La decisión del Gobierno nacional de prohibir a las empresas de servicios disponer cortes de servicios "en casos de mora o falta de pago" a usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, como forma de mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, ya es oficial.

Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia 311/2020, que abarca a los servicios de electricidad, gas por redes, agua corriente, telefonía fija y móvil, internet y TV por cable.

De acuerdo con lo establecido por la norma, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: y de los ministros del Gabinete, la vigencia de esta medida será de 180 días corridos.

A quién alcanza esta medida

Los alcances del decreto serán de aplicación respecto de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

También contempla a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Además están contemplados los usuarios que perciben seguro de desempleo; electrodependientes, beneficiarios de la Ley N°27.351, usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (26.844); y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

En cuanto a los usuarios no residenciales, la medida es de aplicación respecto de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES).

También las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

El impacto de este DNU

Según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO), que realiza el INDEC para conocer el consumo de bienes y servicios que realizan los hogares en el país (último informe de noviembre de 2019), en el caso de los gastos en "Vivienda, agua,electricidad, gas y otros combustibles" representan el 14,5% del gasto de los hogares.

Se excluye en esta participación a "Alquiler", que representa el 5% para poder estimar aproximadamente el "peso" de los servicios públicos incluidos en el DNU.

Entonces ell total llega al 9,5% de gasto en los hogares. Y en el caso de los gastos en "Comunicación" (telefonía e internet) equivalen a 5,2%. Es decir, si consideramos también estos dos rubros la participación en el gasto de los hogares representa el 14,7% del total, según datos de PlanM.

Cuál sería el impacto del DNU si los 1.050.000 de monotributistas (categorías A, B y C) y los 3.000.000 asalariados con haberes de hasta 33.750 pesos alcanzados por el decreto postergaran el pago de las facturas de servicios públicos.

Respecto a los monotributistas, el monto aproximado del gasto de los servicios públicos -incluidos en el DNU- es de $2.558, $3.836 y $5.108 mensuales para los categoría A, B y C, respectivamente.Si se consideran el perìodo de 3 meses, acumularían una deuda en facturas de entre 7674 pesos y 15.324 pesos, entre la catogoría más baja y la más alta. 

A nivel agregado, la deuda acumularía unos 3.255 millones de pesos mensuales.Y si consideramos 3 periodos de falta de pago ascendería a 9.765 millones de pesos.

En el caso de los 3.000.000 asalariados que están incluidos en el DNU por un haber menor a 33.750 pesos, el gasto en servicios públicos es en promedio 4.890 pesos por mes tomando la encuesta de gasto en hogares.

En el agregado de los asalariados implicaría un monto mensual de unos 14.670 millones de pesos.Por último, en el caso de jubilados y pensionados, el universo que cobran menos de 33.750 pesos mensuales son cerca de 6 millones de personas (5.999.001).

De esos hay 4.389.000 que cobran hasta un haber mínimo $15.891. Existen 861.400 jubilados cobran entre un haber mínimo y 19.064 pesos. Y un tercer grupo de 748.000 jubilados que cobran hasta 2 salarios mínimos vital y movil ( tope del DNU).

En el caso de los mayores de 65 años, según el INDEC, el gasto de "Vivienda, agua,electricidad, gas y otros combustibles" es mayor al promedio de los hogares. Equivale al 17,3% del gasto del hogar. Si excluimos el gasto en "servicios de alquiler" (5%), el peso de esos servicios en el gasto de los hogares es de 12,3%. Mientras que los gastos en "Comunicación" ( teléfonia fija y móvil e internet) tiene una participación de 5,1% en el gasto. Entre ambos, suman un 17,4% del presupuesto de los jubilados (hogares unipersonales mayores de 65 años), según cálculos de PlanM.

Para los 4,39 millones de jubilados y pensionados que cobran menos de la mínima 15.891 pesos, el gasto de esos hogares en servicios públicos comprendidos en el DNU sería en promedio de 2.765 pesos por mes. Lo que suman 12.135 millones de pesos mensuales que los beneficiarios no desembolsarían a las empresas de servicios públicos en caso de no poder afrontar el pago.

En tanto, para los 1,6 millones de jubilados restantes, abarcados por la medida -hasta los 2 salarios mínimos vital y móvil-, el gasto global en servicios públicos equivale a 6.534 millones mensuales. Son 4.083 pesos por hogar promedio mensual (adulto mayor a 65 años).

En resumen, si sumamos el impacto en el bolsillo de no pagar las facturas de servicios públicos se monotributistas, asalariados, jubilados y pensionados suman 24.773 millones de pesos mensuales. Si lo extendemos a los 3 meses que puede estar con falta de pago los servicios sin corte del servicio, el cálculo total suma $74.319 millones.