Ese 31 de diciembre de 2001 no fue un día más en la historia argentina. Unas horas antes que la Asamblea Legislativa eligiera a un nuevo presidente de la Nación para completar el mandato de Fernando De la Rúa, que había renunciado el 20 de diciembre, se produjo un diálogo difícil entre los dos senadores más importantes de ese momento.

"Si vos no aceptás la presidencia de la Nación hoy, vas a ser responsable de una matanza y de una crisis económica peor que la del 89", advirtió con tono drástico el senador a su colega".

"No soy suicida", mi amigo respondió el otro senador desde su domicilio bonaerense.

"Pero, yo no sabía que tenía un amigo cobarde y, pensá un poco, qué pasaría si asume la Corte el gobierno", contestó desde su departamento de la calle Santa Fe en CABA el otro senador.

En ese entonces, el máximo tribunal del país estaba controlado por la llamada mayoría automática del ex presidente Carlos Menem, quien se había convertido en una especie de enemigo de los dos senadores. A uno le había pedido la entrega adelantada del poder en julio de 1989, cuatro meses antes de que terminara su mandato luego de ganar las elecciones presidenciales con el Partido Justicialista. Al otro le había jugado en contra en las elecciones presidenciales del 99 para que ganara Fernando de La Rúa, que prometía mantener la Convertibilidad.

Tanto Raúl Alfonsín como Eduardo Duhalde, de ellos se trata, que habían asumido como senadores luego de las elecciones de septiembre del 2001 querían terminar con el Plan de Convertibilidad que había lanzado Carlos Menem en abril de 1991.

El senador Duhalde no respondió al pedido de Alfonsín para hacerse cargo del país en medio del incendio de finales de 2001 hasta que no tuvo la seguridad de que la Asamblea Legislativa lo elegiría por amplia mayoría.

Por la Ley de Acefalía, el Congreso debía elegir a un presidente entre un senador, un diputado o un gobernador de provincia y el 1 de enero de 2002 esa Asamblea lo elegido a él como presidente.

A 20 años del traumático final de la convertibilidad, el dólar cuesta 200 veces más

Duhalde se enoja mucho cuando se le pregunta si el hecho de que tanto él como Alfonsín hayan sido candidatos a senadores por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2001 tenía por objetivo acumular masa política para terminar con el régimen de convertibilidad.

Lo cierto es que Eduardo Duhalde ya había comenzado a trabajar desde el 97 con sus equipos técnicos para elaborar una salida de la Convertibilidad. "La gente cree que lo que hicimos en 2002 lo empezamos en 2001, pero en realidad todo comenzó en 1997″, conto Duhalde en un reciente reportaje al diario La Nación.

En ese año le solicito a su economista Jorge Remes Lenicov que estudiara una salida a la convertibilidad. Duhalde ya se consideraba en ese entonces el candidato natural del PJ para el recambio presidencial de 1999, pese al disgusto de Menem que quería la re re elección. Casualmente fue Remes Lenicov quien redacto el decreto que se aprobó en el Congreso de la Nación el 6 de enero del 2002. La Ley de Emergencia Económica marcaba el fin de la Ley de Convertibilidad. Se terminaba en Argentina aquella relación cambiaria donde un peso era equivalente a un dólar que regía desde el 1 de abril de 1991.

Uno de los economistas que formaba parte del equipo económico de Remes contó a iProfesional que el mayor problema que tenían al asumir era poder calcular el nuevo valor del dólar. "En el mercado blue estaba a 1,30 pesos, pero nosotros pensábamos que no era el valor de equilibrio para cuando abriera el mercado cambiario el 7 de enero por lo tanto ideamos una especie de canasta de monedas con el euro, el eeal y el dólar y nos dio un valor de 1,40 pesos y ese fue el valor del dólar oficial".

El ex funcionario agregó que "el otro problema era abrir el corralito que nos había dejado Domingo Cavallo pero teníamos que pensar primero en estabilizar el mercado cambiario y después ver que hacíamos con los depósitos en dólares de la gente y los créditos pero teníamos la certeza que teníamos que pesificar la economía para que los bancos no quebraran y el tercero era renegociar al acuerdo con el FMI como nos pasa en la actualidad". El economista cuanta que la frase de Duhalde "El que deposito dólares recibirá dólares" fue perjudicial para ese momento.

El Partido Justicialista, el radicalismo y parte del Frepaso votaron en la mañana del 6 de enero del 2002 favorablemente el proyecto de Ley de Emergencia Económica que disponía la devaluación del peso, la reestructuración de gran parte de los créditos bancarios en dólares y la continuidad del "corralito" a los depósitos. Asimismo, cede el poder al gobierno de Eduardo Duhalde para establecer un sistema de control de precios y de tarifas, entre otras medidas.

