Antes sufría por los precios demasiado bajos, hoy lo hace por la suba abrupta: la economía argentina parece condenada a que las cotizaciones del petróleo y el gas siempre le jueguen en contra.

Al menos, esa es la sensación que reina hoy entre los funcionarios del área energética y entre las empresas del sector. El año pasado, el desplome que llevó el petróleo a u$s10 el barril y el gas a u$s1,50 por millón de BTU fue vivido como un episodio traumático: eran precios que hacían inviables las inversiones para la extracción de combustible no tradicional, y además la caída de la demanda hacía que no hubiese más lugar donde guardar los excedentes.

En ese marco sufrían las empresas productoras, la red de distribución y las provincias que veían caer su ingreso por regalías.

Si en aquel momento alguien hubiese pronosticado que un año más tarde el gas cuadruplicaría el precio y el petróleo cotizaría ocho veces aquel valor, se habrían escuchado expresiones de alivio. Sin embargo, el nuevo escenario global deja preocupación.

Con el incremento desatado en la demanda de gas natural –producto de los cambios de matriz de producción y consumo de combustible en el mundo desarrollado- otra vez volvieron las presiones ligadas al boom de commodities.

A diferencia de lo que ocurre con el sector agrícola, esta suba encuentra a Argentina en una neta posición importadora. En los últimos meses, la importación de combustible –gas, principalmente- experimentó una espectacular suba de 200% respecto del 2020. Es, por lejos, el rubro de mayor crecimiento, y ya representa más del 13% del total de las importaciones.

Sólo hasta agosto pasado, las compras de gas al exterior llevan acumuladas u$s3.793 millones, superando largamente las proyecciones más pesimistas. Pero, además, la cifra deja pequeña a la exportación argentina de petróleo, que acumula u$s2.900 millones.

Lo peor es que las perspectivas no son alentadoras: los mercados de futuros indican que, para el caso del gas, los precios actuales se mantendrían al menos un semestre y que para fines del 2022 se ubicará en u$s4,20. Es decir, menos del precio actual pero aun así el triple del precio que se registró hace un año.

El Gobierno está embarcado en un plan contrareloj para sustituir las importaciones de gas, que crecen a un ritmo de tres dígitos

Producción a contra reloj y subsidios en debate

El Gobierno ya había dado señales de preocupación por el tema, al punto que había apurado la concreción del Plan Gas, mediante el cual se otorgaron incentivos para la inversión. Gracias a la inyección de hidrocarburos que implicaría ese proyecto, dijo en julio pasado el secretario de Energía, Darío Martínez, se lograría un ahorro de u$s1.500 millones en salida de divisas.

Pero las cantidades siguen siendo insuficientes, lo que llevó a que se convocara esta semana a una nueva licitación internacional para aumentar la producción de gas. Este último invierno, se consiguió que la inyección de gas al sistema doméstico aumentara un 16%, y se busca incrementar al menos otros 2,5 puntos, con vistas a la temporada invernal de 2022.

El objetivo es claro: sustituir importaciones, en un momento en el que el Banco Central no puede darse el lujo de sacrificar reservas busca la forma de recortar la salida de divisas.

El precio que se ofrece a los inversores equivale a un 65% de la cotización internacional prevista para diciembre próximo. Y el plan implica la terminación de un gasoducto a un costo de u$s2.000 millones.

Pero aun con estos esfuerzos no termina de disiparse la preocupación. Ocurre que la demanda interna está en un punto alto como consecuencia de la nueva regulación que subsidia el consumo. La ley para zonas frías llevó a cuatro millones los beneficiarios de una tarifa baja, lo cual en su momento generó un áspero debate que tuvo implicancias dentro del propio Gobierno, porque implicaba una transferencia de recursos a la clase media.

En aquel momento había circulado un estudio de Salvador Gil y Roberto Prieto que afirmaba que en la Patagonia, a igual temperatura, los usuarios usan el doble de gas que en otras regiones. Y agregan que eso incide en la forma en que se acondicionan los hogares: no se invierte lo suficiente en aislamiento ni otras formas de ahorro de energía.

Además, el economista Nicolás Gadano advertía que el esquema de subsidio patagónico implica un triple subsidio. El primero es el que reciben todos los consumidores del país, al pagar un precio menor al costo del gas, una diferencia que se cubre con el Plan Gas. El segundo es por un descuento de ese gas para la zona patagónica, dado que el Estado le vende a las distribuidoras a mitad de precio respecto del resto del país, una diferencia que termina pagando el Tesoro. Y el tercero es el descuento en el costo de transporte y distribución, de un 50%, que se paga con un fondo fiduciario creado en 2002.

