Los nuevos propietarios de la distribuidora eléctrica más grande del país están provocando la ira de los acreedores pocos meses después de asumir el control.

Edenor, que vende electricidad a 2,5 millones de personas en el área de Buenos Aires, está intentando eliminar una cláusula de cambio de control que le exige pagar de forma anticipada sus u$s98 millones en bonos en el exterior.

La firma ofreció a los bonistas un pago único de u$s20 por cada u$s1.000 en pagarés que posean a cambio de renunciar a la cláusula.

La propuesta no ofrece explicación de por qué la empresa quiere evitar el pago anticipado del bono y no aclara qué pasaría si la oferta es rechazada. Según informa Bloomberg, la situación pone de relieve los riesgos que enfrentan los inversionistas en un país que ha caído en default tres veces en los últimos 20 años y que, más recientemente, restringió el acceso de algunas empresas a los dólares que necesitan para realizar pagos de deuda.

El año pasado, los bonos corporativos estuvieron entre los de peor desempeño del mundo.

Cómo ven la propuesta los acreedores

Este mes, la propuesta fue destrozada por un grupo de acreedores que dice poseer al menos 20% del capital principal del pagaré. La empresa es "próspera y solvente" y no debería tener problemas para reunir el dinero para pagar el bono, según Dennis Hranitzky, de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, asesor legal del grupo de bonistas.

"Los bonistas quieren entablar algún tipo de diálogo para comprender las actuales condiciones financieras de la compañía", señaló Hranitzky.

Los bonistas dicen que sus solicitudes de diálogo con Edenor no han tenido respuesta.

"El hecho de que la empresa esté tratando de hacer esto ahora no inspira mucha confianza en que cuando estos bonos venzan en un año, los pagarán", agrega.

Hoy es el plazo para que los inversionistas acepten o rechacen el acuerdo, de no ser por el cual la firma tendría que realizar el pago total para el 30 de septiembre.

Pero los bonistas dicen que sus solicitudes de diálogo con Edenor no han tenido respuesta. 

El problema surge de la decisión de la perforadora argentina de petróleo y gas Pampa Energía de vender en diciembre su participación de control en la empresa, lo que generó la cláusula de cambio de control que permite a los bonistas exigir el pago inmediato. Entre los nuevos propietarios se incluye Daniel Eduardo Vila y José Luis Manzano, de Integra Capital, quienes son copropietarios de Grupo América, una de las empresas de medios más grandes de Argentina.

Los pagarés, que vencen en octubre de 2022, se cotizan aproximadamente al mismo nivel que estaban cuando Pampa anunció que vendería su participación, cerca de 90 centavos por dólar.

Para que se elimine la cláusula, la empresa necesita el apoyo mayoritario de un quórum que represente a los propietarios de al menos el 60% de los valores, según el contrato del bono.

Cómo Vila y Manzano compraron Edenor sin violar la ley de medios

La fórmula que utilizaron Daniel Vila y José Luis Manzano para comprar Edenor a Pampa Energía sin violar la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual está lejos de emparentarse a lobbies ideológicos o presentaciones judiciales contra una norma que, en principio, impide a los accionistas de un grupo periodístico desembarcar en una compañía de servicios públicos.

De hecho, la ingeniería societaria elegida por el empresario mendocino y acompañada por el ex ministro de Carlos Menem, ambos también accionistas del Grupo América, tiene muchas similitudes a la que, en su momento, le permitió al Grupo Clarín unificar negocios con Telecom Argentina, sin despertar la ira revanchista del kirchnerismo más reaccionario ni una disputa con el actual gobierno del presidente Alberto Fernández, asiduo visitante de las oficinas de Héctor Magneto, por lo menos hasta su llegada al sillón de Rivadavia.

Es decir, la conformación de figuras societarias diferentes a las que engloban sus negocios periodísticos tanto en América, y en donde ninguno de los dos posea de manera individual un ínfimo porcentaje del capital social de la nueva compañía.

