Es tan grande la ansiedad por encontrar dólares -en el medio del tironeo con los grandes exportadores agrícolas para que apuren la liquidación de las divisas- que uno de los ministros del área económica mandó a averiguar si el fondo de inversión internacional BlackRock es accionista de alguna multinacional cerealera con presencia en la Argentina.

Se sabe, BlackRock es uno de los principales acreedores de la Argentina y actual protagonista de la trajinada renegociación de la deuda. En efecto, la gigante agrícola Bunge -una de las más reconocidas a nivel global junto a Dreyfus y Cargill- tiene a BlackRock como uno de sus socios.

BlackRock es el tercer mayor accionista individual de Bunge, con el 6,6% del paquete accionario. El valor de ese capital asciende a u$s384,8 millones, según consta en los registros públicos de la SEC (organismo de control bursátil) estadounidense.

Fidelity, otro de los fondos que pulsea con Martín Guzmán por la reestructuración de la deuda, posee el 0,69% de Bunge.

El dato no hizo más que corroborar la sospecha de la Casa Rosada: que detrás de la reticencia de las cerealeras a liquidar los dólares de las exportaciones se encuentra el interés concreto de los grandes fondos de inversión -con BlackRock a la cabeza- que le disputan al Gobierno la reestructuración.

Tanto en el gabinete nacional como en el Banco Central creen que existe una intencionalidad concreta de esos inversores globales: coaccionar al Gobierno mediante la presión en el mercado cambiario, de manera de forzar una devaluación o bien una mejora en la oferta sobre la deuda.

Justamente, el retraso en las liquidaciones de las divisas del "campo" se da en un contexto de fuerte alza del dólar "blue" y de las cotizaciones "alternativas" (contado con liqui y MEP), bien por encima de los $100 en las últimas semanas.

Para el Gobierno, la lógica es la siguiente: los fondos de inversiones -que a su vez tienen intereses concretos en al menos uno de los gigantes de la exportación de granos- buscan la debilidad política de Alberto Fernández para negociar la deuda en mejores condiciones (para ellos), con un dólar paralelo explotado y con evidente tensión en el mercado oficial.

Un miembro clave del equipo económico lo expuso así, en diálogo con iProfesional: "Hoy BlackRock es más poderoso que el Citibank en la década del ´80. Manejan el equivalente a dos PBI de Alemania. La Reserva Federal (banca central estadounidense) acaba de otorgarle la administración de parte de sus activos. Nos enfrentamos a un monstruo financiero, capaz de extorsionar a este y a otros gobiernos".

El fondo BlackRock es visto por el Gobierno como un jugador dispuesto a incidir en el mercado del dólar.

¿Se acaba la negociación "friendly"?

Otro funcionario clave de la administración va un paso más allá. Asegura que si en las próximas semanas el sector agrícola no mejora el nivel de liquidaciones de divisas en el BCRA, habrá nuevas medidas. Y que esta vez serán de un tenor más duro.

"Se tiran la responsabilidad unos a otros: los productores nos dicen que los que no liquidan son las exportadoras, y a su vez las cerealeras les echan la culpa a los productores. Por ahora fuimos muy "friendly", pero todo tiene un límite porque se juega el futuro del país. No podemos devaluar", asegura ese funcionario, uno de los de máxima responsabilidad en el equipo económico.

En las últimas jornadas, el Banco Central tomó medidas para presionar al "campo". Puso límites al financiamiento barato de los bancos a las empresas del sector. En especial a los que retengan parte de la cosecha. También puso el foco en las operaciones de "contado con liqui" y subió las tasas de interés, con la esperanza de que de esa forma se pudiera canalizar parte de los pesos nuevamente hacia el sistema bancario.

Pero son medidas que, tanto en la City porteña como en la propia interna política del Gobierno son vistas como insuficientes para cambiar la situación. Más allá de un alivio de corto plazo en el precio del blue, no son percibidas como capaces de generar una oferta masiva de dólares.

