Alberto Fernández tendrá en Roma su primer cara a cara con Kristalina Georgieva, en una cumbre que podría convertirse en un hito para el actual gobierno. De hecho, ese encuentro concentra toda la atención de todos: hacia afuera y también en la interna de la administración.

Hasta última hora de ayer jueves, el ministro Guzmán mantuvo contacto con Julie Kosack, quien como directora adjunta del FMI para el Hemisferio Occidental, es la máxima figura del organismo encargada del caso argentino.

En dos reuniones técnicas entre ambos se intentaba cerrar algún tipo de acuerdo que habilite un anuncio luego de la cumbre Fernández-Georgieva.

Horas antes de la cumbre, el Presidente argentino mandó un mensaje a la economista búlgara: "Confío en que entienda el reclamo de la Argentina", dijo desde Roma. "Queremos cumplir pero no a costa del hambre de nuestra gente", agregó Fernández.

Guzmán ha sido muy optimista sobre la suerte de las negociaciones. Pero las últimas dos semanas fueron muy complicadas para el ministro en el frente interno.

De hecho, mientras el titular del Palacio de Hacienda cerrara su encuentro con Losack, el Senado debatía un proyecto de Declaración para que los u$s4.350 millones que envíe el FMI en las próximas semanas (por la ampliación de su capital) sean utilizados para gasto público en atención de la pandemia, y no para pagar vencimientos con los organismos internacionales.

El dato que no escapó a nadie es que esa iniciativa fue auspiciada por Oscar Parrilli, el senador que no da ningún paso sin la aprobación de Cristina Kirchner.

Ese condicionante de la vicepresidenta al ministro de Economía se sumó al que hace dos semanas golpeó a Guzmán, cuando intentó desplazar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, como muestra de fortaleza política frente al kirchnerismo en materia tarifaria.

¿Dejará Cristina Kirchner que la Casa Rosada avance en un acuerdo con el FMI para los próximos años a pocos meses de las elecciones de medio término?

La propia CFK fue muy crítica de la posibilidad de que se acuerde un refinanciamiento de la deuda con el Fondo a diez años, tal como establecen los estatutos del organismo. Para Cristina, la única manera de darle sustentabilidad a la economía argentina es con una refinanciación a por lo menos 20 años.

Para muchos analistas, dentro y fuera del Gobierno nacional, la posición de la vicepresidenta puede ser cierta. Pero la chance de modificar los estatutos del Fondo se choca contra las urgencias del país, al que le aguardan vencimientos en el corto plazo.

Por eso mismo, una de las versiones que recorrieron los pasillos de los hoteles europeos que dieron hospedaje a la delegación argentina refirió a la posibilidad de un acuerdo "light". Implicaría la comunicación oficial de que las negociaciones marchan "viento en popa", con lo cual se daría el aval al Club de París para que ese organismo difiera el vencimiento de u$s2.400 millones que cae inevitablemente a fin de mes.

Una de las versiones hablan de la posibilidad de un acuerdo "light" con el FMI

La gran incógnita que posiblemente se revele este viernes en Roma refiere a cómo se afrontarán los próximos vencimientos con el FMI, por unos u$s1.700 millones tanto en septiembre como en diciembre.

La posibilidad de pagarlos con los DEGs que envíe el Fondo como producto de su capitalización y la distribución entre los países socios siempre estuvo presente, pero el rechazo del kirchnerismo obligaría a una alternativa.

No obstante esa condicionalidad, el presidente Fernández ya manifestó que el proyecto de Declaración no lo obliga a hacer otra cosa con esos DEGs, con lo cual hará falta una decisión política de máximo nivel para definirlo.

La pulseada por la caja

La discusión de fondo en el seno del oficialismo tiene que ver con el nivel de gasto público en pleno segundo brote de la pandemia.

Para el kirchnerismo, el ajuste que está implementando Guzmán tiene un límite. Y, con la ola de contagios y el pedido para cerrar parte de las actividades económicas, no hay margen para aplastar más el gasto público.

Al contrario, a cuatro meses de las Primarias, el reclamo es que el ministro abra la caja para agrandar la asistencia a los más necesitados y los golpeados por la pandemia.

Ayer, por ejemplo, trascendió un proyecto de ley -impulsado por el diputado Máximo Kirchner- para elevar los subsidios a las tarifas de gas para la Patagonia y para los sectores sociales más postergados de la provincia de Buenos Aires.

Para los referentes K, el ministro está sobreactuando el ajuste al avalar una pérdida real sobre las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos. Y también de la AUH. Son todo ingresos que están perdiendo contra la inflación. En el Instituto Patria creen que esta moderación puede orientar hacia un acuerdo con el FMI, pero conlleva el riesgo de un mal resultado electoral en las legislativas de este año. Ni más ni menos.

Por eso mismo, la otra cuestión que inquieta al "ala política" se relaciona con la dinámica inflacionaria. Sobre todo con los precios de los alimentos, que vienen creciendo por encima del resto. Un problema al que Guzmán y el resto del equipo económico no le encuentran la vuelta.

Este escenario se agravó en las últimas horas, con la difusión de la inflación de abril -del 4,1%, por encima de las estimaciones de las consultoras privadas-. Además, con el inicio de mayo, los supermercados empezaron a recibir listas con ajustes adicionales en los precios de los alimentos de la canasta básica.

Para el kirchnerismo, el ajuste que está implementando Guzmán tiene un límite

El ajuste, en la mira

Los números oficiales no dejan lugar para las dudas: Guzmán viene aplicando un severo ajuste sobre el gasto público en medio de la pandemia. Algo que hizo estallar la interna en el oficialismo.

El último reporte de la consultora PxQ destaca algunos de los hitos de ese ajuste, que impacta sobre las erogaciones para enfrentar la pandemia pero también en el ingreso neto de los trabajadores públicos.

Para tener en cuenta: el desarme del denominado "Gasto Covid" permitió que el déficit primario fuera sólo del 0,2% en el primer trimestre del año. Nada menos que un punto por debajo al del primer trimestre de 2020, cuando prácticamente no había pandemia (comenzó hacia la segunda quincena de marzo).

Los ingresos del Estado, en tanto, registraron una mejora real del 11% durante el primer trimestre del año en relación al mismo período de 2020. A ese registro habrá que añadirle la extraordinaria perfomance de la recaudación impositiva de abril, que creció un formidable 105% en relación a abril 2020, básicamente porque el año pasado la economía estuvo apagada y, en simultáneo, hubo una mejora en los precios de los exportables, sobre todo de la soja.

De acuerdo a la estimación de PxQ -consultora que dirige el economista Emmanuel Álvarez Agis, la caída real del gasto público (descontada la inflación) fue del 4,4% en marzo versus el mismo mes del año pasado.

Es decir: un ajuste de las cuentas del Estado en medio de la pandemia. Ese es el dato que observan con máxima atención desde el Instituto Patria.

Resulta revelador la conclusión que saca PxQ respecto a la evolución del gasto público "a dos velocidades". Por un lado, los salarios de los agentes públicos -que se contrajeron 6,1% en términos reales en el primer trimestre- mientras que los subsidios aumentaron nada menos que 84% en los primeros meses de este año, siempre en relación del lapso enero-marzo de 2020.

En este contexto, la resolución de la negociación con el Fondo Monetario, sin dudas, resultará clave para la dinámica económica y financiera de los próximos años. Se sabe: la Argentina tiene una deuda de u$s44.000 millones con el organismo, con vencimientos concentrados en los próximos dos años. Algo impagable. Según cómo resulte esta negociación, se sabrá si el país podrá abordar ese pasivo en los próximos años. O si continuará ahogado.