Hace un par de semanas llegó una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de cara al inminente inicio de las negociaciones para el pago de la deuda de u$s44.867 millones con el organismo encabezado por Kristalina Georgieva y que ya programó una nueva visita para noviembre. 

Se trata de un capítulo más en esta relación. Casi seis décadas y media de un "matrimonio" por motivos económicos.

Al igual que todo casamiento por conveniencia, éste no comenzó de la mejor manera. El FMI se creó en 1944, en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Breton Woods, Estados Unidos, para regular el sistema monetario y el orden financiero tras la Segunda Guerra Mundial.

"La Argentina no fue invitada a ese encuentro como sanción a la larga postura de neutralidad del país durante el conflicto bélico", relata Pablo Nemiña, investigador del CONICET con sede en Unsam y FLACSO.

Recién en 1956, cuando el país venía con una fuerte crisis de la balanza de pagos, se convirtió en el último estado latinoamericano en ingresar al Fondo, durante el gobierno del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Lo hizo por recomendación de Raúl Prebisch para poder tomar préstamos blandos del Banco Mundial. El investigador del CONICET cuenta que en ese mismo momento, se firmó el primer acuerdo stand-by por u$s75 millones.

Para ingresar, el país tuvo que cumplir algunos requisitos. "Debió denunciar los convenios bilaterales de comercio y pagos que mantenía con unos 20 países", relata Noemí Brenta, doctora en Economía, investigadora y docente en la UBA y en la UTN Facultad regional de general Pacheco.

La experta explica que salir del bilateralismo implicó que los saldos con un país podrían ser utilizados para transacciones o pagos corrientes con cualquier otro.

Así, "Esos saldos comerciales se convirtieron en deuda financiera". Pero también significó la implementación de políticas liberales y ortodoxas, lo que requirió un cambio en algunas instituciones para terminar con dispositivos de intervención del Estado en la economía, una fuerte devaluación de la moneda y el inicio de una reforma financiera desde 1957.

Una situación recurrente

Argentina no es solo un país más endeudado con el FMI. Así lo señala Claudio Loser, exdirector del FMI para el hemisferio occidental y actual Director de la consultora Centennial Group para América Latina, cuando cuenta que "no hay ningún otro que haya tenido tantos acuerdos con el Fondo".

Y, desde su experiencia dentro del organismo, asegura que "con una larga historia de defaults en su haber, siempre ha sido un deudor complicado".

"Somos un usuario recurrente del financiamiento de la entidad. Firmamos 21 acuerdos con ellos y, entre 1956 y 2006, estuvimos 38 años bajo acuerdo", apunta Pablo Nemiña, investigador del CONICET con sede en Unsam y FLACSO.

En este punto, explica que, cuando un país va al Fondo porque tiene una crisis en la balanza de pagos, es decir que pierde más dólares de los que entran. "El FMI, a cambio de prestar dinero, recomienda ajustar la economía, bajar el gasto, devaluar el tipo de cambio y un consecuente impacto social", detalla.

Si pensamos que debería ser una situación excepcional ante una crisis de liquidez, nos damos cuenta de que hay una anomalía que expresa la tendencia a la restricción externa, un problema estructural para el desarrollo de la Argentina. En búsqueda de una explicación, Loser señala que "la razón de la cantidad de programas con el FMI es que hay toda una trayectoria argentina que han tenido los gobiernos de gastar de más".

y asegura que "el país siempre consideró al Fondo como una fuente de financiamiento y no se ha tomado nunca en serio la necesidad de un ajuste sustancial en la economía".

Lo cierto es que, desde siempre, para gran parte de la población el FMI es mala palabra. Brenta opina que esto se debe a que "actúan en un esquema ideológico muy influenciado por los países avanzados, según la cual nosotros tenemos que seguir siendo proveedores de materias primas, importadores de capitales y transferidores de valor económico, lo que trae consecuencias negativas para la población". Para Loser, sin embargo, la profunda desconfianza de la población "se basa en que siempre recomienda ajustarse el cinturón ante la falta de recursos y eso es algo que el país no acepta fácilmente".

Asegura que la mirada peyorativa tiene que ver con lo que siempre transmitieron los políticos sobre el FMI, culpándolo por los problemas económicos.

