No cumplir y caer en los temidos "waivers", el temor de Cristina Kirchner ante el acuerdo con FMI

En la recta final para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va quedando en claro cuál es la divergencia fundamental en la interna de la coalición gubernamental: el kirchnerismo tiene la casi certeza de que, tal como están planteadas las cosas, lo que se firme con el organismo no será cumplible y que, inexorablemente, eso llevará a los temidos "waivers".

En traducción literal, significa un pedido de perdón. En la jerga financiera, es la admisión de que una de las partes no cumplió con lo prometido en el contrato original y solicita de la otra la dispensa, a cambio de más adelante ponerse al día con lo pactado o hacer una reparación.

Tratándose del FMI, estos waivers pueden ocurrir cada vez que las misiones trimestrales de auditoría vengan al país para revisar las cuentas y se encuentren con que los números de la economía no están marchando de acuerdo a lo pactado, ya sea en los números fiscales, en la política monetaria o en la cambiaria. Ante esa situación, el FMI tiene dos opciones: la primera es aceptar el incumplimiento a cambio de un compromiso del Gobierno para  reencauzar el plan; o, ya ante incumplimientos repetidos o de mayor gravedad, puede decidir cortar el flujo de dólares con los cuales el país va saldando su cronograma de pagos.

En otras épocas, los pedidos de waivers fueron una constante, ante las complicaciones para cumplir los recortes fiscales. Y Cristina Kirchner está convencida de que ese peligro se cierne sobre el acuerdo que está por cerrar el ministro Martín Guzmán.

El principal temor reside en la cuestión fiscal. Curiosamente, es un punto en el que el kirchnerismo parece coincidir con los economistas más ortodoxos. El planteo es que el recorte para este año, contrariamente a lo que afirma el ministro, no será de medio punto del PBI, porque cuando se toma en cuenta que este año no se contara con recursos extraordinarios, como el aporte de las grandes fortunas, el esfuerzo fiscal que se deberá hacer es del doble del que el ministro aseguró.

Los analistas del mercado indican que las cotizaciones de los bonos están reflejando esa incertidumbre. Por caso, un informe de Consultatio explica por qué los bonos en pesos tienen menor recorrido alcista que los títulos en dólares: "El acuerdo esperado no será suficiente para generar un shock de expectativas positivas, probablemente debido a que también se desconfía de que el país puede cumplir sus metas".

Desde el punto de vista del kirchnerismo, ante un eventual incumplimiento de metas, puede darse un escenario que perjudique políticamente al Gobierno, porque el waiver implicaría que el Fondo Monetario pudiera exigir un mayor ajuste fiscal, por ejemplo en el recorte de partidas de obra pública o de planes de asistencia social, o que directamente sugiera una devaluación más rápida de la que se está implementando en este momento -un ritmo proyectado de 40% anual-.

Tarifas, en la búsqueda del tope

Uno de los principales motivos de preocupación es el tarifario, y no solamente por el efecto político que expondrá al Gobierno a la antipatía de la opinión pública. La cuestión central es que las tarifas han sido, junto al tipo de cambio, las principales anclas para contener la inflación.

El kirchnerismo cree que una suba fuerte de las tarifas traerá como consecuencia una aceleración inflacionaria, lo cual, a su vez, podría implicar que el FMI exigiera una mayor devaluación, dado que el ministro Guzmán asumió el compromiso de no generar un mayor retraso del tipo de cambio.

Es cierto que juega a favor del ministro la gran suba de precios de materias primas en el mercado global, pero esa situación funciona tanto para el ingreso de divisas como para la salida. Porque al mismo tiempo que implica una mayor exportación de soja, maíz y trigo, también hace prever un incremento de las compras de gas, que durante el año pasado ya tuvo un crecimiento explosivo de 121%.

Es por este motivo que la cuestión tarifaria está en el centro de la negociación. En las últimas horas trascendió que el kirchnerismo quiere reflotar un viejo proyecto de Sergio Massa, que establecía para las subas de los servicios públicos un tope de 80% de la variación del coeficiente de salarios.

Claro, hay una diferencia sustancial: cuando Massa hizo aquella propuesta -que fue aprobada y vetada durante la gestión macrista- ya se había producido un gran "tarifazo", de manera que los subsidios energéticos eran de "apenas" u$s4.400 millones, una cifra que luce pequeña en comparación con los u$s14.000 millones proyectados para este año.

