cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables con la Argentina, como los europeos de la zona este o como los vecinos del Mercosur.

De hecho, esas advertencias fueron las que en diciembre de 2017 habían sido tomadas en cuenta para la nueva fórmula indexatoria, aquella que generó graves incidentes frente al Congreso. La fórmula implicaba un ajuste por inflación pasada y por la evolución salarial. Como en aquel momento se preveía que la economía entraría en una fase de crecimiento y que la inflación seguiría cayendo, entonces el sentido de la fórmula era que la masa jubilatoria cayera en términos relativos frente a la recaudación fiscal.

La realidad demostró con creces que las premisas fueron equivocadas. Ocurrió lo contrario, la economía -y por consiguiente la recaudación- cayó mientras la inflación -y por consiguiente el gasto jubilatorio- fue en alza. Irónicamente, los que más se opusieron a aquella fórmula argumentando que perjudicaba a los jubilados son los que ahora la dejan sin efecto argumentando que resulta infinanciable.