La tarjeta personal de Julián Domínguez podría perfectamente sustituir el cargo de "ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca" por el más acertado de "recomponedor de relaciones con el campo luego de crisis sin retorno aparente". Porque ese es el verdadero cometido que la coalición de gobierno le asignó al funcionario tras la catastrófica derrota electoral en las provincias de actividad agrícola.

Desde el mismo momento en que se lo convocó para integrar el gabinete de Alberto Fernández, el nuevo ministro sabía lo que se esperaba de él. Y no es una meta fácil: destrabar un conflicto por la vía de dar marcha atrás con medidas del propio Gobierno, pero tratando de que no pareciera una derrota política y, sobre todo, que no se claudicaría en la pelea contra la suba de precios.

Domínguez, apelando a argumentos de los propios productores -y también de varios gobernadores provinciales- puso el foco en la necesidad de incentivar las inversiones para que Argentina pueda producir animales más pesados, con lo cual no sea necesario aumentar la faena.

En otras palabras, que se buscará una forma de sostener la exportación sin que ello implique una merma en la oferta doméstica, con la consecuente suba de precios. Es un objetivo que todos comparten, pero cuyos resultados se verán en el largo plazo, dado que los tiempos de la actividad cárnica están atados al ciclo biológico de los animales.

En tanto, lo que se comenta en el ámbito agropecuario, es que la cotización de la vaca podría recibir un impulso de 20%, lo que implica un riesgo de traslado a los precios internos. Por lo pronto, los establecimientos de engorde trabajan a la mitad de la capacidad instalada, lo que implica mayor presión al alza de la cotización.

Como suele suceder en estos acuerdos, el ministro les sacó a los productores la promesa de que no habrá aumentos en los cortes destinados al consumo interno, algo sobre cuyo cumplimiento quedan dudas. De momento, lo que garantiza esa estabilidad es que el propio mercado no convalida aumentos.

Pero los productores saben que en cuestión de meses podrá haber escasez de hacienda, y la nueva escalada de precios parece inevitable.

Julián Domínguez da marcha atrás con el cepo exportador, pero quiere que el campo garantice estabilidad de precios

¿Podrá repetir los antecedentes?

Mientras tanto, Domínguez trata de desarmar la bomba de tiempo que se había creado por la escalada de medidas intervencionistas. Para eso lo llamaron.

En el currículum de Domínguez pesaba el logro de haber recompuesto la relación tras el histórico conflicto de 2008 por la resolución 125 que establecía retenciones móviles a la exportación de soja. El gobierno de Cristina Kirchner había pagado cara esa confrontación con las clases medias rurales, con una derrota en las legislativas de 2009. Sin embargo, dos años después ganó en esas mismas áreas que antes la habían demonizado.

Fue con ese recuerdo en mente que se lo convocó para sustituir al desdibujado Luis Basterra, que siempre apareció en un segundo plano ante la toma de las medidas más polémicas, como los cierres exportadores de maíz a comienzos de año y el de la carne que acaba de tener una reapertura.

Más bien, los responsables de esas medidas parecieron ser siempre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio, Paula Español. El ministro, que siempre se había mostrado como el "dialoguista" del Gobierno y que había prometido que el cierre exportador de carne sería una medida transitoria, tuvo que ceder ante la presión de quienes hicieron valer el argumento electoral de garantizar precios bajos hasta las elecciones.

La irritación del campo alcanzó su nivel máximo cuando Kulfas calificó como "fake news" la noticia de que frigoríficos de Santa Fe que se dedicaban mayormente a exportar a China habían empezado a despedir personal.

"Negar el cepo a las exportaciones de carne es de un cinismo atroz. Los eufemismos rebuscados como ‘ordenar el funcionamiento del mercado’ o ‘cuidar la mesa de los argentinos’ no hacen más que desnudar el fracaso de una política que, aunque todos sabíamos fallida de antemano, se empecinaron en implementar", expresaba un comunicado firmado por las agremiaciones que habían convocado a una jornada masiva de protesta el pasado 9 de julio.

Y, en un tono inusualmente duro, agregaba que las declaraciones de Kulfas resultaban esperables dado que el ministro es "alguien que no realizó jamás una actividad productiva y pasó su vida entera parasitando el esfuerzo de los contribuyentes".

Si esas eran las palabras dedicadas al funcionario "blando" del Gobierno, que hacía las veces de interlocutor, la señal política era inconfundible: se requería un recambio de nombres que incluyera gente en la que el campo pudiera confiar o, de lo contrario, un conflicto a gran escala sería inevitable.

De hecho, se llegó a las PASO con un clima de organización de ceses de comercialización y nuevas protestas. A casi nadie extrañó, por consiguiente, que el peronismo haya sufrido duras derrotas en el interior rural de Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe, e incluso en terrenos donde solía dominar el escenario electoral, como Entre Ríos y La Pampa.

Fueron, precisamente, los gobernadores Gustavo Bordet y Sergio Ziliotto, quienes influyeron sobre Domínguez y el nuevo jefe de gabinete, Juan Manzur, para encontrar una solución al conflicto.

Un giro drástico en el discurso

Y Domínguez, que con su experiencia del año 2009 tenía en claro lo que se esperaba de él, no tuvo problema en encontrar una solución que, a los ojos de la militancia kirchnerista, puede parecerse a una rendición incondicional.

Porque la reapertura de las exportaciones a China supone, en definitiva, una contradicción con todo lo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner habían sostenido hasta tres días antes de las PASO.