De esta forma se mantuvieron en sintonía con los artículos 24, 25 y 31 de la bautizada Ley de Medios que prohíbe a dueños de empresas de radiodifusión, televisión abierta, cable y satelital ser propietarios de más del 10% de una operadora de servicios públicos del estilo de Edenor o de una operadora de telefonía.

Una serie de articulados que fueron pensados para dejar fuera del negocio de la convergencia total a empresas como Telefónica, Telecom, Claro, Edenor y Edesur , entre otras.

Pero en aquello tiempos, los autores de estas limitaciones no repararon en un caso que quedó preso de la normativa y que afectó a un empresario afin al kirchnerismo como es Cristóbal López. El dueño del grupo Indalo, que se encuentra a punto de recuperar tras resolver su quiebra, era dueño de una empresa de recolección de residuos en las localidades de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, también incluida bajo los preceptos del servicio público.

Por lo tanto, cuando el empresario se quedó con los medios de Daniel Hadad debió recomponer las actividades de dicha compañía para no violentar los mandatos de la Ley de Medios.

En el caso del tándem Clarín-Telecom, para traspasar las operaciones de Cablevisión a la empresa que controla el magnate mexicano David Martínez, el mayor holding de medios del país primero dividió la sociedad para quedarse con los medios radiales, gráficos y televisivos como Canal 13; Radio Mitre o el diario Clarín.

Por otro lado, se creó el grupo Telecom que nada tiene de vinculaciones societarias con el grupo que orienta Magnetto, aunque los directorios y accionistas coincidan ya que ninguno supera ese 10% establecido por la normativa.

En concreto, tras la operación Telecom absorbió y continuó con las operaciones de la operadora de cable e internet. Pero Cablevisión pasó a controlar la nueva sociedad, cuyo principal accionista es David Martínez. En el acuerdo de fusión se estableció que Telecom Argentina absorba a Cablevisión y sea la continuadora de sus operaciones.

Y con la relación de cambio aprobada Cablevisión Holding, el accionista controlante de Cablevisión, y Fintech Media, su accionista minoritario, recibieron una participación directa e indirecta total en Telecom Argentina (cuyo principal accionista indirecto es Fintech Telecom LLC) equivalente al 55% de su capital luego de considerar el aumento de capital social mencionado, mientras que los accionistas de Telecom Argentina retuvieron el 45% restante por efecto de la fusión.

En la nueva relación accionaria, David Martínez, dueño de Fintech, pasó a ser el principal accionista con alrededor del 41% del paquete, gracias a que antes de la fusión tenía una participación del 40% en Cablevisión y del 44% Telecom. Otro 33% pasó a ser de Cablevisión Holding –la empresa escindida del Grupo Clarín pero que tiene a los mismos accionistas: Marcela y Felipe Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro

De igual modo, tanto Vila como Manzano son accionistas a nivel personal del 10% de Edelcos, el vehículo societario creado para sellar la compra del 51% de Edenor, y en el cual cada empresario controla el 5.1% del capital de la empresa.

A su vez, de forma indirecta, ambos integrantes del Grupo América junto con Claudio Belocopit, tienen participación minoritaria en Andina, la principal accionista de Edelcos y que además tiene los derechos políticos de la sociedad.

Es decir, ni Vila ni Manzano superan en el acumulado con su tenencia personal los límites establecidos por la Ley de Medios en cuanto a la participación de empresas concesionarias de servicios públicos.

De hecho, ambos ya son socios históricos en una variedad de negocios que van desde los medios de comunicación hasta el petróleo con Andes Energía y el control de la distribuidora eléctrica mendocina Edemsa, que compraron en el 2006 y la cual, en el 2011, sumaron la distribuidora riojana Edelar.

De esta forma, junto con Mauricio Filiberti, el otro socio en la compra de Edenor mediante un desembolso cercano a los u$s200 millones, evitaron cometer cualquier violación a la polémica ley surgida de las entrañas del kircherismo cristinista que luego fue modificada por el ex presidente Mauricio Macri para evitar abrir una confrontación con el grupo Clarín.