En otras palabras, el incremento necesario ahora para cumplir con el objetivo fiscal sería difícil de conciliar con ese tipo de tope. El Gobierno está pensando en una meta salarial de 40% para el año, lo cual dejaría el techo de aumento tarifario en 32%, algo que ya es visto como demasiado alto por el ala kirchnerista, que no acepta más de un 20% de suba. En todo caso, con una inflación estimada en 55%, resulta poco probable que el FMI acceda a una fórmula que, en términos reales, abarate el costo de los servicios públicos.

Entre la tijera fiscal y el waiver

Lo cierto es que la posibilidad de un incumplimiento fiscal está rondando el ambiente político. El Fondo quiere, entre otros puntos, una revisión -léase recorte- en las transferencias discrecionales a las provincias. Algo que ya tiene en alerta a los gobernadores, que están reclamando mayores traspasos de fondos para subsidiar el transporte colectivo, al punto que el cordobés Juan Schiaretti quiere formar un frente común con otras provincias para presionar en bloque al gobierno nacional.

También hay un tema que genera especial preocupación en el kirchnerismo: bajo la denominación de "racionalización del gasto", el FMI plantea un recorte en las partidas de asistencia social, ya que entiende que hay beneficiarios que no deberían estar recibiendo la ayuda actual. Específicamente, el Fondo quiere topear la cantidad de gente que cobra el programa Potenciar Trabajo -cuyo monto equivale a medio salario mínimo- y que actualmente tiene una nómina de 1,2 millones de beneficiarios. 

Más urticante aun, el FMI tiene en la mira la masa salarial de los empleados estatales, que estima no debe crecer en términos del PBI. Esto implica que no podrá haber aumentos salariales que no estén justificados por una suba real de la actividad económica -y, por ende, de la recaudación tributaria-.

Esto implicaría que el incremento a negociar en la próxima paritaria difícilmente exceda el 45%, lo cual hace prever choques con los sindicatos, que ya advirtieron que no aceptarán ajustes por debajo de la inflación.

¿Reforma jubilatoria en la letra chica?

El aspecto fiscal no es el único punto en el que se teme que haya un incumplimiento -y, por lo tanto, un pedido de waiver-, porque también el recorte en la financiación del gasto con emisión monetaria está puesto en duda.

Guzmán, que en 2021, debió recurrir a "la maquinita" por una suma equivalente a 3,7% del PBI, se comprometió a utilizar sólo un punto este año. Una meta que los analistas consideran de difícil cumplimiento.

"Si bien el Ministro de Economía afirmó que otros organismos podrían aportar casi 1 punto del producto, la meta no solo luce difícil sino que tan sólo explica menos de la mitad del ‘gap’ resultante. Mayores precisiones serán necesarias en este aspecto para que la meta de reducción del financiamiento monetario del déficit sea creíble y efectivamente pueda anclar expectativas inflacionarias y devaluatorias", observó un reporte de la influyente consultora Ecolatina.

Para muchos analistas, las dificultades en el plano fiscal harán que inevitablemente el ministro de Economía deba recurrir en mayor medida que la prevista a la asistencia financiera del Banco Central. Es decir, otra instancia de waiver a negociar con el Fondo.

Es en ese marco que una de las preocupaciones de Guzmán pasa por asegurarse un robusto crecimiento de la recaudación impositiva, algo que también genera escepticismo del mercado, porque el incremento del año pasado estuvo generado por un rebote económico post cuarentena que este año no se sentirá con la misma fuerza, además del incremento de los aportes extraordinarios.

Por eso, entre los temas en debate, figura un revalúo inmobiliario que permita aumentar la recaudación del impuesto a los Bienes Personales, sin que eso implique un aumento de las alícuotas, lo cual implicaría un difícil debate en el Congreso.

Pero todavía podría haber más riesgos. A pesar de que Guzmán prometió que el acuerdo con el FMI no implicaría las clásicas reformas estructurales, se filtró un borrador de acuerdo en el cual el organismo solicita que se empiece a estudiar un cambio en el sistema jubilatorio, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad financiera a largo plazo. En principio, esa reforma incluiría la suba de edad jubilatoria en un esquema voluntario y, además, trataría de limitar la profusión de regímenes especiales.

Esta "letra chica" no sólo sería directamente inadmisible para la facción más radicalizada de la coalición gubernamental, sino que también implica otro riesgo serio de incumplimiento y, por ende, quedar "a tiro de default" con el FMI.

La sensibilidad política está exacerbada por el análisis de acuerdos recientes del organismo. Uno de ellos, el de Costa Rica, es un ejemplo de un corte en los desembolsos del FMI, porque el parlamento no dio curso a una reforma jubilatoria a la que el gobierno se había comprometido con el organismo.