El resultado de este esquema es que el precio real que paga el patagónico es un 75% inferior al del resto del país. Con el detalle, naturalmente, de que el resto del país tampoco paga un precio real, sino que, de acuerdo a un ranking de la International Energy Agency, se abona un precio 77% inferior a la media.

Guzmán, con otra alerta

Pero quien, sin dudas, está más preocupado por la situación es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que ya en su momento dio una batalla –de la que salió derrotado- por eliminar los subsidios generalizados para la energía y solamente limitarlos a los casos de emergencia social.

Guzmán volvió a la carga con la presentación del proyecto de presupuesto 2022, en el cual prevé "topear" el subsidio a las tarifas en un 1,5% del PBI. Implica una revancha del objetivo que no pudo lograr este año: se había fijado un máximo de 1,7% pero el diferendo con el kirchnerismo en torno a la tarifa energética lo obligó a aumentar ese gasto hasta un nivel cercano al 3% del PBI.

De hecho, en los últimos reportes fiscales el gasto energético es uno de los de mayor velocidad de crecimiento, con un ritmo de 380% interanual.

Ahora, con el incremento del precio internacional, Guzmán tiene un incentivo extra para querer limitar el subsidio: no solamente significará un esfuerzo fiscal difícil de financiar sino también un mayor sacrificio de reservas del BCRA.

Para Martín Guzmán, la suba global de los combustibles supone un motivo adicional para "topear" el subsidio estatal al consumo energético

Un boomerang para el campo

Pero la parte más sorprendente del nuevo escenario energético es que el país no está logrando sacar provecho de los potenciales efectos positivos de la suba de precios.

Uno de ellos involucra al agro: cuando el mundo deja de lado la "energía sucia" –y por eso se disparan las cotizaciones- se suele mirar al combustible de origen vegetal, lo cual arrastra a los productos agrícolas.

Sin embargo, de momento los precios de los productos que exporta Argentina no están dando señales de suba: más bien al contrario, la soja se está ubicando por debajo de u$s460, bien lejos de su récord de u$s600.

"Siendo China el primer cliente internacional de soja no se espera que esté creciendo en 2022 al ritmo de este año. Venían creciendo vorazmente y comprando por adelantado la campaña 21-22. Pero si el tema energético sigue complejo y el crecimiento económico no va a ser tal, tanto en Estados Unidos como en China, entonces el consumo no va a crecer y no vamos a ver una demanda fuerte", observa la experta Marianela de Emilio, docente de Agroeducación e investigadora del INTA. Su visión es que los precios del 2021 serán irrepetibles en el corto plazo.

Para peor, no se ven oportunidades claras de que Argentina pueda aprovechar un boom de biocombustibles

"En el caso del maíz, no hay apoyo para el etanol en esta coyuntura. Por lo tanto, no vemos un súper ciclo de suba en maíz y soja en el corto plazo", sostiene el consultor Salvador Di Stefano, quien define la situación actual con una expresión gráfica: "Hoy llueve sopa y a nosotros nos agarró con el tenedor en la mano".

Su argumento es que, pese a ser un país con grandes reservas de gas y petróleo, no se han generado las condiciones políticas adecuadas para que se concreten las inversiones que podrían posicionar al país como un ganador de esta coyuntura global.

Lo cierto es que, con la política del "barril criollo" cotizando un 33% por debajo del precio internacional, en el sector privado se nota una reticencia a incrementar el ritmo inversor. El Gobierno espera que la situación cambie a partir de la aplicación del nuevo proyecto de ley, que ofrece incentivos, pero todavía hay factores que desaniman a los inversores, por ejemplo el hecho de no poder exportar más del 50% de la producción excedente ni tener una libre disponibilidad de las divisas por exportación.

En la medida en que el diferencial de precio entre el petróleo del mercado internacional y el del doméstico se siga agrandando, las tensiones con las empresas petroleras volverán al primer plano y las inversiones seguirán frías.

Para colmo de males, la suba de los precios en el mercado internacional trae un inesperado efecto negativo para el campo: se prevé un contagio sobre el costo de insumos derivados del petróleo, tales como los fertilizantes.

De manera que, lejos de aprovechar el coletazo favorable de la suba de commodities, el campo argentino está viendo cómo sus productos de exportación tienden a la baja mientras los costos van a la suba.

En definitiva, la peor combinación posible para una economía que no puede darse el lujo de resignar reservas, que tiene problemas crecientes para financiar subsidios y que, para colmo, ve márgenes de rentabilidad decrecientes en su sector exportador más dinámico.