El Gobierno autorizó un aumento de las tarifas de luz y gas para el año próximo que será de entre el 17 y 20 por ciento. El aumento se pondrá en marcha en enero o febrero.

Además comenzará la segmentación de las tarifas que, en primera instancia, impactará en alrededor de casi medio millón usuarios del área metropolitana AMBA, que dejarán de pagar un abono subsidiado para afrontar el consumo total.

Según trascendió de fuentes oficiales, en la ciudad de Buenos Aires se quedarán sin subsidios quienes vivan en propiedades donde el metro cuadrado supere los u$s3700, mientas que en la Provincia, se tomará como referencia el valor de la tierra.

Además, dejarán de percibir la asistencia los usuarios de barrios cerrados, la actividad financiera, el transporte ferroviario, el juego -bingos y casinos- y las oficinas públicas.

La medida fue establecida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de manera conjunta con el secretario de Energía, Darío Martínez.

Según el nuevo esquema tarifario, el incremento para todo el 2022 será de hasta el 20%, lo que está 13 puntos por debajo de la estimación de inflación que había realizado el ministro en el presupuesto 2022, que finalmente naufragó en el Congreso.

La diferencia llega al 30% según las proyecciones que realizaron consultoras privadas. 

Si bien la decisión política es no volver a ajustar las tarifas durante todo el año próximo, lo cierto es que esa definición se resolverá en la medida que los números de la economía lo permitan, según admitieron fuentes oficiales.

El Gobierno autorizó un aumento de las tarifas de luz y gas

Qué pasa con la segmentación de tarifas 

Por otro lado, el Gobierno implementará la denominada segmentación de tarifas, medida en la que se trabaja desde hace un año.

¿En qué consiste?. Con el objetivo de reducir el gasto en subsidios, la Secretaría de Energía diseñó un mecanismo que, al menos en una primera etapa, solo afectará al 10 por ciento de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los 24 municipios que la rodean. Lo que durante la pandemia se denominó como el área metropolitana, donde vive el 40% de los usuarios del país.

Se trata de un universo de 500 mil consumidores a los que se les quitarán los subsidios, que hoy representan un 60% del consumo total.

Además de hacerse cargo de ese 60% que hoy es subsidiado con fondos públicos, los usuarios recibirán en 2022 un aumento del 20%. Lo que aún no se resolvió es si se implementará de forma gradual.

La división según el tipo de propiedad se resolvió en acuerdo entre el titular del Palacio de Hacienda y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y Federico Bernal, interventor en el Enargas, ambos integrantes de La Cámpora, quienes frenaron el intento de Guzmán de aumentar las tarifas en el pasado.

El ministro quería que el precio de las boletas reflejara un mayor costo de la producción, por lo tanto había convocado a una audiencia pública, a través de la Secretaría de Energía, en la cual explicaban que era necesario aumentar las tarifas por lo menos un 30% para que no subieran los subsidios al sector. Pero, en esa ocasión, fue Bernal quien impuso su visión de incrementar el servicio tan solo un 6%.

Unos 500.000 usuarios del AMBA pagarán la tarifa sin subsidios

Para las tarifas de luz, la decisión fue actualizar el servicio solo un 9% en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la Nación tiene jurisdicción. En el resto del país, las provincias son las responsables de regular la política de precios y los incrementos de las tarifas de electricidad llegaron a ser del 35%. Esto acentuó aún más la diferencia entre los valores que se pagan en el AMBA (donde llega el servicio de Edenor y Edesur) el interior.

Las tarifas incluidas en las boletas de gas y electricidad incluyen cuatro componentes: la producción de gas o generación eléctrica, que explica alrededor de la mitad del precio (hay un subsidio del Estado y se traslada al usuario la mitad del costo real), el transporte a los grandes centros de consumo, la distribución hasta los hogares, y los impuestos, que representan alrededor de 30% del valor final, entre cargas nacionales, provinciales y municipales.

Mientras que en el caso del gas la distribución del servicio está regulada por el gobierno nacional, a través del Enargas, en la electricidad cada provincia tiene la atribución de controlarla y la de aplicar aumentos tarifarios. Según adelantaron desde el gobierno nacional, el incremento del 20% servirá como pauta para el resto de los distritos.