Las fuerzas que dieron un voto negativo al proyecto de ley -ARI, el sector rebelde del Frepaso, los partidos provinciales y otros bloques minoritarios- advirtieron que la forma en que esta iniciativa habilita la devaluación podría generar una estampida inflacionaria que luego se generó con una inflación que llego al 40 por ciento anual en el 2002.

Con esa ley el Poder Ejecutivo logró poderes extraordinarios para aplicar futuras medidas. Se reservaba el derecho a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema (per saltum) ante cualquier medida cautelar que suspenda el cumplimiento de las disposiciones de la ley.

El proyecto oficial no mencionaba en ningún párrafo cuál será la cotización del dólar. Esta decisión corresponderá al Poder Ejecutivo, que podrá establecer por decreto "el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias". Otro de los puntos fundamentales de la iniciativa, incluido con el propósito de contener los efectos negativos de la devaluación, es el que permite convertir a pesos la mayoría de los créditos bancarios de hasta 100.000 dólares. Además se compensaría a los bancos con un fondo creado a partir de un impuesto a las exportaciones de hidrocarburos.

Por otra parte, se mantenía el corralito a los depósitos y se derogaba la ley que disponía el libre acceso a las cuentas salariales (promovida por el PJ, días previos a que cayera Fernando de la Rúa) y se faculta al Poder Ejecutivo a disponer como le parezca adecuado prórrogas en la devolución de los plazos fijos. También se pesificaron los contratos de alquiler, los saldos adeudados de las tarjetas de crédito y las tarifas de los servicios públicos, aunque éstas -se establece- serán renegociadas por el Poder Ejecutivo en el término de dos meses. Otro artículo prohibía por 90 días todos los despidos por causa injustificada.

Los hechos para la salida de la Convertibilidad se aceleraron luego del jueves 23 de diciembre, cuando bajo la presidencia de Adolfo Rodríguez Saa se decretó el default de la deuda pública más traumático que vivió la Argentina. Dos días antes se había producido la caída de Fernando de la Rúa. Lo que sorprende es que hoy luego de 20 años de aquellos sucesos como la caída de un gobierno, el default de la deuda y la salida de la convertibilidad la deuda pública se haya triplicado, el valor del dólar haya aumentado 200 veces, la inflación siga presente y el déficit fiscal continúe siendo uno de los grandes problemas de la economía argentina.

La inflación no se frenó y hoy ronda el 50%

El total de la deuda defaulteada en ese momento llegaba a los 110000 millones de dólares y luego de dos refinanciaciones a través de tres canjes 2005 2010 y el último en septiembre del 2020 la nueva deuda pública total supera los 350.000 millones de dólares. Esto implica que a pesar de todo es camino recorrido la deuda pública se triplico en la Argentina en los últimos 20 años.

Si nos referimos al valor del dólar. Hace 20 años costaba un peso y el viernes la cotización del oficial cerro a 102 pesos y el dólar libre en 200 pesos. En aquel entonces con convertibilidad existía una sola cotización, la del mercado oficial. Ahora hay por lo menos 15 precios distintos del dólar.

En ese entonces la Argentina quería cerrar un nuevo acuerdo con el FMI que recién se cerró en septiembre de 2002 en el gobierno de Eduardo Duhalde. La deuda con el FMI era de unos 10.000 millones de dólares. Hoy llega a unos u$s45.000 millones y es tal vez el principal problema económico financiero a resolver por parte del gobierno de Alberto Fernández.

De acuerdo a los últimos números proporcionados por la Oficina de Presupuesto del Congreso la deuda de la Administración Central llega a los 350.000 millones de dólares. En los dos años del gobierno de Alberto Fernández creció unos 40.000 millones de dólares. En lo que respecta a su composición la deuda nominada en moneda extranjera representa un 72% del total, y la nominada en pesos llega al 28 por ciento. En el 2001 la deuda nominada en dólares llegaba al 90 por ciento del total y la en pesos representaba un 10 por ciento. La novedad es que a partir de noviembre la tasa de sobrecargos que paga Argentina al FMI se incrementó en 100 puntos básicos 1% anual), al cumplirse 36 meses desde que el saldo de deuda con el organismo supera el 187,5% de la cuota que la Argentina tiene asignada como socio.

Las necesidades de financiamiento previstas para 2022 totalizan 17,5% del PBI. Se prevé que sean cubiertas con colocaciones brutas de títulos públicos (incluyendo intra sector público) por 10,7% del PBI, otorgamiento bruto de Adelantos Transitorios del Banco Central (BCRA) por 3,8% del PBI y desembolsos brutos de organismos internacionales por 2,9% del PBI.

Lo más inquietante es que luego de todo ese tiempo transcurrido algunos economistas sostienen que después del 2025 podría haber un nuevo default si la Argentina no mejora su performance económica y financiera en los próximos tres años y que hay dudas de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI de largo plazo en las actuales condiciones económicas financieras y políticas.