Qué tan lejos esté dispuesto a llegar el Gobierno en su afán por forzar a las agroexportadoras a vender sus "sojadólares" es algo que quedará al descubierto en los próximos días, cuando los funcionarios del equipo económico vuelvan a sentarse con las cerealeras para negociar el ritmo de liquidaciones de divisas durante la cosecha.

A pesar de la tensión reinante, hay antecedentes históricos para pensar en algún acuerdo al respecto: el compromiso por cumplir con un cupo mínimo de liquidaciones fue un esquema que, en su momento, le sirvió como alivio temporario a Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. Y también al gobierno de Eduardo Duhalde, en aquel complicado año 2002.

El Gobierno centra todo su esfuerzo negociador en apurar la liquidación de "sojadólares".

La cámara aceitera (CIARA) informó que, en abril, las liquidaciones del agro alcanzaron los u$s1.524 millones. Ese número se ubicó nada menos que 30% por debajo de las ventas del mismo mes del año pasado. Y fue el peor abril de los últimos 14 años (en aquel momento había sido de u$s1.408 millones).

En el primer piso de la Casa Rosada escuchan las quejas de Miguel Pesce, presidente del Banco Central, y también del ministro Guzmán, focalizado en la deuda pero con este tema de las liquidaciones en el tope del ranking de preocupaciones.

El diagnóstico oficial resume que el sector agrícola -disconforme con el dólar de $45 que reciben por las ventas en el BCRA- pretende una devaluación. Una cotización del "oficial" de por lo menos 80 pesos. 

El consultor Salvador Di Stéfano, uno de los más escuchados por la dirigencia agropecuaria, tituló así su reporte de comienzo de la semana: "El dólar a $90 o bajando las retenciones". No hizo más que confirmar las sospechas de los funcionarios.

"Yo no voy a devaluar", repite ante distintos interlocutores Pesce, cada vez que le preguntan sobre la cuestión.

Dispuestos a resistir la devaluación

Cuando a los funcionarios del equipo económico les preguntan si esta dinámica de cerealeras y productores desembocará en una devaluación como, por ejemplo, la del año 2014 -cuando Kicillof no tuvo otro camino que el ajuste del tipo de cambio en un contexto de salida de reservas y atraso cambiario-, las respuestas son coincidentes:

• En aquel momento, la situación económica era diferente: el tipo de cambio estaba visiblemente atrasado. Ahora, si bien perdió terreno respecto del año pasado, se trata de una paridad competitiva.

• "Sólo estamos perdiendo contra Brasil (desde enero, el dólar subió 50% versus el real). Pero ellos tienen un régimen muy volátil. No podemos seguirlos porque nuestra economía es muy dolarizada", argumentan en el equipo económico.

• "La economía de 2014 era muy distinta: teníamos un abultado déficit de cuenta corriente. No alcanzaban los dólares. Ahora, después de mucho tiempo, tenemos superávit comercial y superávit del turismo".

• En aquella época, también los salarios en dólares estaban altos y la desocupación, relativamente baja. Ahora estamos en un proceso distinto, lamentablemente. Pero que le quita presión al tipo de cambio".

• "Conclusión: La única manera de atacar el problema es si los dólares que generamos se quedan en el país. Por eso es clave que el sector agrícola liquide sus divisas en la ventanilla del BCRA".

Lo traumático del momento radica en que la menor liquidación de los exportadores en el mercado cambiario, en un contexto de mayor demanda de divisas, llevó al Banco Central a perder reservas en las últimas dos semanas.

Desde mediados de abril, el Banco Central -que venía siendo comprador neto de divisas en plena cuarentena- resignó varios puestos. Desde el 15 del mes pasado perdió unos u$s900 millones. Durante varios días, la mesa de operaciones de la autoridad monetaria vendió billetes verdes para defender el valor del peso.

El escenario luce complejo porque -ya con un cepo reforzado y en plena cosecha de la soja-, el Banco Central debería estar acumulando divisas en sus reservas. No perdiéndolas.

Por eso es clave lo que vaya a suceder a finales de esta semana con la negociación con los acreedores. Un acuerdo podría despejar al menos algunas incertidumbres sobre el futuro inmediato, que ya viene muy complicado por la pandemia del Covid-19.