Aunque en el principio de la pandemia Alberto Fernández les pidió a las telefónicas que garantizaran la conectividad, los que se rebelan contra los pedidos presidenciales son los municipios del país que, sin demasiada explicaciones, obstruyen los despliegues de redes de fibra óptica destinados justamente a esa mejora.

Los impedimentos se replican cuando las empresas o, inclusive, las cooperativas piden permisos municipales para utilizar los postes de los servicios públicos. Lo que se promete cuando se inicia la negociación, generalmente por la vía telefónica, se olvida a la hora de concretar la acción. Y, así, las posibilidades que tienen algunas prestadoras de mejorar los servicios de conectividad continúan siendo obstaculizadas por la voluntad de los intendentes. Aunque el propio Fernández sea quien haga la solicitud.

En el inicio de la cuarentena, uno de los primeros sectores con el que se reunión el jefe de Estado fue con el de telecomunicaciones y tecnologías de la información. A las primeras les pidió garantizar la conectividad, además de retrotraer los aumentos tarifarios que se habían aplicado en algunos servicios antes de  la pandemia. A las segundas les pidió colaboración e innovación para encontrar soluciones tecnológicas contra el coronavirus.

El reclamo que hiciera el presidente, y que fue extensivo a todas las operadoras de telecomunicaciones, comenzando por Telefónica, Telecom y  Claro, pero que incluyó también a cooperativas y pymes del sector, parece que no entró en los oídos de algunos intendentes o, mejor dicho, presidentes de municipios de algunas provincias, como tampoco a quienes detentan el poder sobre los postes.

Es lo que ocurrió el mes pasado en San José, Entre Ríos, donde el jefe comunal emitió un decreto por el que se frenaron obras de despliegue de fibra óptica que realizaba un operador de esa zona. El presidente del municipio de San José, Gustavo Bastián, no se sintió interpelado por el pedido del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de garantizar la conectividad en tiempos de pandemia.

Los postes son prenda de batalla entre empresas de telecomunicaciones, cooperativas y municipios

Por el contrario, impidió que continuara realizándose un despliegue que ampliaría y mejoraría el acceso a los habitantes de esa ciudad entrerriana. Y sus acciones tuvieron mucho más poder –de impedir, en este caso- que la solicitud que hiciera el mismísimo jefe de Estado.

La historia de impedimentos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones suma décadas. No sólo cuando prohíben que se continúe con una obra, como en este caso, sino también cuando se niegan a compartir infraestructura. Y acá el paraguas se abre: suelen ser comportamientos que le caben a los municipios y también a las cooperativas, especialmente aquellas que dan servicios públicos y no sólo telecomunicaciones.

Así, cuando no es un municipio que impide realizar un despliegue, hay problemas para compartir la infraestructura –básicamente, los postes que están en las veredas-, o los permisos no salen nunca.

Debido a esta situación la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) expresó ya no la preocupación sino el desconcierto por la medida tomada por el municipio especialmente en un contexto donde la conectividad resulta crucial para que los chicos puedan seguir con sus actividades escolares.

Hogares con internet desparejo

Si bien la cuarentena se ha ido flexibilizando en la mayoría del territorio argentino, las clases continúan suspendidas y para los estudiantes resulta fundamental tener una internet de calidad para continuar con sus estudios, especialmente, cuando deben asistir a una videoconferencia.

Un informe oficial, surgido de las pruebas Aprender, determinó que el 19,5% de los chicos que asisten a la escuela no tienen internet en su casa. Ese porcentaje alcanza al 18,1% de los estudiantes en Entre Ríos San José, por ejemplo, está ubicado a unos 450 kilómetros de Paraná, la ciudad capital. Las redes de los principales prestadores de telecomunicaciones se concentran en las grandes urbes y el resto de las localidades suele ser atendido por pequeños prestadores, como el caso de Internet Services.

Internet Services, uno de los proveedores de banda ancha que cubre el litoral argentino, brinda servicios en San José desde hace 12 años. Desde hace unos meses encara una inversión para cubrir a 150 manzanas con fibra óptica directa y alcanzar a unos 5.000 hogares con esta tecnología, la que brinda mayor capacidad y velocidad.

La compañía ya desplegó redes idénticas en Concepción del Uruguay en Basavilbaso, en Entre Ríos, y también en Corrientes y Santa Fe.

Desde Cappi señalaron que "a contramano del mundo, el presidente del municipio de San José sancionó de manera inconsulta y sin ningún fundamento, un decreto que paraliza las obras de tendido de fibra óptica en toda la jurisdicción".

Y siguió: "La normativa, que lleva la firma de Gustavo Javier Bastián, presidente municipal, y de Lino Alejandro Bard, secretario de Gobierno y Hacienda, tiene el agravante de haber sido sancionada el 6 de mayo, en medio de las medidas de combate a la pandemia que llevan adelante el gobierno nacional junto al de la provincia de Entre Ríos, y en el que las telecomunicaciones y el acceso a internet juegan un rol clave para que la población pueda trabajar y estudiar, así como acceder a la información y servicios de salud y al entretenimiento".

A partir de ese decreto, que según la cámara no fue dado a conocer previamente, como suele suceder cuando se van a tomar medidas de este tipo, los inspectores del municipio pararon las obras de despliegue de las redes de fibra óptica que venía realizando un contratista de San José.

