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Pujas por la "letra chica" del bono salarial: ya hay advertencias por un efecto de achatamiento en la pirámide salarial

Pujas por la "letra chica" del bono salarial: ya hay advertencias por un efecto de achatamiento en la pirámide salarial

Pujas por la "letra chica" del bono salarial: ya hay advertencias por un efecto de achatamiento en la pirámide salarial
Los empresarios quieren que el pago sea "no remunerativo", de manera de aliviar el costo de carga social, pero el pedido choca con las necesidades fiscales
Por Juan Manuel Barca
02.01.2020 06.18hs Economía

El Gobierno ultima los detalles del decreto que fijará un aumento de emergencia para recomponer los salarios de los sectores más golpeados por la inflación. La idea de las autoridades es que sea una suma fija remunerativa, pero las diferencias sobre la letra chica entre empresarios y sindicalistas demoró la ejecución de la medida que en un principio estaba prevista para diciembre y que ahora podría extenderse hasta la semana próxima.

"Aún no hay nada definido. Se está evaluando, la intención es que sea remunerativo pero tanto la forma como el modo y el monto de lo que se va a entregar en el aumento se está evaluando", dijo a iProfesional una fuente del Gobierno.

"Los sindicatos y las cámaras empresarias hicieron propuestas y tienen cada uno su postura. Se está evaluando para que después salga lo que va a ser el monto mínimo por decreto", agregó.

Sobre lo que sí hay consenso es que la suma será a cuenta de futuros aumentos y alcanzará a todo el sector privado. Esto es un punto importante porque en las centrales sindicales persistía la duda si la medida iba a ser focalizada en ciertas actividades o, por el contrario, iba a extenderse a toda la economía formal. Luego, el plan es replicar el esquema en la administración pública, uno de los rubros con ingresos más atrasados respecto de la inflación.

La falta de definiciones generó malestar en algunos sectores sindicales donde esperan poder avanzar con sus paritarias una vez definida la suma fija. "Nuestra expectativa era que el decreto saliera en diciembre pero evidentemente alguien lo sigue demorando", disparó un dirigente sindical que participó el viernes de la reunión en Casa de Gobierno, en donde empresarios, sindicalistas y líderes sociales firmaron una carta en apoyo a la política económica.

Uno de los puntos del anuncio que todavía no está resuelto es el monto mínimo que deberán pagar las empresas. En los últimos días, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, habló sobre la posibilidad de una suma de entre $6.000 y $9.000. Pero el sector empresario busca que sea lo menor posible. Por caso, en la UIA advierten que hay actividades que todavía están pagando en cuotas el bono de $5.000 establecido por Mauricio Macri y otras que no podrían pagar el nuevo retoque.

El carácter del incremento es otra de las cuestiones en discusión. La Cámara de Comercio y la UIA insisten en que la suba de emergencia sea no remunerativa, de manera de reducir las cargas sociales. Así se lo trasmitieron al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, semanas atrás. "Le pedimos que por la situación difícil que está pasando el sector la suma se convierta en salario cuando firmemos las paritarias", dijo a este medio el secretario de la CAC, Mario Grinman. Una solicitud que choca con la intención oficial de cuidar la caja fiscal.

En la reunión del lunes de la semana pasada, las autoridades les habían asegurado a los empresarios que el pago se efectivizará en enero, febrero y marzo, en tres cuotas iguales. Ese estiramiento le permitiría a los privados alivianar la carga salarial e impositiva. Ahora, esa premisa también está en duda ya que se evalúa la alternativa de liquidarlo en una o dos cuotas, como ocurrió con los jubilados que a partir del viernes pasado empezaron a cobrar el primero de los dos tramos del bono de $5.000 previsto para diciembre y enero.

La forma en que se definan estos detalles determinarán el impacto que tendrá el aumento sobre los salarios en cada actividad. Por ejemplo, de aplicarse la suma en dos tramos de $3.000, un obrero textil que recién se inicia con un sueldo de $24.000 tendrá una suba del 12% en enero y febrero, mientras que un empleado de comercio sin antigüedad y con una remuneración del orden de los $32.000 recibirá un incremento del 9%.