Algunos hitos históricos

Hubo gobiernos que intentaron "dar vuelta la tortilla". Uno de ellos fue el de Arturo Illia, quien incluyó en su plataforma de campaña una estrategia de recuperación de los resortes económicos que estaban en manos de los organismos internacionales.

Brenta cuenta que esa gestión había heredado mucha deuda externa, adquirida por Frondizzi. "Así, después de cinco años de acuerdo con el FMI, se resolvió, entre otras medidas, la anulación de los contratos petroleros y se hizo un programa menor con organismo, pero padeció mucha presión doméstica de los sectores liberales y de quienes se beneficiaban de las políticas de ajuste", detalla la investigadora.

Luego, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, según contó en su libro sobre la gestión su secretario Legal y Técnico, Roberto Roth, el ministro de Economía Krigger Ballena, quien estaba muy ligado al capital transnacional, se endeudó en niveles muy elevados y realizó varias emisiones en mercados internacionales.

A partir de ese momento, el gobierno pasó a ser mucho más cuidadoso con los préstamos internacionales que tomaba. Levingston trajo cambios en la política económica, sobre todo tras el nombramiento de Aldo Ferrer como ministro de Economía, que implementó un plan de corte nacionalista, pero no tuvo éxito y fue reemplazado por el presidente Agustín Lanusse, un gobierno de transición antes de la vuelta del peronismo. La deuda externa pasó a ser en 1970 de u$s4.765 millones, un 45% mayor que en 1966.

Con la vuelta del Peronismo, en 1973, el gobierno tomó una postura muy crítica de las políticas del Fondo, que se vieron plasmadas en el discurso del ministro de Economía, José Ber Gelbard, en septiembre de ese año durante la asamblea anual del organismo en la que se debatieron los mecanismos para resolver las crisis financieras de las economías subdesarrolladas.

En ese marco, el funcionario expuso la posición más radical de crítica entre los representantes latinoamericanos. Esta posición se enmarcó en la política internacional del gobierno nacional, que trajo cambios en las relaciones con Estados Unidos.

Y es que, según Brenta, ambos elementos están íntimamente relacionados. "Estados Unidos tiene muy aceitados los mecanismos de influencia en el Fondo y en otros organismos de crédito internacionales en función de sus objetivos estratégicos", señala la especialista en historia de la deuda externa. Asimismo, opina que "el organismo de crédito es muy poco serio porque, a la larga, los intereses de los grandes grupos políticos y económicos terminan siendo mucho más fuertes que cualquier diseño institucional".

Durante los años de la última dictadura militar en Argentina (1976-1982) la influencia del país del norte sobre el vínculo entre nuestro país y el FMI se hizo notar más aún.

Es sabido que durante esos seis años la deuda externa pasó de u$s7.000 millones a u$s42.000 millones. En ese plazo, se firmaron dos acuerdos con el Fondo, pero los programas se vieron truncados por las sanciones del gobierno por las violaciones a los derechos humanos, que hicieron que Estados Unidos votara en contra de todas las solicitudes de Argentina en el Fondo y en los organismos en los que participaban ambas naciones.

Estados Unidos tiene muy aceitados los mecanismos de influencia en el FMI

Los últimos 40 años

Con la recuperación de la democracia, de la mano de Raúl Alfonsín, las negociaciones –encabezadas por Bernardo Grinspun- se volvieron algo ásperas.

Brenta recuerda en este sentido la famosa anécdota en la que el ministro de Economía le dijo al enviado del organismo internacional si quería que se bajara los pantalones (hay quienes cuentan que efectivamente fue más allá de la metáfora y lo hizo).

"El Fondo pedía un ajuste brutal después de siete años de dictadura y caída del ingreso y él quería negociar un acuerdo más moderado", cuenta la economista. Recuerda que el presidente inclusive le envió una carta al Fondo en la que decía que iba a pagar, pero que lo iba a hacer en la medida de lo que la Argentina pudiera. La propuesta fue rechazada.

El reemplazo de Grinspun por Juan Vital Sourruille vino de la mano con el Plan Austral, que contó con el apoyo del FMI. Si bien hubo buenos resultados en un comienzo, luego comenzó a tener fuertes inconsistencias. Se intentó buscar una solución con el Plan Primavera, que preveía varias medidas de shock. Loser reconoce el esfuerzo de ese gobierno al señalar que "Alfonsín tuvo voluntad de cumplir con algunas exigencias, pero no tuvo la fuerza política para hacer ciertos cambios y tenían problemas serios de financiamiento externo".

