Nunca se lo menciona explícitamente en los discursos sobre las negociaciones con el FMI, pero el rubro de los salarios públicos es uno de los elementos centrales para determinar qué tan sustentable será la ecuación fiscal. Y es uno de los temas calientes sobre los que habrá que tomar una decisión en el corto plazo.

La central sindical ATE, con fuerte peso entre los trabajadores estatales, acaba de poner en blanco sobre negro la gravedad de la cuestión al emitir un comunicado en el que advierte sobre una inevitable conflictividad si el Gobierno no cambia su criterio salarial. Básicamente, piden que el esquema de paritarias formales con vigencia anual sea sustituido por un régimen abierto y de revisión continua en el que los haberes sean corregidos ante cada escapada inflacionaria.

Y el pedido de los dirigentes gremiales se justifica en la historia reciente. En el final de la gestión macrista y el primer año de la nueva gestión, fueron la variable de ajuste del gasto, con una caída real de 24%. En el momento duro de la cuarentena, los salarios estatales sufrieron un virtual congelamiento al quedar suspendidas las paritarias. En aquel momento, los dirigentes gremiales admitían que en un contexto de crisis por inactividad del sistema privado, no se podía protestar por el sector estatal, cuyos empleados seguían percibiendo su salario, aun cuando muchos de ellos permanecían en sus domicilios. Pero se habían fijado el objetivo de que 2021 sería el año de la recuperación.

Fue así que en mayo pasado se firmó un acuerdo de mejora en cuotas que alcanzaba 35%. Ya en ese entonces estaba claro que la meta oficial de inflación sería largamente rebalsada, por lo que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se comprometió a implementar cláusulas de revisión. Lo cierto es que desde ese acuerdo hasta hoy se acumuló una mejora de 40%, y según el Indec, el sector público lideró en 2021 la recuperación, con una suba que superó en seis puntos la inflación.

Ahora, con expectativas inflacionarias que se acercan al 60%, los gremios estatales nuevamente se pusieron en alerta ante la perspectiva de volver a ser una variable de ajuste. Ese temor se intensificó al calor de la discusión política, luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitiera que el FMI le estaba pidiendo más celeridad en el recorte del gasto público -donde los salarios estatales y las jubilaciones superan el 50%-.

De hecho, la tensión interna volvió a la coalición gubernamental luego de que referentes del kirchnerismo empezaron a insinuar que sería preferible la ausencia de acuerdo antes que uno que pusiera en riesgo el crecimiento de la actividad y el consumo. El malestar se acrecentó por lanadmisión de Guzmán en el sentido de que el eventual nuevo programa incluiría misiones trimestrales en las que el FMI inspeccionaría el cumplimiento de las metas de recorte fiscal.

Candidato al ajuste

Guzmán había afirmado, al presentar el presupuesto, que los sueldos tendrían este año una ganancia real

Lo cierto es que uno de los grandes interrogantes que se plantea el Gobierno en este momento es de dónde recortar para achicar la diferencia entre la proyección fiscal de Guzmán -un déficit de 3,1% del PBI en 2022- y el 1,9% que exige el Fondo. Hay economistas que advierten que la divergencia puede ser mayor que la que aparece a simple vista. Por ejemplo, Gabriel Caamaño de la consultora Ledesma, calcula que la diferencia planteada por el organismo podría ser de dos puntos del PBI, dado que hay diferencias metodológicas con Guzmán en la forma de medir ingresos y egresos fiscales.

Esta situación hace más relevante la lupa sobre la erogación en salarios públicos. Y hay quienes están haciendo números al respecto. Un informe de la Fundación Mediterránea indica que se podría llegar a un déficit de 1,4% siempre que la inflación no supere la del año,pasado, que la recaudación se mantenga en términos reales, con jubilaciones y asistencia social en línea con la inflación, pero aplicando al resto del gasto una suba nominal de 33% -lo que implicaría un recorte de 12% en términos reales.

Agrega el informe que si el gasto público subiera como la inflación de 2021 -un 51%- entonces el déficit se mantendría dentro de las proyecciones de Guzmán, pero que si el gasto evolucionara al ritmo del PBI nominal, entonces el déficit fiscal llegaría a 3,5%, lo cual implicaría que, lejos de recortarse, el rojo de las cuentas se estaría agravando.

Guzmán ya se comprometió a aumentar en términos reales la obra pública y la asistencia social, lo cual deja flotando en el ambiente económico la posibilidad de que, licuación inflacionaria mediante, las jubilaciones puedan volver a ser una variable de ajuste, y que también haya una pérdida real en los salarios de los empleados estatales.

Uno de los analistas más explícitos al respecto fue Carlos Melconian, quien afirmó que "el Gobierno necesita a la inflación para que le haga el trabajo sucio de licuar el gasto público que no se anima a recortar". Y en base a esa afirmación insinuó que no hay una verdadera decisión de frenar el ritmo inflacionario, porque eso "le crearía un problema".

La lógica del "año par"

Con expectativas inflacionarias que se acercan al 60%, los gremios estatales nuevamente se pusieron en alerta

En definitiva, los motivos para sospechar que salarios y jubilaciones podrían sufrir en 2022 se acumulan, como quedó en claro con la advertencia sindical sobre el riesgo de una escalada conflictiva con los gremios estatales.

Guzmán había afirmado, al presentar su proyecto de presupuesto, que los sueldos tendrían este año una ganancia real. Lo mismo había prometido el año pasado, y en varios casos se cumplió, pero gracias a la reapertura de paritarias cuando quedó evidente que la proyección del ministro se había quedado corta.

Ahora el pronóstico de Guzmán quedó ridiculizado varios meses antes de empezar el año: con la escalada de precios, el mercado espera una inflación cercana al 60%, casi el doble de lo escrito en el presupuesto. Mientras tanto, en el sector privado empresas están programando aumentos salariales de entre 40% y 50%.

Pero en el sector público todavía no está claro el rumbo salarial. A diferencia del año pasado, teñido por el clima electoral, este 2022 estará dominado por la lógica fiscalista de los "años pares".

Con más de tres millones de asalariados -sumando la administración central, las provincias y los municipios- este sector es lo suficientemente grande como para influir en el humor social y el clima político, pero ese mismo tamaño es, también, el que lo convierte en candidato a ser variable de ajuste.

La pulseada política interna y la cruda realidad de la caja -ya sin la ayuda de los ingresos extraordinarios de 2021- determinarán la respuesta al reclamo de la "paritaria estatal permanente".