Lo que está claro es que los sindicatos buscan que la mejora sobre sobre las remuneraciones se sienta cuanto antes. "El aumento salarial es una política que va a servir para levantar los salarios más deprimidos y después con las paritarias que cada gremio se reacomode", dijo Yasky a este medio. El Gobierno, a su vez, está preocupado por reactivar la economía y frenar la recesión que continuará en 2020, según las proyecciones de las consultoras.

El plan económico apunta a motorizar la demanda interna mediante un shock en los sectores de ingresos bajos con menor capacidad de ahorro y más propensión al consumo. La idea es que las medidas tengan efecto antes de finalizar el período de emergencia en el que Alberto Fernández podrá disponer de facultades extraordinarias, entre ellas la de fijar aumentos por decreto y reducir contribuciones patronales.

Paritarias en stand by

Mientras tanto, la demora en el aumento de emergencia tuvo efectos en algunas actividades. En el rubro mercantil provocó una suspensión virtual de la paritaria que alcanza a 1,2 millones de empleados. El titular del sindicato de comercio, Armando Cavalieri, pidió a principios de diciembre un aumento del 22,2% retroactivo al 1° de diciembre, en el marco de la revisión prevista para enero luego de acordar un 30% de incremento en mayo. Pero aún no tuvo respuesta.

Sucede que los empresarios decidieron aguardar hasta la publicación del decreto. Si bien desde la cartera de Moroni se encargaron de precisar que el monto solo fija un "piso mínimo" y que no anula las paritarias, las cámaras privadas prefirieron esperar a conocer cuánto representará en términos de porcentaje el aumento salarial ordenado el Ejecutivo para luego recién discutir sobre esa base la suba a negociar en el marco de la renovación de los acuerdos salariales.

Ese no es el único inconveniente. Tanto la dirigencia sindical como los ejecutivos reconocen por lo bajo que la medida oficial tendrá efectos colaterales similares a los del bono para los jubilados por el "achatamiento" de las escalas.

Como se trata de una suma fija, los salarios más altos dentro de una misma actividad reciben proporcionalmente un incremento menor. Eso siempre y cuando no haya paritarias ya que una vez que se retome la negociación, esa situación quedaría saldada.

En las últimas semanas hubo movimientos. El gremio aceitero dio el batacazo el lunes al acordar un super bono de $52.000 que se pagará en dos tramos, en enero y febrero. Camioneros, en tanto, logró un bono de $20.000 la semana previa con algunas de las cámaras de la actividad y reclamó un aumento del 35% para la primera mitad del 2020, metiéndole presión a la discusión salarial.

Los bancarios aguardan los datos del INDEC sobre inflación para avanzar en su pedido de una suma "puente" hasta marzo y los maestros bonaerenses ya se reunieron con la Provincia para intentar mantener la cláusula gatillo.

Por estas horas, el principal desafío del Gobierno es el de coordinar precios y salarios de cara a los próximos meses. La firma del acta de compromiso el viernes pasado fue el paso previo para el lanzamiento del Consejo Económico y Social. El próximo será el envío del proyecto de ley al Congreso. Pero todavía no está claro cuál será la política oficial en materia salarial. Pese al decreto que preparan las autoridades, Ecolatina prevé que el ingreso promedio recién podrá ganarle a la inflación hacia fines del 2020.

En efecto, los salarios promedio de convenio recién registraron una mejora real en octubre del 1,2% interanual, según el último reporte de trabajo registrado del Ministerio de Trabajo. Ahora, el resultado acumulado fue negativo. Salvo bancarios y aceiteros, todos los sindicatos perdieron la carrera contra los precios en los últimos cuatro años. Estatales, prensa y textiles fueron los más afectados, con caídas del 35%, 35,9% y 38,7%, en cada caso, según un relevamiento del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma.

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