Del gobierno de Carlos Menem, en tanto, destaca que "había un buen diálogo comprensión de la necesidad de hacer cambios estructurales", aunque esto tenía que ver con una tendencia mundial que devino del Consenso de Washington. "Había un cambio orientado a privatizar y a estabilizar la economía en toda América Latina", explica.

Sin embargo, recuerda las fuertes discusiones que, desde su rol de subdirector del hemisferio occidental del Fondo, mantenía con el ministro de Economía Domingo Cavallo. Los desencuentros que describe radicaban principalmente en el uso que se le debía dar a los fondos.

Sin embargo, el FMI aprobó en 1991 el Plan de Convertibilidad que anclaba el peso con el dólar, que vino acompañado de un fuerte achicamiento del estado y una serie de privatizaciones.

Tan cercana era la relación en esa época que, en 1998, Menem presentó en la Asamblea del organismo el caso argentino como un modelo a imitar en el mundo. Así las cosas, entre 1989 y 2000, la deuda externa con el Fondo pasó de u$s2.483 millones a u$s7.343 millones.

El gobierno de la Alianza enfrentó muchísimas dificultades exógenas y el país estaba muy afectado. "El Fondo quiso asistir al país, pero hubo problemas en la instrumentación del programa, que dejó de seguirse en agosto de 2001", asegura Loser.

Con el Blindaje a fines de 2000 y el Megacanje, que se implementó en mayo de 2001 lo que se le debía al FMI llegó a u$s14.592 millones, pero hacia noviembre, el acreedor decidió que no podía seguir apoyando. En ese marco, se dio el corralito, la Argentina entró en default y se desató la crisis de 2001.

En 2002, con un tipo de cambio mucho más competitivo y una situación recesiva, Argentina se volvió competitiva y buscó llegar a un nuevo acuerdo para conseguir ayuda económica, pero no lo logró. Luego, Néstor Kirchner aprovechó la situación macro y logró achicar el déficit fiscal. En 2003, el gobierno firmó un stand-by con el FMI por u$s8.900 millones y, finalmente, en 2006, resolvió terminar con el programa del impuesto pagando el total de la deuda: u$s9.500 millones.

Eso marcó el fin de una etapa y Argentina no volvió a solicitar un préstamo al Fondo hasta 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando pagó u$s44.000 millones, el mayor monto en la historia de la entidad.

"Ese acuerdo es un caso paradigmático por la magnitud, por la rapidez con la que se hicieron los desembolsos", advierte Nemiña. Y es que en el primer año se desembolsaron tres cuartas partes del total y, además, tuvo una relativa baja condicionalidad estructural.

"Todo eso fue para reforzar las chances electorales del gobierno de Cambiemos", opina el especialista. "Se aprobó rápido, fue mal implementado y no bajó la inflación, no evitó la recesión, aumentó la fuga de capitales y empeoraron los indicadores sociales. Fue una muy mala experiencia para Argentina, que dejó una deuda muy grande en dólares", observa el experto.

Brenta refuerza esta mirada al señalar que, "Trump influyó para desembolsaran este monto tan significativo".

También Loser coincide con ellos al asegurar que "había simpatía con el gobierno y se confiaron demasiado en que todo iba a salir bien, por lo que se sobre endeudaron".

Así, Alberto Fernández asumió la presidencia con nivel de endeudamiento sideral y se prepara para refinanciar con el Fondo.

Nemiña explica que hay dos tipos de acuerdos que pueden suscribir: de facilidades ampliadas, que tienen plazos de repago largos pero exigencias muy estrictas, y un stand by.

"Yo intuyo que la intención es ir por esta última alternativa porque la otra pondría mucha tensión en la coalición de gobierno", anticipa el especialista. Ve que será una negociación larga en la que, entre otros temas, se discutirá el escalonamiento de las reformas estructurales y cómo se aplicarán.

Por su parte, Brenta asegura que desea que las condiciones que se acuerden sean lo menos perjudicial posible para el país. Quizás su anhelo se haga realidad dado que Loser prevé que "el Fondo sabe que con la pandemia no se puede ajustar a la loca".

Diagnostica que la cuenta corriente de Argentina hoy está relativamente bien y prevé que, si Guzmán –a quien considera idóneo para el tema- es astuto, tiene margen para lograr algún buen resulatdo.