El Gobierno recibirá hoy a los sindicatos para interiorizarlos del nuevo esquema de subas por decreto de los ingresos mínimos. Se trata del mecanismo de emergencia que busca implementar Alberto Fernández para elevar las escalas más bajas de los salarios en el sector privado previo al inicio de las paritarias. Esa facultad que tendrá el Ejecutivo está en el proyecto de ley que hoy se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados, pero antes de su aprobación y el lanzamiento del consejo económico y social las autoridades buscan el apoyo pleno de la dirigencia sindical.Según pudo saber iProfesional, el encuentro que se buscó mantener en secreto será a las 18 en Casa de Gobierno y estará encabezado por el influyente secretario de Asuntos estratégicos Gustavo Béliz, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo Claudio Moroni y algún representante del área económica que podría ser el titular de Producción Matías Kulfas, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca o alguien de Economía. El equipo recibió el martes a empresarios de la UIA y la CAC para pedirles su apoyo y trasmitirles su preocupación por mostrar disciplina fiscal a los mercados para renegociar la deuda.

En el cara a cara de hoy, será el turno de una comitiva de la CGT liderada por el cotitular Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (Construcción), junto con los sindicalsitas duros Hugo Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo (Bancarios), así como Hugo Yasky (CTA de los Argentinos) y Hugo Godoy (CTA Autónoma). La expectativa de los invitados es conocer las implicancias del artículo 54 del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Económica que faculta al Ejecutivo para "disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos". Por estas horas, la idea del Gobierno es replicar un modelo similar al de las jubilaciones, con sumas fijas no remunerativas que funcionarán aparentemente como un "piso" para las paritarias. El Estado intervendría así en el marco de la emergencia para "atender e impulsar inmediatamente los salarios de aquellos que han quedado postergados", según explicó ayer Moroni en su visita a las comisiones de Diputados. El ministro aseguró que los incrementos serán "a cuenta" de las paritarias, despejando las versiones sobre una eventual suspensión de la negociación colectiva.

Si bien faltan ultimar detalles, la consigna es reactivar el consumo y la economía mediante una mejora de los ingresos más golpeados. A su vez, el Estado eximirá los incrementos del pago de aportes y contribuciones según zona y la situación de crisis de las empresas. Aunque las centrales obreras se mantienen en silencio, la mayoría de los dirigentes apoya los cambios. "Estoy totalmente de acuerdo, es la única forma de reactivar el consumo interno y las paritarias las vamos a discutir nosotros", dijo a iProfesional el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. Aún así todavía hay dudas sobre qué ocurrirá con el resto de las escalas, los regímenes particulares (estatales, trabajadores rurales y personal doméstico) y cuál será el rol específico de las paritarias post decreto. Moroni reveló ayer que la prioridad serán los asalariados "perdedores" que no pudieron ganarle a la inflación frente a los que pudieron mantener sus ingresos en sectores con rentabilidad. Los más afectados en ese sentido fueron los trabajadores informales y los precarizados registrados, pero también los textiles, metalúrgicos, empleados de comercio, los maestros y los empleados públicos.

En una nueva señal, el Gobierno convocó ayer a los docentes al consejo federal educativo, luego de confirmar el llamado sin fecha a la paritaria nacional docente que había sido suspendida durante la gestión de Macri y reemplazada por ajustes automáticos. "La paritaria no es contradictoria con aumentos de los pisos mínimos, compartimos el criterio, así como entre los jubilados que menos ganan y más ganan hay una relación de 1 a 10, durante ultimos años se benefició a los que más ganan en desmedro de los que menos ganan", explicó Yasky a este medio.

El criterio de "redistribuir" entre los asalariados inspiró también el anuncio de un bono de $5.000 para antes de fin de año y enero destinado a cuatro millones que perciben el haber mínimo, de $14.068 y los tramos siguientes hasta llegar a $19.068, mientras que unos cinco millones titulares de AUH recibirán un bono de $2.000. El resto de los adultores mayores, en cambio, quedará excluido de la recomposición extraordinaria, al igual que aquellos que perciben una jubilación junto con una pensión, según confirmó ayer por la tarde la ANSES. Ese sector es visto como uno de los "beneficiados", pese a que en muchos casos están por debajo de la canasta del jubilado, de casi $38.000.En ese escenario, la reunión con el sindicalismo también apunta a cerrar filas y neutralizar a los sectores que muestran recelo frente al nuevo esquema salarial, temorosos de que se traslade allí también un "tope" similar al de las jubilaciones superiores a la mínima. "Desconocemos la letra chica, están buscando alguna herramienta para garantizar la gobernabilidad", dijo anoche a este medio el líder de un sindicato poderoso de la industria, que se mostró desconfiando de la celeridad del Ejecutivo en avanzar con un megapaquete de leyes en cuatro días después de un año de parálisis en el Congreso.

En Trabajo aseguraban anoche que las paritarias seguirán su curso habitual sin modificar el calendario ni la dinámica de negociación colectiva. Eso sí, las audiencias para reabrir las negociaciones salariales previstas para diciembre y principios de enero todavía no fueron convocadas y ya resurgen señales de conflictividad. El gremio lechero Atilra inició desde las 0 horas de hoy un paro hasta el viernes a las 24 para exigir la reapertura de su paritaria, mientras que el sindicato bancario convocó protestas de tres horas el lunes y jueves próximo para evitar el cierre de sucursales en el HSBC. Moyano, por otra parte, no descarta salir a la calle para exigir el bono de $20.000 a la cámara Fadeeac.