Los efectos del "día 181" -como se suele denominar en los ambientes político y empresarial a los posibles ajustes bruscos que ocurran cuando concluyan algunas de las medidas decididas por el presidente Alberto Fernández en el marco de la emergencia económica- ya inquietan a muchos, tanto dentro como fuera del Gobierno.

Y, ante el temor de posibles "terremotos" sectoriales, ya se evalúan medidas para atenuar el regreso a la "normalidad".

Una ventaja es que, a esta altura, hay experiencia histórica sobre este efecto, de manera que los antecedentes sirven para anticipar dónde pueden estar los problemas más graves.

Concretamente, se ven riesgos a la hora de desarmar el "congelamiento" de los precios de los servicios públicos, la duplicación de los costos indemnizatorios para los despidos sin causa y la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria como una forma de buscar estabilidad en las variables económicas y bajar la inflación.

Alberto Fernández abrió la etapa de estabilización de la economía en base a una táctica de congelamiento por cuatro o seis meses de variables mientras consolida el ajuste fiscal sustentado en la suspensión de la cláusula de indexación de las jubilaciones y el aumento de impuestos.

Todas esas medidas se tomaron por un tiempo determinado, ya que en ese período, la administración nacional se comprometió a analizar los distintos problemas y a evaluar soluciones particulares dentro de un contexto de crisis global en el país.

Pero, de acuerdo con los especialistas, el problema se puede ir agrandando a medida que pase el tiempo si el incremento de precios no se desacelera y no hay definiciones concretas en el corto plazo.

A la quietud del dólar se agregó que la Ley de Emergencia facultó al Ejecutivo nacional a congelar las tarifas de gas natural domiciliario y electricidad por 180 días; además, tras la suba y baja de 5% del precio de las naftas de YPF, Alberto Fernández trató de demostrar su decisión de "anclar" algunas variables en un intento por combatir la inflación.

Por otro lado, se decidió el congelamiento por 120 días de las tarifas de colectivos, trenes y subtes que prestan servicio en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

De esta manera, los cuadros tarifarios establecidos para los servicios de transporte no sufrirán modificaciones hasta el día 30 de abril de 2020.

Además, invitó "a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir" a esta medida.

Desde el Gobierno tampoco pierden de vista que algunas medidas deberán contar con el visto bueno del Congreso, por lo que deberá abrirse un canal de diálogo con los sectores opositores. Por ese motivo, la salida se podría transformar en un verdadero "cuello de botella".

Posibles prórrogas

Los empresarios temen que se prorrogue el DNU que duplica la indemnización (que vence el 10 de junio) porque podría complicar sus planes de negocios, mientras que los sindicatos comienzan a advertir que se podría generar una ola de despidos, si la norma deja de regir de un día para otro de manera abrupta.

Una alternativa que piensan es que se podría implementar una salida paulatina como la que ocurrió con el decreto que había dictado en 2002 el entonces presidente Eduardo Duhalde. En aquella oportunidad, se bajó el incremento del 100% al 80% y se eliminó cuando el desempleo rompió el piso del 10%.

Como tantas otras medidas económicas, la doble indemnización fue sancionada con carácter transitorio y se volvió eterna. La medida tomada por 180 días tuvo vigencia durante cinco años y medio. La eliminación recién llegó el 17 de agosto de 2007.

Por otro lado, los gremios temen que en el corto plazo se dicte un nuevo decreto que ordene aumentos salariales para el sector privado y que se pospongan las negociaciones paritarias, que el Gobierno les había prometido que iban a ser libres y sin anclas.

Otro problema que deberá resolverse en el corto plazo, de acuerdo a la mencionada Ley de Emergencia, es el índice por el cual se actualizan los préstamos hipotecarios otorgados en UVA. En la actualidad, se rigen por la inflación, pero el Gobierno, a través del Banco Central, busca un nuevo índice. Mientras tanto, la entidad mantuvo en enero el congelamiento de la cuota que comenzó en agosto del año pasado. Se podría extender algunos meses más hasta definir un nuevo sistema pero la idea del mandatario nacional es terminar con esa incertidumbre en el corto plazo.

Por lo pronto, el Banco Central le pidió informes a las entidades prestamistas para que informen la cantidad de deudores, los montos en juego y la morosidad, entre otros detalles, a los fines de encarar una nueva política.

La movilidad jubilatoria

La nueva fórmula está en el centro de la preocupaciones gubernamentales. Y se corre el riesgo de que siempre haya descontentos: si el nuevo método de indexación achata demasiado la pirámide de ingresos, habrá protestas de los jubilados de mayores haberes -y eventualmente acciones legales- mientras que si los ajustes son benévolos, el sector financiero perderá la confianza en la vocación del Gobierno por el ajuste fiscal.

El economista Emmanuel Álvarez Agis, quien integró los equipos de Alberto Fernández hasta poco antes de su asunción, señaló que si la fórmula de indexación jubilatoria siguiera vigente, "el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos". Es decir, gran parte del éxito del programa económico consiste en encontrar un índice sustentable para las arcas estatales, mientras dure la emergencia de 180 días dispuesta por la denomida "Ley de Solidaridad".

El abogado previsionalista Adrián Tróccoli remarca que esa ley "no suspende la movilidad", sino que deja el dictado del índice de movilidad en manos del presidente. En ese sentido, se generó la incertidumbre sobre si es posible una nueva avalancha de reclamos y amparos en los tribunales para reclamar diferencia de haberes.

Desde su punto de vista, el problema está en el día 181. "Si en julio no se establece un mecanismo que recupere lo que hubieran perdido los jubilados entonces tendremos un problema, porque la emergencia por definición no puede ser eterna", explica.

"Iniciar un juicio al día de hoy, por esta ley de emergencia, no tiene sentido. Si en el futuro inmediato se afecta la integralidad del haber, la igualdad ante la ley, dando una movilidad distinta lamentablemente deberemos volver a tribunales. Esperemos que no suceda", enfatiza.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en caso de que el Congreso no dicte la nueva ley de movilidad, la norma suspendida recobra su vigencia y allí puede desatarse una nueva batalla judicial. Hay que tener en cuenta que los tribunales previsionales están colapsados. No solo por la cantidad de reclamos que se realizan para reclamar reajustes o diferencias en los haberes sino también por la demora en la ANSES en pagar las sentencias a favor de los jubilados, lo que generan nuevos juicios, en este caso, para solicitar una pronta liquidación.

La clave de estos congelamientos y suspensiones (o encarecimiento) de los despidos no está en cómo dictar esas medidas sino en cómo darles un fin sin que generen un fuerte impacto negativo en la economía de los sectores involucrados.

Pero todo este plan depende de si el Gobierno puede llegar a negociar una prórroga de la deuda con los acreedores extranjeros y luego cumplir con los compromisos.