Los gremios rechazaron una propuesta salarial presentada por las cámaras de aceites y cereales, y ratificaron el paro en los puertos de granos "por tiempo indeterminado", tras cumplirse dos semanas de conflicto.

Según fuentes cercanas a las negociación, la oferta comprendía un bono de $60.000 (no remunerativo) por única vez, una revisión salarial del 2020 y subas previstas para 2021.

"Se propuso que la revisión del año en curso por dos meses sea del 10% (4% en noviembre y 6% en diciembre), que se abonará como suma fija no remunerativa, pero que pasaría al básico a partir de enero 2021", indicó la cámara aceitera CIARA. Mientras que para 2021, se propuso 25% en tres tramos hasta julio (13% enero, 6% abril y 6% julio).

Por su parte la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), que conduce Pablo Palacio, confirmó la continuidad de la medida en rechazo a "la intransigencia de las patronales agroexportadoras que se niegan a completar la pauta salarial del 2020 y dar un aumento digno para el 2021".

Desde el frente gremial señalaron que "el aumento que proponen a los aceiteros -que no recompone el salario del 2020 y se escalona hasta dentro de 8 meses- sería "no remunerativo".

Al mismo tiempo resaltaron la intención empresaria de "extorsionar al Gobierno Nacional, e inclusive desestabilizarlo ya que al no liquidar divisas continúan apostando a una nueva devaluación del peso argentino".

La medida de fuerza sigue complicando la logística de toda la cadena agroindustrial.

La medida de fuerza que está llevando a cabo URGARA junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), que lidera Pablo Reguera, y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), encabezada por Daniel Yofra, está afectando a las empresas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, COFCO, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza (AGD).

Daniel Yofra, secretario de la Federación, dijo que los gremios pretenden 25% a partir de enero, mientras las empresas querían otorgar esa suba de escalonada hasta julio.

Antes del rechazo gremial, desde la cámara aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) habían mostrado su confianza en poder "solucionar la extensa huelga que paraliza agroindustrias y terminales portuarias".

El papel del Gobierno

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se prepara para pasar las fiestas con una mano en el pan dulce y otra en el celular. Después levantarse el paro de trenes del martes, el conflicto salarial que paraliza la actividad agroexportadora se convirtió en su principal preocupación. "Es el tema que le queda pendiente resolver a Moroni", reconocen en la cartera laboral.

Desde hace dos semanas, los puertos de granos están inactivos. Eso incluye a las empresas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, Cofco, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza (AGD), como a las plantas que proveen el mercado interno, representadas por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-Cecc) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPCC).

El motivo de la huelga es el reclamo de un aumento global del 35% por parte de la poderosa Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera y Desmotadores de Algodón, liderada por Daniel Yofra. Después de obtener un 25% a principio de año y vencida la revisión prevista en agosto, el gremio busca llevar el salario mínimo de $68.675 a $74.446 en diciembre, una suba del 10%.

La fuerza de la protesta reside en la confluencia con el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA). En octubre, por primera vez en la historia, la federación aceitera hizo una alianza con la organización del mayor puerto del país y la entidad encargada de la exportación de granos sin procesar.

Con 100 buques parados y 5.000 camiones en espera, el conflicto en los puertos es el más largo desde el 2015.

Tensión con el Gobierno

Los empresarios ratificaron el martes su propuesta previa de un incremento escalonado del 4% en noviembre y 6% en diciembre, en forma de suma fija no remunerativa que pasaría al básico en enero de 2021. El ofrecimiento contempla un único bono por pandemia no remunerativo de $60.000 en cuotas mensuales. Y para el año próximo, un 25% en tres tramos no remunerativos (13% en enero, 6% en abril y 6% en julio). 

Con más de 100 buques parados y 5.000 camiones sin acceso a los embarques, el sector privado cifró sus pérdidas en torno a u$s100 millones por día. "Estimamos más de 1.700 millones de dólares en demoras, de las que naturalmente se podrá recuperar una parte al enviarse al exterior los embarques hasta ahora paralizados", aseguraron a iProfesional desde Ciara.

El conflicto complica la liquidación de divisas en un momento de tensión entre las exportadoras y el Gobierno. La resolución 132/20 estableció hace tres semanas la obligación de liquidar divisas en el mercado de cambios como requisito para mantenerse en el Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), un trámite indispensable para operar con ventas al exterior.

Por otra parte, Cristina Kirchner llamó en su último mensaje a "alinear salarios, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas", una directiva que en el sector fue interpretada como una mayor regulación a las exportaciones. En ambos casos, se trata de señales de endurecimiento ante el fracaso de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para conseguir dólares sin devaluar.

En lo que va del año, las divisas aportadas por la agroindustria retrocedieron un 13,5% interanual, al acumular u$s18.583 millones. La falta de acuerdo en los puertos no hizo más que sumar presiones y suspicacias. Las cámaras advierten que las medidas de fuerza "bloquean la exportación y, consecuentemente, el ingreso de divisas". Para los gremios, en cambio, las empresas son las intransigentes.

De esa manera, según la óptica sindical, se busca "disciplinar" los reclamos salariales y enviar el mensaje de que el repunte económico previsto "se lo quedarán las empresas". Cerca de Yofra aseguran que el pedido es similar al de los últimos cuatro años, período en el que Mauricio Macri bajó las retenciones y se llegó a un arreglo en cada negociación sin un conflicto como el del 2015, con 25 días de huelga.

El paro en la agroindustria coincide con la pelea entre el sector con el gobierno por el dólar y las retenciones.

Un desafío al plan "desindexar"

Sin esas ventajas, el parate de las exportaciones -denuncian las organizaciones- apunta a "extorsionar" al gobierno e incluso "desestabilizarlo". Desde la crisis de Vicentin, Alberto Fernández no logró avanzar en un acuerdo duradero con el Consejo Agroindustrial. El pool que reune a los principales "fabricantes" de dólares insiste en la aprobación de su proyecto de ley para bajar las retenciones y llevarlas a cero en 10 años. 

Las demandas gremiales, por otra parte, representan un desafío al plan de "desindexación" de Martín Guzmán. Bajo ese esquema, este año se eliminaron las cláusulas gatillo y el grueso de las paritarias cerró por debajo del 35% de inflación prevista en 2020. Los aceiteros buscan romper con esa dinámica y piden un 25% de aumento en el inicio del 2021 para obtener un piso salarial de $93.279 y volver a sentarse en agosto.

Para definir el salario mínimo, no utilizan ni la inflación pasada ni la inflación futura. Lo calculan a partir de la Encuesta de Hogares del INDEC y del artículo 14 bis de la Constitución, por el que un trabajador sin cargas de familia debe percibir una remuneración que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Ese criterio, sin embargo, podría entrar en cortocircuito con los controles de precios impulsados ahora por Cristina. Su preocupación por alinear esa variable con los salarios y el dólar implicó en 2007 la intervención del INDEC y el acuerdo con el entonces líder de la CGT, Hugo Moyano, para acoplar las paritarias detrás de la pauta oficial. Una política que en su momento derivó en fuertes choques con los bancarios y los maestros.