Las empresas transportadoras y distribuidoras de servicios básicos como la electricidad y agua, se encuentran en medio de una situación complicada debido a los últimos cortes de suministros en plena temporada de verano, además de estar pidiendo una fuerte actualización de sus valores en más de un 50% del precio total que llega en la factura de fin de mes.

Otro punto a tener en cuenta es el tema transporte, que en este último año sufrieron aumentos desfasados ya que mientras en algunas localidades aumentó un 130%, en otras el aumento rondó en más del 180%, generándose así fuertes desequilibrios en la población. Por tanto, es importante tener en claro qué es lo que sucede con cada uno de estos servicios para poder comprender la magnitud del problema

¿Cuál es la magnitud el problema por el que estamos atravesando? En primer lugar, tenemos el caso de la energía eléctrica, en donde a través de los años la tarifa de un consumo promedio de 250 KWh, tuvo un costo de $899 pesos en el período del 2010 al 2021, es decir que si tomamos por ejemplo al dato del 2019 se pagó $2.041 en promedio, mientras que hoy en el 2021 se encuentra pagando en promedio $1.080 pesos, esto quiere decir que el valor de la tarifa es mínimo.

 

Compararemos con otro ejemplo: en el 2015, el valor de tarifa plena (real) era de $1.194 aproximadamente, pero una familia promedio solo pagaba el 15% del valor de la tarifa, es decir abonaba por mes $179, por lo que durante los años siguientes se corrigió esta situación llegando hasta ahora en donde se paga $1.080 la factura de luz, pero esta cantidad solo cubre el 38% del valor real.

 

La situación es realmente grave. Para sostener este esquema, se necesita destinar alrededor de u$s10.000 millones de dólares (subsidios destinados a Cammesa, IEASA, etc). Una familia en la actualidad debería pagar aproximadamente $1.080 más el 70% de aumento que exigen las empresas, pero para que esto no suceda, el Estado cubriría la diferencia, logrando así que llegue al bolsillo del ciudadano solo un aumento del 9% en Buenos aires y un 6% en el interior del país.

 

La presión que ejerce esta situación sobre las distribuidoras y proveedores de energía eléctrica se vuelve cada vez más insostenible. Si hay inflación los costos aumentarán, las empresas no podrán subir las tarifas, porque el Estado será quien financie esos aumentos. Esto implica mayor presión al sector público, ya que deberá resignar recursos de otras partidas presupuestarias urgentes para solventar y mantener este esquema.

Si estos recursos no llegan a ser suficientes, el Estado empezará a emitir dinero para continuar financiando a empresas que brindan estos servicios, como es el caso de Cammesa, donde el último dato arroja que se le tuvo que transferir aproximadamente $695 millones de pesos para que esta empresa pueda continuar funcionando.

Agua: tarifas versus costos

En segundo lugar, tenemos el caso de las tarifas de agua, en donde para el 2021 su valor se encontró alrededor de $1082 pesos y si vemos más a detalle esta situación se observa un desfasaje por provincias, llevándose una de las tarifas promedio más altas Chaco, Chubut, Córdoba con más de $1.500 pesos por mes, mientras que provincias como Jujuy, Río Negro y Tucumán, pagan las tarifas más bajas del país (entre $500 y $600). Esto quiere decir que mientras algunas sufrieron un ajuste de más del 50% en relación a la inflacion anual, otras ni siquiera sintieron un mínimo aumento inflacionario.

 

Además, a partir de enero del 2022, se esperan que lleguen nuevos ajustes por encima del 65% en agua potable y cloacas. Vale la pena recordar que, si bien los aumentos fueron en parte nominales, estas empresas continúan financiándose con transferencias directas del estado de $200 millones de pesos en sus distintas entidades como el Ministerio de Obras públicas y El ente nacional de Obras hídricas de Saneamiento.

 

Lo antes expuesto, se vuelve una situación más urgente cuando vemos el mapa de crisis hídrica, generando así que en varias provincias los cortes de agua debido a las sequias y la falta de mejoras en los pozos que abastecen a cada región sean aún insuficientes; generando así que la falta de financiamiento real por parte de las tarifas sea uno de los principales problemas del sector.

Por último, tenemos el caso del transporte en donde podemos observar que al igual que en los casos anteriores, los valores del boleto de los colectivo entre provincias muestran serios desequilibrios: mientras que un boleto de transporte en el AMBA se encuentra aproximadamente en $18 pesos, en localidades de Provincia de Buenos Aires o en la zona centro (Córdoba, Santa fe y entre ríos) el valor de este se encuentra cerca de los $40 pesos; esto significa que existe un desfasaje real entre provincias debido a la cantidad de subsidios que reciben.

 

Desde el Gobierno aseguran que la idea es que los valores se encuentren por debajo de la evolución de los salarios para que, si estos tengan que aumentar la clase media baja, supuestamente no sufra el ajuste real, pero esto solo sucede en la provincia de Buenos Aires. Si sumáramos todos los valores que cuesta este desfasaje el valor se va a más de $200 millones en subsidios económicos.

 

La cuestión también pasa por la factibilidad de poder pagar la totalidad de una tarifa plena de todos estos servicios. Veamos un caso en donde una familia tipo en Buenos Aires con 4 integrantes, tenga un ingreso de $94.000 pesos al mes. Si paga las tarifas plenas (reales) de todos los servicios, tendría que abonar mensualmente: $4.000 en transporte, $2500 en agua, $3000 energía eléctrica, $31.724 canasta básica alimentaria, $ 46.890 en alquiler, sumando así un total de gastos en $88.114 pesos, sin sumar ítems como medicina, impuestos y demás servicios (internet, cable, etc).

Esto implica que, si una familia común pagara la realidad de los costos, el 93% de sus ingresos se destinarían solo a costo de vida, significando así que tendrían que trabajar más sí o sí para no caer por debajo de la línea de pobreza, por lo que perder un trabajo no sería una opción factible.

En conclusión, Argentina necesita vivir la realidad que está atravesando, esto quiere decir que el Gobierno debe ser capaz de asumir el costo de sus malas decisiones económicas ajustando en donde es necesario y que la sociedad sea capaz afrontar los verdaderos gastos y de ver que, aunque sus tarifas sean subsidiadas y paguen un mínimo en algunos servicios, en otros como alimentos y bienes pagan hasta el doble para poder solventar los subsidios en la luz, agua y transporte.

Pero, aunque muchos simpatizantes crean que el Estado toma estas decisiones para ayudar a los que menos tienen, la realidad es que el costo existe para todos y está presente en forma de impuesto inflacionario, ya que vivimos en una sociedad que se encuentra en top 10 de los países con mayores niveles de inflación y esto no va a cambiar a menos que nos demos cuenta que vivir la realidad por más dura que sea es lo mejor para todos en el largo plazo.

Damián Di Pace – analista económico