El Congreso de la Nación podría tratar en las sesiones extraordinarios de enero y febreroun proyecto de ley que impulsa impulsado por el Gobierno que busca prohibir la fabricación de autos convencionales dentro de sólo 20 años.

Se trata del proyecto de Ley de Movilidad Eléctrica,  que prohibe la venta de los vehículos a combustión fósil para fines de 2041. Esto genera preocupación entre petroleras, terminales automotrices y productores de biocombustibles.

En ese contexto, la industria petrolera, las empresas productoras de biocombustibles y las -en menor medida- terminales automotrices expresaron su preocupación por la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar el proyecto -también conocido como Ley de Electromovilidad- para que se trate en sesiones extraordinarias en el Congres.

"En un contexto de crisis cómo este, es riesgoso tomar decisiones a largo plazo que luego pueden ser contraproducentes. La flota de autos eléctricos en la Argentina es ínfima y el país prácticamente no tiene desarrollo de infraestructura eléctrica ni tampoco regulatoria para garantizar el suministro eléctrico a futuro. De hecho, las redes de distribución de AMBA están al límite en cada verano", advirtieron desde una empresa petrolera.

Según trascendió, la idea en la Casa Rosada es retomar la iniciativa política este año con seis proyectos que el gobierno considera estratégicos, entre ellos el de Movilidad Sustentable. También planea avanzar con los proyectos de Ley de Inversiones Hidrocarburíferas, la Ley de Industria Automotriz, una norma para desarrollar la industria del cannabis, la Ley de Compre Argentino y el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial. Es el presidente Alberto Fernández quien impulsa el tratamiento legislativo de esas seis iniciativas.

Qué dice el proyecto

Como todavía no fue presentado formalmente en ninguna comisión de alguna de las dos cámaras, el proyecto no tiene estado legislativo. De todos modos, la intención del Poder Ejecutivo es tratarlo en sesiones extraordinarias, por lo que la norma podría votarse directamente en el recinto sin precisar dictámenes previos.

Se trata de una iniciativa que busca reemplazar el parque automotor que funciona a combustión interna por autos eléctricos, con la intensión de reducir las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, desarrollar la tecnología y la industria nacional del sector.

Sin embargo, desde la industria automotriz apuntan que "l riesgo del proyecto es que convierta en un cascarón vacío y que sólo quede el prohibicionismo de los autos a combustión" por lo que destacan que "para avanzar con una iniciativa así, habría que trabajar en conjunto con automotrices, empresas de energía, de infraestructura, distintas carteras de gobierno".

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado Matías Kulfas,  abarca metas ambientales para combatir el cambio climático y, además, cuenta con incentivos a la oferta y la demanda de los vehículos eléctricos.

Matías Kulfas, impulsor del controvertido proyecto

Fuertes críticas

Desde la industria petrolera señalan que prohibir la venta de autos a combustibles para 2042 es contradictorio con el proyecto de incrementar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta para apalancar el crecimiento económicos y la generación de divisas frente a la restricción externa que tiene contra las cuerdas a la macroeconomía del país.

Entre las refinadoras, son varias las que están encarando o terminando proyectos de inversión para mejorar la calidad del combustible que refinan. Son inversiones que requieren un período de repago a largo plazo. Empresas como YPF, Axion Energy y Raízen tienen proyectos en marcha de esa naturaleza.

Por su parte, Emmanuel Amorín, docente del Seminario Energía, Civilización y Poder de la UBA, aseguró que se trata de "un proyecto para un país rico, no para una Argentina con más del 40% de su población por debajo de la línea de pobreza" y advirtió que que prohibir la venta de vehículos a combustión interna dentro de 20 años choca con la idea de impulsar Vaca Muerta con el objetivo de generar divisas para un país que las necesita imperiosamente".

"¿Quién puede oponerse a una idea que pretenda desarrollar la movilidad sustentable de la población? Pero se trata de un proyecto regresivo, donde el Estado deberá destinar cuantiosos subsidios para quienes tengan la posibilidad de comprarse un auto o camioneta, que no son precisamente todos los habitantes de nuestro país. El proyecto no calcula ningún costo fiscal, pero advierte que lo tendrá", detalló el especialista.

¿Cómo impactará este proyecto en la industria automotriz?

El docente de la UBA calculó que Argentina tiene un parque automotor de unos 12 millones de vehículos: con una conducción media anual de 20.000 km por unidad, se totalizan 240.000 millones de kilómetros conducidos por año. Por otro lado, cada vehículo eléctrico consume unos 20 kwh cada 100 km, lo que arroja un estimado de consumo anual de 48.000 millones de kwh.

"Es un 35% del consumo actual de energía eléctrica de nuestro país. ¿Alguien tiene alguna duda de que esto va a tensar -si no colapsar- el sistema eléctrico argentino? Las redes de distribución eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires están al límite en cada verano", indicó Amorin.