A partir de tantas idas y vueltas y modificaciones que sufrió, la norma terminó siendo considerada "un híbrido" por los expertos del sector, aunque otros más extremistas la califican como "una payasada" sin sentido.

En el mismo sentido, entienden que las operaciones que se dan a pesar de sus lineamientos eximen a los grupos empresarios de cumplir con su articulado ya que como sus exigencias son antiguas, puede ser elusionada sin ser violado ninguno de sus artículos.

Aval oficial

Daniel Vila y José Luis Manzano llevan más de 20 años como socios haciendo negocios en los sectores de medios y de energía

De hecho y a pesar de cierta resistencia interna del alguno sector del del Frente de Todos, el Gobierno no encontró reparos para frenar la operación que, por contrario, ya logró el visto bueno del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con un dictamen totalmente favorable y casi sin restricciones.

Ahora, el deal está siendo analizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, a su vez bajo el mando de Martín Kulfas.

El expediente fue enviado por el ENRE hace 10 días al organismo regulador que preside Rodrigo Luchinsky, que por estos días comenzó a solicitar información adicional a los grupos involucrados para realizar los análisis correspondientes que le permitan evitar una concentración de mercado o monopolio y, a su vez, garantizar la inexistencia de abusos de posición dominante que afecten la competencia en distintos negocios.

Si bien prima face estos fundamentos no estarían presentes en la compra de Edenor, la CNDC igualmente debe intervenir teniendo en cuenta el monto de la operación y la presencia de Vila y Manzano la distribuidora de luz mendocina y en la generadora hidroeléctrica Ameghino.

Una vez que la documentación haya sido analizada y el ente llegue a un veredicto, será la Secretaría de Comercio Interior la que tendrá la última palabra. Es decir, será Paula Español la que resolverá en última intancia.

De todos modos y sin esperar esta definición, el nuevo grupo propietario de Edenor ya desembarcó con toda su línea gerencial en la distribuidora tomando el control total y desplazando a los ejecutivos de Pampa Energía.

Así llegó Neil Blasdeale, ejecutivo de origen inglés, a los cargos de presidente y gerente General de Edenor que ya venía ocupando en Edemsa.

Se trata de un ejecutivo con 25 años de trayectoria en el grupo Vila-Manzano, ocupando cargos en la operadora de TV por cable Supercanal hasta diciembre del 2008 cuando se mudó a la presidencia de Edemsa.

También fue designado Esteban Macek como vicepresidente y con pasado en Telecom Argentina donde ocupó el cargo de director tras el desembarco en esa empresa del fondo Fintech.

Otro que se destaca es Edgardo Volosin, quien ya trabajó más de 20 años en Edenor hasta que en el 2015 se sumó a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como director de Servicios Públicos del gobierno provincial.

El nuevo directorio se completa con Nicolás Mallo Huergo; Eduardo Marcelo Vila; Federico Zin y Mariano C. Lucero, mientras que como directores suplentes llegan Hugo Quevedo; Mariano Cuneo; Daniel O. Seppacuercia; Diego Hernán Pino; Sebastián Álvarez y María Teresa Grieco.

El cambio de nombres se concretó el pasado miércoles 30 de junio, cuando se terminó de cerrar la transferencia de la totalidad de las acciones Clase A, representativas del 51% del capital social y votos de Edenor que estaban en poder del holding controlado por Marcelo Mindlin, mientras que el resto por ahora seguirá en manos de la Anses y flotando en la bolsa de comercio porteña.

Ya Pampa Energía terminó de recibir el dinero restante para alcanzar lo pactado por la operación. Es decir, u$s50 millones de los u$s140 millones totales, teniendo en cuenta los anuncios realizado por ambos grupos a fines de diciembre del 2020 para traspasar la distribuidora que tiene tres millones de clientes y un área de concesión que abarca una población de nueve millones de personas y más de 350.000 empresas, del norte de la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires.