La estrategia del Gobierno para reactivar la economía y "redistribuir" el ingreso enfrenta por estas horas un test clave: la aprobación de Hugo Moyano.

Sucede que el inminente decreto para fijar un aumento salarial de entre $5.000 y $9.000 no entusiasma a los gremios con salarios más elevados, como es el caso de los camioneros. En el entorno del extitular de la CGT temen que la suma fija de caracter remunerativo impacte negativamente en las escalas y termine funcionando como una suerte de "cepo" a las paritarias, condicionando la capacidad de negociación de los sindicatos.

El líder sindical le hizo llegar su preocupación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la reunión que mantuvieron este martes antes de Año Nuevo en la Federación Nacional de Choferes de Camiones. Junto a sus hijos Pablo y Hugo Moyano, Omar "Manguera" Pérez y otros miembros del secretariado, el dirigente pidió que "las paritarias sean libres y que los empresarios, que durante cuatro años tuvieron el amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios y que de una vez por todas entiendan que los trabajadores son la verdadera riqueza del país".

También reiteró su rechazo a cualquier intento de reforma laboral.

El temor a un nuevo "techo"

La idea del Gobierno es recomponer los salarios de los convenios más castigados por la inflación mediante la fijación de un monto mínimo. Por ejemplo, si este fuera de $6.000 mensuales, la suba sería de entre el 30% y 24% en actividades con salarios de entre $20.000 y $25.000, respectivamente. Estos incrementos serían absorbidos luego por las paritarias del 2020, mientras que las correspondientes al 2019 seguirían su curso hasta completar el acuerdo vigente.

"Lo que buscamos es recomponer el salario de los que peor están. La suma fija nos ayuda a compensar esas inequidades con una inflación de casi 55 puntos", explicó ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una conferencia.

Pero en el entorno de Moyano desconfían del nuevo esquema salarial. En primer lugar, temen que el incremento por decreto se convierta en un techo antes que en un piso y que finalmente postergue el inicio de las negociaciones. "Te ponen dos sumas fijas, te dicen que es el aumento que hay a cuenta de las paritrias y te marcan la cancha, ¿después como abrís paritarias?", se preguntan cerca del camionero.

La otra queja apunta al "achatamiento" que provocará el monto fijo sobre los salarios de la actividad que parten de $45.000 y en larga distancia desde los $60.000. Aunque en su caso la suma podría llegar hasta los $18.000, aseguran que esas cifras "no representan nada para los camioneros".

En medio de estas tensiones, los movimientos del sindicalista son seguidos de cerca por el Gobierno. En Casa Rosada saben que las pretensiones salariales de Moyano funcionan como una suerte de "faro" y que el gremio representa, además, a los sectores más duros del sindicalismo, enfrentados al ala dialoguista al frente de la CGT. Cerca de Cristina Kirchner también recuerdan el rol protagónico que adquirió el camionero en la protesta callejera, tras romper con la expresidenta en 2010.

Sin ánimos de replicar esa experiencia por ahora, Moyano elevó un pedido de aumento del 33% para el primer semestre, luego de obtener un bono de $20.000 en varios sectores de la actividad, salvo por la Federación del Autotransporte de Carga (Fadeeac) que lo rechazó. Ese reclamo, que anualizado equivale a más de un 60% de incremento, representa un desafío serio para los planes de Alberto Fernández de "desindexar" la economía.

En vistas del reto planteado, el Presidente no se quedó atrás y salió a marcar la cancha ayer al pedir a los gremios que "no hagan pedidos desmedidos". El cotitular de la CGT, Carlos acuña, había reclamado antes "aumentos por encima de la inflación". De inmediato, el mensaje de Fernández cosechó elogios entre los empresarios del Grupo de los Seis, en donde destacaron los problemas que todavía atraviesa la economía, en particular la falta de reactivación y las altas tasas de interés.

"No hay plata para pagar pedidos desmedidos, valoramos mucho lo expresado", dijo a iProfesional el titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.

Baradel, bajo la lupa

Las miradas están puestas ahora en los docentes, un sector que figura entre los más atrasados en materia salarial y que está primero en la ronda inicial de paritarias en camino. Los principales gremios educativos mantienen una buena relación con el Gobierno a través del titular del sindicato de educadores bonaerenses (Suteba), Roberto Baradel, y el de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

El maestro de la central alternativa había sido uno de los promotores de un congelamiento salarial a cambio de una recomposición inicial de los ingresos, una propuesta que finalmente no prosperó. Ahora, sin embargo, la suma fija genera incertidumbre en el sindicalismo, en donde no descartan la posibilidad de que las medidas de emergencia terminen por encorsetar las negociaciones.

"El aumento por decreto es inyectar plata en el mercado para reactivar Pymes que venden al mercado interno, pero tambien puede ser un parámetro para la negociacion", dijo a este medio el líder de los aceiteros, Daniel Yofra. "No son muy claros sobre si las paritarias son libres", agregó.

El gremio viene de obtener esta semana un bono récord de casi $52.000 para los trabajadores de la industria y es uno de los pocos, junto a los bancarios, que en los últimos cuatro años logró ganarle a la inflación. El resto de las entidades quedaron todas por detrás. Los datos difundidos ayer por el INDEC muestran que en octubre los salarios del sector registrado e informal aumentaron 42% interanual, por debajo de una suba del 50% en los precios, lo que representa una pérdida del 6% de su poder adquisitivo.

Los pedidos de moderación salarial parecen ir en línea con las últimas medidas anunciadas para los jubilados, que fijaron un aumento en los haberes mínimos hasta un tope de $19.068 en perjuicio de las categorías superiores a ese valor. El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de que los propios asalariados hicieran el "esfuerzo" para ayudar a los de menores ingresos en un marco de restricciones fiscales y la intención de las autoridades de cuidar los recursos para poder pagar la deuda externa.

Los funcionarios saben que el plan de reactivación depende de un repunte de la demanda, pero también de la inversión privada. El sistema de emergencia prevé además un control férreo de las principales variables de la economía. Esto es el dólar, las tasas, las tarifas, los precios (aunque ayer se anuló la eliminación del IVA a la canasta básica) y los salarios. Ahí es donde las señales de resistencia expresadas por el camionero podrían entrar en cortocircuito con la expectativa oficial de lograr la "consistencia" macroeconómica.