En Entre Ríos, la penetración de la banda ancha fija alcanza a casi el 58% de los hogares, por debajo del promedio nacional que es de 68,5%, según el índice de conectividad de la Cámara de Empresas de Internet (CABASE) realizado en base a los datos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) obtenidos hasta septiembre de 2019.

El índice muestra que la provincia necesita que continúen realizándose despliegues de banda ancha fija para que el mayor porcentaje de la población acceda a una conectividad que le permita realizar diversas tareas en el hogar, más allá de que se esté en tiempo de pandemia o no.

"Este tipo de decisiones arbitrarias que ponen barreras innecesarias e injustificadas al desarrollo de internet son las que explican la baja penetración de internet en la provincia de Entre Ríos en relación con el resto del país. Según datos del Enacom, a diciembre de 2019 la penetración de banda ancha fija (conexiones cada 100 hogares) es del 58%, es decir, 5 puntos por debajo de la penetración a nivel nacional, que en diciembre se situó en el 63%", indicó la Cappi.

Desde la cámara señalaron, además, que lo sucedido en el municipio de San José se repite en otras localidades del país. Un comportamiento que obstruye los pedidos de los permisos de obra  como también al acceso y compartición de los postes de tendido eléctrico, de luminarias y cableado de TV. Que ni siquiera cesan cuando surgen necesidades extraordinarias cuando se está frente a un contexto fuera de lo común, como una pandemia.

El caso ya está elevado en el Enacom, conducido por Claudio Ambrosini, pero sin lograr una respuesta que ayude a destrabar el conflicto. 

Patrones de postes

Quienes tienen el control de ese recurso obstaculizan el uso compartido. Y actúan como monopolio de la infraestructura pasiva existente. Estos comportamientos impiden el desarrollo de internet en el país, conductas que se repiten desde hace más de dos décadas, y ningún gobierno ni ningún regulador parece encontrar la forma de resolver. Ni siquiera cuando el presidente pide garantizar la conectividad.

"La problemática del acceso a los postes en los municipios es gravísima y es lo que frena el desarrollo de las inversiones que muchas pymes están dispuestas a hacer para desplegar redes FTTH (fibra directa al hogar) en las ciudades. El caso de Entre Ríos es apenas uno de los muchos en los que la falta de conocimiento de quienes toman las decisiones en los municipios condena a sus habitantes a quedar rezagados del avance tecnológico y de la posibilidad de tener servicios de internet de calidad", dijo Marcelo de Ambrosio, presidente de Cappi.

El acceso a internet es desparejo en el país y eso también amplía las brechas sociales según en dónde se viva

La situación de obstaculización de despliegue de red se repitió también en Río Negro, donde la penetración del servicio de internet no es mucho mejor, alcanza al 63,4%, según el Internet Index de Cabase y, al igual que en Entre Rios, se ubica por debajo del promedio nacional.

La situación de los estudiantes en esa provincia no es mucho mejor. El 21,6% de los chicos que van a la escuela viven en hogares donde no hay conexión a internet.

El proveedor de internet ISP Group obtuvo los permisos municipales para el uso del espacio aéreo. Es decir, para poder extender cables de fibra óptica entre postes, por el aire. Pero cuando se iniciaron las gestiones para que la Cooperativa de Servicios Públicos de Río Colorado facilitara el uso de esos postes se les negó la posibilidad de hacerlo.

Esos postes llevan el tendido de fibra de un operador de TV paga local que paga por el uso de los postes y si bien están aptos para soportar más cables, están rechanzando que eso suceda.

Desde la empresa señalaron que al negarse a prestar esos postes se está negando a las escuelas de la localidad a participar del Proyecto Educar, del que ISP Group es integrante y mediante el cual se les está dando internet de 100 mb a la comunidad educativa.

ISP Group es conocido en esa región porque en 2018 permitió que los camioneros que circulan por la ruta nacional 250 entre Río Colorado y Conesa en Río Negro, y por la ruta nacional 23, pudieran conectarse a internet vía WiFi en las "paradas SOS". Fue una iniciativa propia que, luego, se pudo concretar a partir de un acuerdo del privado con Arsat y sobre la que, luego, el regulador se quiso llevar los aplausos.

Los ejemplos se repiten en Mendoza, principalmente en el sur. Otra provincia en donde la penetración de la banda ancha fija es deplorable, con apenas un 41% de hogares con acceso, y con un 27,8% de los hogares a donde hay chicos en edad escolar sin interés, siempre siguiendo los datos que arrojaron las pruebas Aprender.

Allí son conocidos los acuerdos entre la compañía de energía eléctrica y una empresa de televisión por cable que impide a otras usar los postes para los tendidos de fibra óptica. Y ni el pedido del presidente Alberto Fernández ha logrado quebrar la voluntad de jefes municipales o de dueños de cooperativas para facilitar los despliegues de infraestructura de telecomunicaciones.

A esta altura, más que pedido se necesita una política pública de alcance federal real que tenga más fuerza que el pedido de un presidente y del poder dictatorial que queda evidenciado cuando quienes toman decisiones de este tipo impiden mejores servicios a quienes viven en ciudades y localidades ubicadas más allá de la General Paz y de los grandes centros urbanos.