Alberto resiste presiones para acelerar la normalización económica y asume el riesgo de una crisis más profunda

La nueva cuarentena implica que los sectores intensivos en mano de obra seguirán paralizados, mientras los indicadores económicos prenden luces amarillas
Por Fernando Gutiérrez
26/04/2020 - 00,31hs
Alberto resiste presiones para acelerar la normalización económica y asume el riesgo de una crisis más profunda

La fase 3 de la cuarentena implicará, según Alberto Fernández, que la mitad de los argentinos tendrán una flexibilización para la movilidad fuera de sus casas. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista económico, el margen de maniobra será mucho menor.

Las principales actividades continúan restringidas, excepto para el caso de aquellas ciudades de menos de medio millón de habitantes que, a su vez, estén en provincias de "luz verde" o baja incidencia de contagios y que, además, cumplan con los demás requisitos respecto del sistema sanitario.

Por ende, el problema del mega desempleo no sólo no se aliviará en la nueva fase, sino que continuará agravándose. Y el Presidente dejó en claro que mantiene la tesis que viene sosteniendo desde el inicio de la crisis: que siempre se puede volver de una recesión, pero no se vuelve de muertes masivas.

Lo graficó con su ejemplo de que es mejor siempre que una fábrica esté cerrada porque los empleados están en sus casas cumpliendo la cuarentena y no por estar enfermos.

Son argumentos irrefutables puestos en esos términos, pero que lo cierto es que ese "trade off" en el cual se acepta a la economía como necesaria variable de ajuste para preservar la salud se hace cada vez más difícil de sostener. Y ahí radicará el mayor desafío para el gobierno.

Alberto agradeció a los argentinos por lo que calificó como una actitud responsable y consciente respecto de cómo actuar ante la pandemia, y presentó, como suerte de premio ante esa conducta, el permiso de recreación por una hora diaria. Pero si hay algo que amenaza la cuarentena no es tanto el agobio del encierro y la rebeldía de señoras que se enfrentan a la policía sentadas en una reposera de una plaza, sino la desesperación de aquello que no pueden soportar el desplome de la actividad.

Todas las semanas se revisan las proyecciones económicas, siempre para peor. A esta altura, los economistas ya están proyectando una caída de 8% del PBI suponiendo que –como todo hace prever- la cuarentena siga por un período largo y la normalización en los principales núcleos productores del país sea muy lenta.

La ayuda no alcanza

Aparecen indicadores en el sentido de que ya no sólo son los informales o quienes se desempeñan en el comercio los afectados, sino que una vasta masa de clase media empieza a sentir la caída brusca de ingresos. Por caso, bancos de primera línea tuvieron un nivel de impago de más de 40% de los clientes con tarjeta de crédito a la fecha de los vencimientos.

En tanto, las góndolas empiezan a dar cuenta de problemas de desabastecimiento y se hace difícil contener los precios de alimentos y productos de limpieza, lo cual derivó en un conflicto entre supermercados y fabricantes.

A esta altura, ya la mayoría de los empresarios dan por sentado la imposibilidad de respetar los topes de precios que se había negociado al inicio de la cuarentena, como quedó evidenciado en las comunicaciones de las cámaras sectoriales durante la semana.

La insuficiencia de la ayuda económica se ha hecho evidente prácticamente desde que dio inicio la cuarentena. El bono de ingreso extraordinario para los trabajadores informales, que originalmente había sido pensado para 3,6 millones de personas, recibió casi 12 millones de solicitudes, por lo que, una vez hechas las revisiones, el monto gastado terminó siendo el doble del previsto.

Y aun así, enseguida se reveló que la cobertura dejaba fuera a un universo de trabajadores de ingresos medios, lo cual obligó al decreto que incluye dos millones de autónomos y monotributistas en el programa de crédito a tasa cero.

También se quedó corto el plan de asistencia a las empresas que no pueden pagar los salarios –el que estableció el subsidio de 50% hasta un tope de dos salarios mínimos-, dado que el primer reporte oficial dejaba fuera más de la mitad de las 426.000 empresas que habían reportado problemas por caída de la actividad. Hasta el viernes, se había autorizado el pago a 1,6 millón de trabajadores de 160.000 empresas.

