La profundización de la crisis por el coronavirus -expuesta por el colapso de los activos financieros en el "lunes negro"- puso a la economía argentina en su justo término: el modo resignación.

Esto consiste en asumir que, hoy en día, el país tiene muy poco margen para realizar política económica. Y que, dado el contexto, se ve obligado a dejar de lado las típicas herramientas de las que disponen los gobiernos para asimilar los shocks externos.

Quedó a la vista durante el traumático inicio de la semana: ni devaluación ni políticas fiscales expansivas para amortiguar la explosión de la crisis.

A diferencia de los demás países de la región, que dejaron desvalorizar sus monedas para acoplarse al nuevo equilibrio de fuerzas financieras, la Argentina se mantuvo al margen. No porque se encuentre en una zona acomodada -más bien, todo lo contrario- sino porque el Gobierno percibe que está atado de pies y manos para pelearle a la inflación.

Una devaluación como la ocurrida en Brasil, México y Colombia -del 2,3%; 5,0%; y 6,4%, respectivamente- implicaría un traslado inmediato a los precios, justo en momentos en que Alberto Fernández les reclama a los fabricantes de alimentos y a los supermercados que se olviden de las remarcaciones.

¿Alguien imagina que habría un cuadro distinto si el dólar, en vez de valer $64 pasara a $67 en una sola jornada? La experiencia reciente demuestra que el ejercicio del "pass through" funciona de inmediato. A diferencia de lo que sucede en los otros países de la región.

El Banco Central ya dio una pista sobre cómo reaccionará ante esta disyuntiva: aun con plena vigencia del cepo cambiario, salió el lunes a vender divisas como para aplacar cualquier atisbo de nerviosismo en el mercado. Toda una señal en el sentido de que prefiere correr el riesgo de acentuar un perfil de retraso cambiario antes que perder una de las pocas conquistas: la estabilidad del dólar que ayuda en su función de "ancla" inflacionaria.

La pregunta obvia e inmediata que cabe en este escenario refiere a si el Banco Central tiene chances de insistir con esta estrategia en caso de que la crisis se prolongue. Y la respuesta lineal es que no. Que el país ya tiene una larga experiencia sobre inconsistencias cambiarias.

De por sí, el cuadro ya es complicado: en Brasil -nuestro socio principal- el dólar acumula una suba del 18,5% desde el 1º de enero (¡tan sólo 70 días!). Colombia, México y Chile no se quedan demasiado atrás de esa magnitud, con desvalorizaciones superiores al 11 por ciento.

Sin margen para el incentivo fiscal

Argentina no puede acompañar la ola. Y tampoco puede aplicar una política fiscal expansiva, como seguramente necesitaría para ser anticíclico e intentar morigerar el parate de la actividad.

Como publicó iProfesional, el Banco Central ya preveía un costo equivalente a medio punto del Producto Bruto -unos u$s2.000 millones- por culpa de la crisis del coronavirus. Un escenario que, después del "lunes negro", seguramente ha quedado desactualizado.

En la anterior crisis global, en 2008 y 2009, Cristina Kirchner había puesto en práctica distintas medidas que implicaron un costo fiscal: créditos subsidiados (de la ANSES), pagos parciales de salarios por parte del Estado (Repro) o líneas para empresas, con el objetivo de que no despidan (préstamo a la General Motors).

Claro, era un contexto muy diferente: en aquel entonces el Gobierno se había hecho con una caja millonaria, proveniente de la reestatización de los fondos jubilatorios que manejaban las AFJP. Y eso permitía usar los recursos con un criterio "keynesiano" de incentivo a la producción con un timing contracíclico.

Pero ahora, en una economía que atraviesa su segundo año consecutivo de recesión y que ya lleva varios años impregnada por la chatura, el efecto del coronavirus y el colapso de los mercados financieros no hacen más que agravar las cosas.

¿Puede hacer algo el Gobierno, más que caer en la resignación y observar? ¿Puede confiar en que el aislamiento financiero por la clausura (previa) de los mercados de crédito y el súper cepo harán el trabajo de mantener a la Argentina fuera de los golpes?

Para nada. Todo lo contrario. Lo que el mercado, las empresas y los inversores esperan es que los funcionarios, ahora más que nunca, se muestren muy ágiles frente a la adversidad.

Dadas las restricciones expuestas más arriba, esa rapidez debe encararse, en primer lugar, con el tema de la deuda. Así, se hace necesario que Martín Guzmán aporte una solución definitiva y evitar el default.

A favor del ministro, se sabe, juegan los precios de los bonos argentinos, que se mantienen en un escalón abajo, lo que es propicio para realizar una oferta a los acreedores que sea sustentable para el país.

Al cierre del lunes, los papeles de la deuda valían, en promedio, 39 dólares. ¿Significa eso que el ministro podría ofrecer una quita cercana al 60%? A no ilusionarse. Si, en medio de semejante volatilidad, los grandes fondos de inversión de Wall Street reciben una oferta parecida, es muy probable que la desechen.

Es posible que esos fondos de inversiones ya asuman una pérdida de entre 45% y 50% de los bonos argentinos. Guzmán bien podría aprovechar la coyuntura para plantearles esa quita y "cerrar acá".

Apurar la transacción para darle un corte al problema de la deuda resulta clave para pasar a la próxima fase.

La debacle financiera -cuyo corolario se desconoce- obliga al Gobierno a ser cauto (y consistente) para impedir que la economía salga todavía más fracturada por los efectos de un eventual default.