Nadie se quiere hacer cargo del primer amparo fuerte contra el gobierno de Alberto Fernández. Así se está interpretando la falta de decisión que está habiendo entre las distintas instancias judiciales en condiciones de tomar cartas en el asunto. Hace más de dos semanas, los emprendedores nucleados en ASEA junto a más de 30 abogados presentaron un amparo en el Juzgado Comercial N° 24 contra la Inspección General de Justicia (IGJ) por considerar inconstitucionales una serie de medidas tomadas por ese organismo en contra de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

"El amparo está ahora en la Cámara Comercial y se está viendo si pasa a Contencioso Administrativo o al fuero Civil Comercial federal. Nadie quiere tomar la papa caliente", dijo a iProfesional una fuente ligada con las presentaciones elevadas en mayo pasado.

Una de las disposiciones de la IGJ contra las SAS fue obligarlas a reinscribirse en formato papel

El amparo apunta contra siete resoluciones de la IGJ comandada por Ricardo Nissen que apuntan a regular la ley de emprendedores y que el último martes sumó un nuevo capítulo en el Senado, cuando se emitió un dictamen para suspender por 180 días el  plazo para la constitución e inscripcion de las SAS.

El amparo se encuentra en el juzgado comercial dónde se analizará si es el fuero competente o se deriva al contencioso administrativo o civil y comercial federal, explicó la fuente consultada. "Nadie quiere tomar la papa caliente. Es el primer amparo fuerte en contra del Gobierno. Hay que ver qué dice la cámara comercial. La fiscal de esa instancia es Gabriela Boquín", señaló la fuente.

Boquín es la fiscal que acusó a la familia Macri de vaciar el Correo Argentino y que rechazó por abusivo el acuerdo que sellaron la empresa postal y el Estado durante la gestión de Cambiemos al argumentar que ese convenio implicaría una quita de $70.000 millones al 2033 en perjuicio del Estado. Forma parte de Justicia Legítima.  

Por inconstitucionalidad

El amparo presentado en la segunda quince de mayo por ASEA y el grupo de abogados apunta a declarar la inconstitucionalidad de las decisiones de la IGJ por entender que están orientadas a impedir el uso de la figura de las SAS y tomar intervención en un tema que no es de su competencia.

Entre las medidas tomadas por el organismo comandado por Ricardo Nissen se anular su tramitación on line y avanzar sobre la nulidad de unas 30.000 empresas que se crearon desde 2017 hasta ahora y que, para evitarlo, tendrán que convertirse en sociedades anónimas (SA) o de responsabilidad limitada (SRL), tal como está sucediendo.

Uno de los argumentos del oficialismo en contra de las SAS es que promueven los fraudes, aspecto que es totalmente rechazado por quienes trabajan en el ecosistema emprendedor.

"No existe un instrumento societario que por sí mismo facilite el fraude. Y el ejemplo es que en este tiempo de pandemia vimos fraudes cometidos en el Estado con las compras de alimentos o de barbijos, donde estaban involucradas SA y SRL. Los instrumentos jurídicos no son malos en sí mismos y eso es lo que quieren achacarle a las SAS de manera errónea", dijo a iProfesional, Fernando Pérez Hualde, uno de los abogados que acompañó en mayo la presentación de ASEA, además de docente de la Universidad Nacional de Cuyo.

Los emprendedores señalaron que las decisiones tomadas por la IGJ contra las SAS son anticonstitucionales

Para los defensores de las SAS las decisiones en su contra que implementó la IGJ "tienen una clara intencionalidad política y es un error plantearlo así". Se refieren al hecho de que la ley de emprendedores se aprobó durante la gestión de Mauricio Macri aunque se trató de un proyecto de ASEA que le fue presentado a todos loc andidados presidenciales en 2015, Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa.

"La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor es una de las pocas políticas de Estado del país, junto con lo que fue en su momento la ley de promoción del software y luego la de economía del conocimiento. Las SAS estaban en línea con esto", concluyó Pérez Hualde.

Tanto las decisiones de la IGJ como, ahora, las que se impulsan en el Senado complicarán la conformación de empresas nuevas. "El dinamismo de los negocios requiere soluciones menos burocráticas y más ágiles. No puedo esperar 60 días para empezar a facturar. Hoy con una SAS en una semana estás facturando, como es en el primer mundo. Con estas decisiones lo que se hace es poner más trabas burocráticas", dijeron desde el estudio Barrero & Larroude.