El Gobierno está preocupado por el problema que tiene en el frente externo con el ingreso y egreso de dólares. Sucede que el bajo precio del tipo de cambio mayorista, comparado con los demás dólares, hace que importar sea un negocio muy atractivo por estos días mientras que el nivel de exportaciones, como es habitual en esta época del año, empieza a descender.

Así, el volumen de pedidos de aprobación de licencias en el marco del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) se mantiene elevado. Recordemos que las importaciones crecieron un 49% durante 2021 y pasaron de u$s42.356 millones en 2020 a u$s63.200 millones el año pasado. Y las autoridades buscan limitar esa evolución para tratar de frenar el goteo de dólares que padece el BCRA por esa vía en un comienzo de año difícil en materia de disponibilidad de divisas.

Esto se da en un contexto en el que el Gobierno avanzó con un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que establece una meta elevada de acumulación de reservas. En tanto, por cuestiones estacionales, febrero suele ser un mes en el que la liquidación de divisas suele tender a la baja (aunque este año viene evolucionando muy positivamente) producto de que cae la exportación de granos. En conclusión, suelen entran menos billetes verdes al país a medida que avanzan los días.

El Gobierno ha ido implementando distintas estrategias para limitar la demanda de divisas para el pago de importaciones y tratar de acumular reservas. Así, desde 2021 viene aplicando sucesivos cepos a esas empresas, como las trabas a automóviles importados y, previamente, la limitación en el adelanto de importaciones.

Y mucho se comenta en la city que, a raíz de la escasez de reservas del BCRA y ante la necesidad de llegar a marzo/abril, meses en los que comienza la liquidación de la cosecha de soja, lo mejor posible, el Gobierno va a implementar nuevos controles.

Varios importadores aseguran que la AFIP limitó discrecionalmente su capacidad importadora.

Un mecanismo poco ortodxo

En ese contexto, en las últimas horas, algunas empresas registradas como importadores denuncian que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) les limitó arbitrariamente la capacidad importadora. Una fuente del sector informa a iProfesional que, "desde el primero de febrero, varias firmas vieron reducida su capacidad exportadora arbitrariamente desde la AFIP".

¿Cómo es eso? Según explica a iProfesional Esteban Marzoratti, ex Secretario de Importaciones de la Nación, "a través del cálculo de la Capacidad Económica y Financiera (CEF), la AFIP define el volumen que pueden importar las empresas".

Ese índice se actualiza mes a mes automáticamente por medio de una fórmula que tiene en cuenta, actividad, presentaciones de IVA y facturación y liquidez, entre otros elementos. Marzoratti indica que "el CEF va Desde $0 a ilimitado". Así, si una empresa no tiene un cupo aprobado, automáticamente, cuando ingresa al sistema SIMI, no puede generar la licencia.

Y muchas están viendo que ese índice ha sido modificado sin criterio alguno en el último tiempo. Las empresas afectadas son alrededor de 1.000, muchas de ellas son compañías que presentaron medidas cautelares para importar ante la Justicia, señala la fuente.

Las empresas temen por nuevas trabas a las importaciones.

¿Una manera de contrarrestar la judicialización? 

"Son empresas que tienen todo en regla y, sin aplicar el criterio que se suele implementar para calcular el CEF, les han bajado abruptamente el cupo. Por eso, muchas están analizando la judicialización de este tema", explica la voz del sector importador.

Consultado al respecto, el experto en comercio exterior Miguel Ponce coincide en señalar que se observa "cierto nivel de discrecionalidad en la aprobación de las licencias importadoras", aunque desde la Cámara de Importadores niegan que alguno de los socios haya tenido este tipo de problemas.

Sin embargo, Ponce observa que el Gobierno está haciendo una jerarquización de ciertos sectores para trabar las importaciones. "Yo creo que primero están trabando las empresas de bienes terminados y no las de insumos", explica.  Esto se debe a que buscan controlar este frente de pérdida de reservas sin afectar la recuperación económica, que depende mucho de que ingresen insumos para la producción desde el exterior.

Y no es de extrañar que así sea porque casi el 90% de las empresas que vienen judicializando el proceso de autorización de importaciones son firmas que ingresan al país bienes terminados, aunque Ponce indica que hay algunas que traen productos terminados, que no se fabrican localmente y son insumos para la industria que también tuvieron problemas con las licencias SIMI y  judicializaron sus casos.

En el sector señalan que esta corrección "discrecional" del índice CEF sería un recurso del Gobierno para contrarrestar el alto nivel los fallos a favor (tanto de medidas cautelares como de las apelaciones a los fallos adversos) de las empresas y en contra de la Secretaría de Comercio Exterior que se están viendo en el último tiempo por parte de la Justicia.

Por otro lado, por estos días, el Gobierno comenzó a convocar a distintos sectores económicos para adelantarles cuál será la pauta para importaciones en 2022. Y, tal como plantea Ponce, el objetivo del Gobierno es priorizar a la industria nacional (de bienes terminados e insumos), por lo cual las más perjudicadas son las importadoras netas.

En consecuencia, por estos días hay temor entre los importadores de ver afectado su negocio en breve por nuevas medidas que limiten su accionar y la industria teme por la disponibilidad de los insumos que necesita pata seguir generando productos. Y es que muchos expertos están advirtiendo por estos días que las limitaciones al comercio exterior podría representar una traba para la recuperación económica en los próximos años.