Deuda: Gobierno espera contraoferta de los acreedores pero avisa que hay muy poco margen para mejorarla

La reestructuración de la deuda externa ingresa en momentos de definición. Este próximo viernes 8 de mayo expira el tiempo para que los bonistas acepten la agresiva propuesta de Martin Guzmán. Antes que eso, el miércoles 6, los tenedores de títulos en dólares con ley extranjera (elegibles para el canje) pero que sean residentes en la Argentina deberán dar su consentimiento ante la Caja de Valores. O sea, el primer dictamen será de los bonistas argentinos y luego los del exterior.

De cualquier forma, se espera que el Gobierno prorrogue esa fecha (teniendo en cuenta la bajísima adhesión que tendría) hasta el 21 de mayo, un día antes de tener que decidir si paga o defaultea el vencimiento de los u$s500 millones que pateó hacia adelante cuando utilizó el pedido de gracia de 30 días que contempla la emisión de los bonos.

Ese margen de tiempo servirá, creen en el Gobierno, para ensayar algún tipo de mejora en la oferta ya presentada. Pero en este juego de ajedrez, Guzmán espera que primero muevan los bonistas del exterior. "Nosotros ya pusimos sobre la mesa la oferta, ahora les toca a ellos hacernos una contraoferta", señaló una fuente oficial ligada a la negociacion.

Para Guzman y su equipo, liderado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y el titular de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, Lisandro Cleri, quienes tienen la responsabilidad de mover sus fichas son ahora los grandes fondos de Wall Street. Por eso, durante las charlas virtuales de la semana pasada con algunos grupos de acreedores (muchos de ellos no participaron en forma de protesta por la oferta de "mala fe" hecha por la Argentina) los emisarios de Guzmán no se movieron ni un centímetro del speech oficial. "Esto es lo que podemos pagar y no hay margen para más", reiteraron a los fondos, encolerizados con las palabras que escuchaban.

El Gobierno, peligrosamente, se plantó en que la única contraoferta que podría llegar a evaluar sería una que tenga el aval explícito de la mayoría de los acreedores. O sea, ya no busca una negociación "mano a mano" sino que demanda que lo que sea que se vaya a analizar, tenga el visto bueno de los distintos comités de bonistas. La idea en este caso sería la de asegurarse que habrá una sola contraoferta y que no vendrá cada grupo con requerimientos individuales.

De hecho, trascendió que los grupos de acreedores (al menos tres importantes) están trabajando precisamente en esto. Se duda si llegará para presentar algo antes del 8 o precisamente utilizarán el "no acuerdo" para forzar a que el Gobierno extienda el plazo y recién después presentar la contraoferta.

Hay que recordar que el comité liderado por los grandes fondos como BlackRock, Templeton, Fidelity y AllianceBernstein dicen tener el 25% de la deuda emitida en la era Macri y 15% de los bonos K (básicamente Par y Discount). Otro grupo que tiene a los fondos distressed (cuasi buitres) que lidera Monarch ostentarían 16% de los títulos antes mencionados. Después hay otro grupo comandado por UBS y Greylock Capital que tendrán un porcentaje inferior.

¿Exploran acuerdos parciales?

De todas formas, y mientras se espera la contraoferta, en el Gobierno saben que el margen para mejorar la propuesta es muy pequeño. Hay algunos puntos en donde Economia dice que no negociará: el período de gracia.

"Si antes de Covid-19 la Argentina no podía pagar nada ahora menos. Es imposible prometer algún pago en los próximos años", repiten en Economía. Sin decirlo, la "zanahoria" podría ser aumentar un poco los cupones (arrancan en 0,50% a partir del 2023) y no capitaliza intereses por dos años. Se cree que la tasa de interés de inicio puede subir un poco o adelantar ese pago pero bajando el cupón. Por ejemplo, en lugar de comenzar pagando 0,5% en 2023, podrían "desdoblar" y pagar 0,30 o 0,40% desde el 2022, según calculan en los bancos de inversión.

También podría haber algo con los intereses que la Argentina se niega a capitalizar. Eso podría ser parte de un bono a parte para sumarle valor a la oferta. Y algunos no descartan que sumen los cupones atados al PBI, algo que si bien el mercado no le asigna valor ahora, tal como sucedió después del 2005, podría adicionar algún tipo de beneficio en el futuro.

"Lo que se puede mejorar es muy en el margen. La Argentina no tiene capacidad para pagar más que esto y los bonistas lo deberían entender. No hay magia con los números y esto es lo que es", agrego la fuente oficial al tanto de las negociaciones.

Si la mejora fuera escasa, la pregunta es que hará el Gobierno si continúa el rechazo de los bonistas. Más aún, que pasará si se llega al 21 de mayo con un nivel de adhesión muy bajo. ¿Se pagan los 500 millones de dólares para seguir ganando tiempo o se decide ir a default de una vez? Es es la gran pregunta.

Algunos creen que dependerá de qué tan lejos o cerca se esté. Igualmente el gobierno dejó trascender que le interesaría ir por acuerdos parciales a pesar de no tener la homologación de las distintas cláusulas de acción colectiva (CAC). Para los bonos Macri, se necesita el 66% mientras que para los emitidos en el 2005 y 2010 el 85%.

La peculiar mirada de Guzmán de tomar acuerdos parciales no despeja el horizonte de default porque, incluso es una discusión de abogados, el pais tiene que respetar las cláusulas vigentes y no cerrar convenios con grupos minoritarios. Sea como fuere, si el país no llega a los niveles de aceptación mencionados, para el mundo, habrá caído en default.

La última alternativa que podría explorar la Argentina sería conseguir un financista que le financie un pago por adelanto para que los bonistas cobren algo y puedan esperar a cobrar la oferta de canje tal cual está ahora. En ese grupo, el único que podría tener algo para ofrecer es el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo nunca giró (ni Alberto Fernández pidió) las cuotas pendientes de los desembolsos que había negociado Mauricio Macri. Son más de 5.000 millones de dólares que se podrían sumar otro monto similar si el pais busca financiamiento por la crisis del Covid-19.

"La Argentina podría conseguir del FMI alrededor de u$s10.000 millones para ir haciendo un pago up front y negociar otra oferta con periodo de gracia similar o hacer un standstill de un año, también con ese pago por adelantado. Y después de ese periodo y sin Covid analizar como serán las políticas fiscales y económica del país para los próximos años", advirtió un fondo de inversión que forma parte de uno de los comité de acreedores.

Por ahora, una opción lejana. Por ahora Guzmán no quiere involucrar al Fondo en la conversación más allá que el organismo avaló la quita que le propuso el país a los acreedores vía el paper de sostenibilidad de la deuda. Pero en Wall Street algunos creen que el Fondo no avala la intransigencia del equipo de económico para mejorar la oferta en una segunda negociación. Por ahora, como en el ajedrez, Guzmán espera a ver qué pieza moverán los bonistas.