El Gobierno destacó que esto implica un 27% de los empleados registrados del sector privado nacional. Pero siempre la sensación reinante es que no alcanza y que hay sectores insatisfecho, lo cual obligó a promesa de continuar la inclusión de nuevos casos a medida que se analizan los pedidos.

Aun así, hay empresarios que dejaron entrever el temor a un aumento en la conflictividad sindical, dado que en algunos gremios se interpretó la ayuda salarial estatal como un argumento para dar marcha atrás en acuerdos de recorte a los trabajadores en cuarentena.

Dependiendo de qué tan golpeados estén los sectores, algunos prefieren focalizar el reclamo en la ayuda estatal para salarios mientras que otros piden devolver la liquidez al sistema financiero para que se recomponga la cadena de pagos.

Hasta ahora, la mayor frustración del gobierno ha sido la dificultad para contar con el apoyo de los bancos privados en los créditos a las pymes en dificultades. Por más que se aprobaron préstamos a tasa subsidiada por unos $100.000 millones, en el sistema se estimó que por cada firma que tuvo visto bueno hay otras tres que "rebotaron".

Y esto llevó a la tensión con el sistema bancario, donde hay fuerte resistencia a prestar dinero que no esté explícitamente garantizado por un aval estatal, dado el altísimo riesgo de incobrabilidad.

Se prenden los "semáforos" macroeconómicos

Todas las ayudan estatales implican, según los funcionarios del área económica, un 3% del PBI, aunque economistas privados indican que, en realidad, el monto será poco más de la mitad, lo cual pone a Argentina entre los países latinoamericanos donde el Estado ha hecho el menor esfuerzo en términos relativos.

Aun así, ya se habla de un déficit fiscal para todo el año de no menos del 5%. Y naturalmente el dato refiere al déficit primario, es decir antes de pagar obligaciones financieras. Es esta situación la que llevó al virtual congelamiento de todas las cancelaciones de deuda.

Y es en ese punto donde se activan las alarmas en el plano macroeconómico. Si bien los economistas mostraron un cierto consenso en que no hay riesgo inminente de un estallido inflacionario –dada la baja circulación de los pesos en este contexto de bajo consumo-, hay quienes creen que la gran expansión monetaria empezará a pasar factura.

Las previsiones indican que, al ritmo de incremento que viene llevando a cabo el Banco Central –una expansión de 20% desde que inició la cuarentena-, la base monetaria podría llegar a duplicarse en el correr del año. Las tensiones cambiarias de esta semana -con la escapada del dólar paralelo en sus tres versiones- fueron un temprano "semáforo amarillo" en el sentido de que habrá límites a esta política.

Y empiezan a escucharse comentarios inquietantes, como el del influyente economista Ricardo Arriazu, que llegó a comparar la situación actual con la previa al estallido del "Rodrigazo" en 1975.

En ese marco de déficit fiscal creciente, emisión desbocada y aun así la constatación de que la ayuda siempre queda corta, es que surgieron voces de reclamo sobre la necesidad de un recorte del gasto público. La sugerencia que se ha escuchado es el recorte temporario de salarios de empleados estatales en los niveles superiores del escalafón, pero Alberto Fernández ha dado muestras de querer evitar esa instancia, al menos por ahora.

Asumiendo el costo del éxito sanitario

El gradual y lento afloje de la cuarentena dejará para el final a las actividades más intensivas en mano de obra, lo cual hace prever que lo peor en materia de deterioro social todavía no llegó. Es el otro "pico" por el cual desde el ámbito empresarial, sindical y político se le hacen llegar avisos al Presidente.

Pero de momento, el mandatario sigue firme en su postura, sin dar lugar a los reclamos sobre una mayor normalización de la actividad.

Sus buenas razones tiene, naturalmente: el informe que un mes atrás le había acercado el ministro Ginés González García decía que, en el escenario optimista, se podría llegar a junio con 250.000 contagiados y un sistema de salud sin desborde. Pero que si se hacían las cosas mal –como se habían hecho en Italia y España, por ejemplo-, entonces ya en mayo se podría llegar a 2,2 millones de contagiados y 20.000 muertos. Todos los días, las imágenes y datos que llegan desde Nueva York o desde Brasil son un recordatorio al respecto.

Pero está la cara B del éxito sanitario: el riesgo de la profundización de la crisis, con empresas que no resistan la continuidad de la parálisis. Y el siempre presente fantasma del estallido social.