Recién arribado de su gira europea, al ministro de Economía, Martín Guzmán, le espera una ardua agenda de temas de política oficial que deberá enfrentar en las próximas horas y que no solamente se vinculan con la nueva disparada del dólar, el combate contra la inflación o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También debe analizar los informes que sus allegados le dejaron en su escritorio sobre el posible escenario de tarifas para los servicios de electricidad y gas que pagan millones de argentinos y que se encuentran congeladas desde hace casi dos años y medio.

Con las audiencias públicas ya cerradas y las posturas de las distribuidoras y del Gobierno definidas, las conclusiones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tendrán que ser analizadas por el ministro.

Sin embargo, la decisión final sobre si se mantiene el congelamiento o si se permiten pequeños incrementos de un dígito la tendrá el presidente Alberto Fernández, quien se debate entre las dos posturas que hoy dividen a los miembros del gobierno nacional con injerencia en el sector energético.

Por un lado, Guzmán y parte del gabinete que defienden la postura de autorizar a las distribuidoras a aplicar aumentos de entre el 7% y el 9% a partir de mayo para reducir en parte el nivel de subsidios que el Estado debe destinar para equilibrar el costo actual del gas y la energía y el valor real.

Pero desde los sectores vinculados a la vicepresidenta Cristina Kirchner como el Instituto Patria presionan por no modificar el statu quo y defienden la continuidad de las políticas de congelamiento.

Argumentan que el actual momento que atraviesa la sociedad, con la dura batalla contra la pandemia del Covid-19 y la fuerte caída de ingresos, hace indispensable la ayuda del Estado que, en este caso, se traduciría en dejar las tarifas como están desde mediados del 2018.

Como hasta ahora las posiciones se mantienen y el Jefe de Estado pone todos los esfuerzos en definir las nuevas restricciones sanitarias para reducir el peligro del coronavirus, es más que probable que la definición sobre el futuro de las tarifas de luz y gas se demore.

Por ese motivo, habría quedado en suspenso la posibilidad de que aumenten en porcentajes que varían entre un 7% y un 9% que impulsan quienes avalan la posición del ministro Guzmán y a la que se oponen el sector kirchnerista del Frente de Todos.

Es decir, hasta junio no habría novedades en cuanto a los cambios en las facturas que reciben los usuarios de las empresas distribuidoras de gas y electricidad como Metrogas; Edenor y Edesur.

Recién después de que las tensiones sociales por la segunda ola de la pandemia se calmen podría haber novedades con respecto a mantener el congelamiento tarifario o autorizar pequeños aumentos para desahogar las arcas del Tesoro.

Lo que sí está claro es que los reclamos de las distribuidoras no serán tenidos en cuenta, por lo menos en esta etapa, por entender que los aumentos solicitados son imposibles de aplicar en un país con la economía inestable y una sociedad cada vez más empobrecida.

Guzmán se toma un mes para definir si hay aumentos de tarifas

Pedidos "inviables"

En las audiencias públicas, las empresas proveedoras de gas aseguraron que el atraso acumulado era del 128% sobre el margen total pero no sobre la factura final. En ese contexto, solicitaron incrementos promedio del 51% cuyo impacto final en la tarifa, según la categoría de cliente, rondaría entre el 105 y el 15%.

De todos modos, dejaron en claro que no renuncian al reclamo histórico sobre el costo real del gas y pidieron que los pedidos de aumentos se incorporen a las negociaciones que se están llevando a cabo para definir un nuevo cuadro en el marco de la llamada Renegociación Tarifaria Integral (RTI).

Las distribuidoras de electricidad mantienen sus tarifas congeladas desde hace ya dos años y medio

En el caso de las empresas de electricidad el atraso demandado varía entre el 81% y el 157%, según informó en su momento el ENRE mediante una reseña de los planteos que realizaron las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en las audiencias públicas de fines de marzo pasado.

De las presentaciones se desprende una propuesta de aumento de los ingresos de las concesionarias y una importante reducción en la inversión, dando como resultado el detrimento en la calidad del servicio.

En ese marco, el pedido de Edesur fue de $22.160 millones en concepto de ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario y un aumento del 253% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), o margen de ingresos de la empresa descontando la compra de energía, con respecto a 2020, siendo para 2021 un total de $54.000 mil millones.

Desde Edenor el reclamo fue por $38.477 millones por ingresos no percibido y un incremento del VAD de 109% respecto de 2020, alcanzando un total de $61.000 millones de pesos para 2021.

Como era de esperar, el ENRE consideró "inviables" los pedidos por entender que "no permitirían acompañar la salida de la crisis económica y la recuperación de familias y empresas".

A través de un documento, el organismo también criticó la RTI del 2016 por entender que "no sólo implicó un aumento irracional de las facturas de 2015 a 2019, con un incremento nominal de 3200% para los usuarios residenciales, sino que fue poco transparente e inaplicable por el mismo gobierno de Mauricio Macri".

Los requerimientos de fondos también fueron rechazados y considerados excesivos en un contexto de crisis económica como el actual.

La alternativa planteada por el ENRE fue la de posibilitar a las empresas que operen y aseguren las inversiones necesarias en materia de calidad a partir de un análisis del flujo de sus fondos para inyectar dinero a medida que se demuestre el nivel de inversiones y el cumplimiento de las obligaciones.