Por cada $100 que le quedan a un productor, deduciendo ingresos menos costos, por su trabajo tiene un socio, el Estado, que se queda con $ 63,20.

"Acerca de vacas y penas" trata la certeza del dicho que descubre lo que se reparte de la torta de impuestos entre los gobiernos nacional, municipal y provincial. Casi, como ser cajero de un banco por la ilusión de mover una montaña de plata, pero que a fin de mes cobra bastante menos. Dos tercios de la venta de las provincias productoras de granos se quedan en impuestos.

Recorrer las rutas del cereal para llegar al puerto y habilitar que, sin ningún riesgo, el socio gane, tiene hasta un costado de negra ironía, casi burlesca: los puertos del Gran Rosario guardan en el interior mismo de las plantas de descarga de granos una garita que cobra un peaje más, en favor del municipio costero que ni siquiera mantiene los caminos de acceso desde la autopista Rosario–Santa Fe, donde al salir se paga en otra casilla a la concesionaria del corredor vial.

El promedio ponderado a nivel nacional es de 63,2%, si se analizan los cultivos uno a uno. En el caso de la soja es del 67,9%; en maíz es 53,4%; en trigo, 62% y en girasol, 49,3%.

Casi 68% de lo que genera el productor con la soja queda en manos del Estado 

Los impuestos que pesan sobre el campo

Los gravámenes nacionales no coparticipables representan el 68,1% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina, principalmente son los Derechos de Exportación –mal llamados retenciones-, a los que se le suma el correspondiente a los créditos y débitos bancarios.

Los de nivel nacional coparticipables entre los Estados provinciales, representan el 26,9% y son mayormente dados por la alícuota a las ganancias -neto del impuesto a los créditos y débitos-, y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte del 26,9% como coparticipación, pero también recaudan de otras cargas. Los provinciales explican el 4,5% del total. En lo discursivo se llama federalismo.

Los municipales representan el 0,5% en el promedio nacional. El componente central son las tasas viales –un servicio inexistente por falta de contraprestación- o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

La mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son importes fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total.

Al discriminar por provincias, en Córdoba se registra un 62,9 %; en Buenos Aires y Santa Fe, ambas pagan un 61,3%; en La Pampa resulta 62,5%, mientras que en Entre Ríos es 66,1% y en San Luis 61,5%.

En cada caso hay que hacer la gimnasia que conjugan los rindes, los tributos provinciales y locales más los fletes –influenciados por distancias-, con efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. También influye la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

Todas las provincias citadas pagan Inmobiliario rural y Sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis; 0,75% en Entre Ríos y un 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe está exenta.

En Buenos Aires y Santa Fe se pagan tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen su versión al estilo de aduanas internas.

En el último trimestre hubo una mejora de precios internacionales, el precio FOB de la soja subió 5,9% entre septiembre y diciembre, maíz 12,1%, trigo 9,7%, mientras que girasol cayó 13,6%.

En cualquier caso, los mercados están intervenidos con ojos atentos y prestos al ajuste al punto de que el ministro Julián Domínguez designó "Bienes culturales" al maíz, el trigo y la carne. Un rápido pase socialista que el productor provinciano se quita la boina para rasgar la cabeza, tratando de entender. 

En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 25,8%, pasando de $81,30 por dólar a $102,3. En los últimos 3 meses, se incrementó un 4,2%.

En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses empeoró un 16,8%. Medido a precios de diciembre de 2021, el tipo de cambio de diciembre de 2020 era el equivalente actual de $122,90. El desdoblamiento cambiario se ha tornado insostenible.

Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, lo que resulta un escenario malo para cualquier actividad exportadora.

El tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses empeoró un 16,8%

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 43% está en pesos. Si se considera el costo de la tierra pasa a ser el 68% la parte dolarizada.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38 %. Si se considera el costo de la tierra, los costos dolarizados ascienden al 67%.

Los precios de los fertilizantes han aumentado hasta un 129% en dólares. Los de los fitosanitarios han tenido incrementos de hasta el 190% en glifosato, y otros que superan el 60% como el 24D, con una gran disparidad de precios. Los costos de labores se han incrementado un 10% por encima de la inflación. Presión en todos los frentes.

Entre vacas y penas, el humor del hombre de campo no está para bollos. Hay luz roja. El ministro Domínguez se había comprometido a no intervenir los mercados de trigo y maíz, pero dejó las exportaciones virtualmente cerradas. Las exportaciones de carne cerradas, tampoco contribuyen en sus particularidades. Más allá del asiento de la política económica y sus resultados adversos. El clima está muy seco en la campaña presente.

Lo que deja como lección no aprendida en este signo de gobierno es que no saben tratar con cuidado a los productores. Una palabra de más o una declaración impensada puede juntarlos rápidamente. Tal es así que el 8 de enero se juntan en asamblea en el cruce de las rutas 9 y 178, en la rotonda de Armstrong, a las 9 de la mañana.