El Presidente había festejado que se habían registrado dos meses consecutivos con leves bajas en los precios de la carne, y lo atribuía al cierre exportador que acababa de ser prorrogado dos meses.

"Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso", escribió Alberto en su cuenta de Twitter.

La afirmación del mandatario aludía a un estudio del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que analiza los precios desde el cierre exportador. Según este informe, la caída de la carne había sido de 6% en hacienda y de 2,3% en el mostrador.

Por otra parte, las cifras del ministerio de Agricultura y Ganaderia indicaban una recuperación en el consumo de carne vacuna, que había caído a un mínimo histórico de 34,3 kilos por habitante en abril del año pasado. Ahora está en 53,7 kilos, una cifra que si bien sigue siendo baja en términos históricos, implica una reversión de la tendencia.

Pero las gremiales del campo no sólo no aceptaron el argumento sino que pronosticaron un pronto "efecto boomerang". Señalaron que la leve caída en los precios obedecía a una cuestión estacional que ocurría todos los años en esa época, y que sobre fin de año se verificaría una escasez, con la consecuente suba de precios.

"Va a faltar carne para diciembre, porque se están desactivando los engordes, que ya no se hacen más. Y la velocidad de circulación hace que te empieces a quedar sin mercadería", advertía Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, en el foro Agroeducación.

Pero el Gobierno estaba convencido de que estaba en la senda correcta. Y la prueba más contundente al respecto fue el discurso de Cristina Kirchner en el acto de cierre de la campaña oficialista.

"Obvio que si yo tengo vacas quiero poder venderlas a precio dólar, pero ¿qué hacemos entonces, dejamos que nadie coma carne?, ¿les decimos que a la gente que no van a poder comer más carne hasta que no tengan los sueldos como en 2015?

La vice reconoció que el costo de la medida oficial es una pérdida de ingreso de dólares por exportación -en el sector se habla de no menos de u$s1.000 millones- pero dijo es la única forma de garantizar que haya consumo interno.

Fue uno de los momentos en que la ex mandataria pisó terreno resbaladizo, dado que defendió con fuerza una medida que muchos de sus propios aliados criticaron explícitamente. Fue una suerte para Cristina que no estuviera en el estrado el gobernador santafecino, Omar Perotti, quien criticó al cierre desde el primer momento y usó los mismos argumentos que las gremiales productoras.

Tras las protestas del campo y la derrota en las PASO, los propios gobernadores pidieron revisar las medidas defendidas por Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La carne ayuda en tiempos de dólares escasos

La realidad es que Cristina tropezó otra vez con la misma piedra. Para empezar, por la derrota en provincias de actividad agrícola, que ahora la dejan en riesgo de perder el control del Senado. No por casualidad, gran parte del esfuerzo estratégico del peronismo está puesto en reconquistar La Pampa, donde el oficialismo quedó 10 puntos debajo de Juntos por el Cambio.

Pero, además, con su vehemente defensa del intervencionismo, Cristina dejó en claro que no tiene un atisbo de autocrítica sobre lo ocurrido en su propia gestión, cuando como consecuencia del cierre exportador dispuesto por Guillermo Moreno, el stock vacuno del país cayó de 60 millones a 48 millones de cabeza, con lo cual el consumo alcanzó en 2011 su mínimo histórico, con 55 kilos anuales per capita.

Esa marca mínima fue luego superada hacia el final de la gestión macrista y cayó durante la cuarentena a un nuevo récord mínimo de 50 kilos por habitante.

Pero, además, hubo otro argumento con el que se está dando marcha atrás: la idea de que los dólares de la exportación de carne podían ser un ingreso prescindible en aras de un beneficio de mayor importancia como el consumo.

Lo cierto es que en estos momentos está empezando a sentirse la merma en el ingreso de dólares de la balanza comercial: tras el año récord de ingreso de divisas del agro, que tuvo picos mensuales de u$s3.800 millones, ahora los expertos anticipan que se caerá a un promedio mensual de u$s1.800 millones. Y encima con malas noticias de la soja: el precio internacional cayó al entorno de u$s460, mientras los productores argentinos siguen disminuyendo el área sembrada, que para la próxima campaña caerá a mínimos de la década.

Esto induce a esperar una disminución en el saldo de la balanza comercial para los próximos meses. Y, para colmo, por el comportamiento especulativo de los exportadores que demoran sus liquidaciones, el Banco Central sólo pudo beneficiarse con la cuarta parte del saldo de u$s2.300 millones que dejó agosto.

Es en ese marco que se empezó a notar mayores trabas y una extensión de los plazos para autorizar importaciones, un tema sobre el cual la Unión Industrial manifestó preocupación.

En ese contexto de necesidad de divisas, no son despreciables los u$s130 millones que se estima podrá sumar la venta de carne a China. Ni tampoco, claro está, el aporte fiscal en forma de retenciones, que podría llegar a unos $2.500 millones mensuales hasta fin de año para las arcas de la AFIP.

En definitiva, por la suma de esos factores se apeló a la "capacidad de diálogo de Domínguez". Nadie espera que por esta reapertura pueda revertirse el resultado electoral en noviembre. Pero, al menos, está la ilusión de frenar lo que parecía un choque de frente con el sector más dinámico de la economía argentina, el principal proveedor de divisas justo cuando el diagnóstico es que se empieza a notar síntomas agudos de la falta de dólares.