El proyecto oficial para eximir del pago de Ganancias a 1,2 millones de trabajadores y jubilados generó fuertes repercusiones dentro y fuera del Frente de Todos. La iniciativa presentada por Sergio Massa concitó rápidamente el apoyo de la CGT y sectores de la oposición. No debería extrañar: todos ellos representan a sectores afectados por el impuesto y en posesión de un caudal importante de votos en octubre.

La eximición de los salarios superiores a los $150.000 brutos sin contar el pago de aguinaldo (unos $120.000 netos) beneficiará al 63,4% de los contribuyentes actualmente alcanzados por el tributo. Como resultado, lo pagarán el 10% de todos los asalariados -el nivel más bajo desde el 2009- y el costo fiscal será de $40.000 millones. El dato que no se conocía hasta ahora es que la medida tendrá impacto en las grandes empresas.

Sucede que el Gobierno prevé financiar el nuevo bache fiscal con la prórroga por un año de la alícuota del 30% en el impuesto a las Ganancias para las sociedades de capital y establecimientos permanentes en el país, y del 7% para los dividendos distribuidos y la remesa de utilidades a la casa matriz. De esa forma, no se perderían recursos en momentos que el Ministerio de Economía negocia un mayor recorte del déficit fiscal para patear los pagos de la deuda con el FMI.

El Gobierno busca aprobar un proyecto para suspender la rebaja de impuestos a las grandes empresas.

"El costo fiscal se compensa con los mayores ingresos por la suspensión de la baja de Ganancias a las empresas, que dispuso la Ley de Solidaridad por un año, y que ahora se plantea prorrogar", confirmó a iProfesional el diputado oficialista Marcelo Casaretto. Así, se refirió al proyecto presentado por el Ejecutivo en diciembre pasado y que podría tratarse antes de fines de febrero.

La iniciativa es un revés a la reforma tributaria del 2017 impulsada por Mauricio Macri para fomentar la inversión privada mediante una reducción de la alícuota al 25% para sociedades y dal 13% para los dividendos distribuidos y la remesa de utilidades a la casa matriz. La misma tendría vigencia recién en 2021, ya que para los ejercicios fiscales desde el 1/1/2018 al 31/12/2020 se dispuso la alícuota del 30% y del 7%, respectivamente.

"Sin embargo, como diversos estudios han demostrado, la inversión en la REPÚBLICA ARGENTINA no es particularmente sensible a esta variable y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico. De hecho, dicha reducción provocó pérdida de recursos tributarios generando en perspectiva un sendero de no sustentabilidad fiscal, con nulos efectos sobre la inversión", explica el proyecto oficial.

Los empresarios se mantienen en alerta frente a un eventual incremento de los impuestos al sector privado.

Por ello, la propuesta suspende las bajas allí establecidas y mantiene las mismas alícuotas vigentes durante los períodos fiscales de los últimos tres años. El Gobierno ya aplicó esa medida a fines de 2019 mediante la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que dispuso continuar utilizando las alícuotas sin reducciones en Ganancias a las grandes empresas.

Con esos cambios, el Gobierno apuesta a impulsar el consumo en los sectores asalariados de mayores ingresos. De no haber cambios, nuevos asalariados se sumarían a los 2,3 millones que hoy pagan el tributo. La medida permitiría así descomprimir las paritarias en la industria, comercio, servicios y el Estado -donde las sumas fijas perjudicaron a las escalas más altas- y facilitaría el inminente acuerdo de precios y salarios.

En la UIA recibieron con interés el proyecto de Massa. Sin conocer aún los detalles, los industriales reconocen que los retoques a las deducciones especiales "mejoran los salarios por vía fiscal", pero también advierten que es "malo" si implica una mayor presión impositiva sobre el sector privado. Pese a los subsidios percibidos y la rebaja de cargas patronales en pandemia, los empresarios siguen en alerta por la reglamentación del impuesto a las grandes fortunas y las amenazas de una suba de retenciones.

"Me parece razonable derogar las escalas porque sino las remuneraciones siguen erosionadas por inflación, pero debe ser aplicado a la totalidad de los impuestos que no están recibiendo el mismo trato, no hay que bajar un impuesto para subirle al otro, sino darle una mayor razonabilidad a los ajustes presupuestarios para que no tenga una presion tan fuerte sobre el sistema formal", alertó el vicepresidente de UIA, Daniel Funes de Rioja.