En contraste con el gesto de alivio que exhibe Martín Guzmán después de haber llegado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se lo nota cada vez más tenso al secretario de Comercio, Roberto Feletti, por la evidencia de que la inflación se le está yendo de las manos al Gobierno.

Así como en el fin de año el foco principal de preocupación había estado en las carnicerías, ahora se están escuchando voces de alarma desde las panaderías y los fabricantes de productos alimenticios en base a harinas.

Ha habido casos de aumentos de 20%, y también se escuchan reclamos por demoras en las entregas. Los supermercados acusan a los fabricantes de retener mercadería y llevarlos al borde del desabastacimiento, pero al mismo tiempo los panaderos e industrializadores se quejan de los molinos que venden la harina, y éstos a su vez protestan contra los productores de trigo, que a su vez le echan la culpa… al Gobierno, por distorsionar al mercado con medidas intervencionistas.

En el medio de esa situación está Feletti, cuya hiperactividad cada vez es menos interpretada como señal de ejecutividad sino de impotencia. Los precios que más suben son los de alimentos, que se ubican en promedio un punto porcentual sobre la inflación general, lo cual lo pone en el epicentro del debate político.

Su gran herramienta política, los acuerdos de precios, se están revelando cada vez menos efectivos, como él mismo admitió al señalar cómo había empresarios los firmaban pero después se hacía difícil que los cumplieran.

Para colmo, ahora esa mecanismo de control de precios se hace todavía más difícil de utilizar, dado que el acuerdo con el FMI impone que cada nuevo programa de precios tenga que contar con el aval del organismo crediticio.

Feletti y su estrés "multicausal"

A esta altura, ya puede afirmarse que lo que en un momento pareció una "victoria ideológica" del Gobierno -el reconocimiento, por parte del FMI, de que la inflación es un "fenómeno de origen multicausal"- ya se volvió un factor en contra.

Ocurre que el combo de crisis geopolítica por la guerra en Ucrania, sumado a la alta demanda alimentaria desde Asia, y la influencia de factores domésticos como la brecha cambiaria, las tarifas y la política impositiva, se está transformando en una bomba imposible de desactivar.

Roberto Feletti, en el ojo de la tormenta: tras la elevada inflación de enero y febrero, se reportan nuevas alzas de precios en alimentos

En comparación con lo que le ocurre a Feletti, eran más fáciles los tiempos de Guillermo Moreno, en los que el discurso oficial del Gobierno radicaba en que la culpa la tenía la ambición de los empresarios y, por lo tanto, se enarbolaban políticas intervencionistas y amenazas de sanciones.

Ahora la situación es más compleja: ya fracasó el cierre exportador de la carne, y tampoco parece que haya margen político para volver a insistir con las retenciones móviles a la exportación de materias primas agrícolas.

El nuevo escenario también le resta visos de credibilidad a iniciativas más extremas y arriesgadas, como la conformación de una empresa estatal de alimentos, que ya despertaba poco entusiasmo a nivel político y ahora, con el FMI haciendo de copiloto, parece menos probable aun.

Aquella iniciativa, que finalmente no fue oficializada por Alberto Fernández en su enumeración de políticas económicas, suponía el apoyo a pequeños productores y proponía el apoyo estatal para la distribución de alimentos. Su función, en teoría, sería la ayuda a que se comercializaran a "precios testigo" alimentos más baratos que los de los "grupos concentrados".

Pero naturalmente la oposición política encontró un inmediato resquicio para comparar esa propuesta con la experiencia chavista de la PDVAL, una empresa estatal formada para combatir la escasez y la inflación, un cometido en el que fracasó notablemente.

Y, además de criticar la creación de una nueva estructura burocrática, plantearon su principal temor: que la nueva empresa asumiera como cometido el trabajar a pérdida -en realidad, que se transforme en un esquema de subsidios a productores- para tratar de combatir la suba de precios con mayor gasto público.

Medidas desesperadas

Fue en ese marco de controversia que Feletti concretó su última gran apuesta: el fideicomiso por el cual los exportadores de trigo y maíz deben subsidiar a los industrializadores. La idea contó con un rechazo rotundo por parte de los empresarios, que le auguraron el fracaso.

Por ejemplo, el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, le dijo a Feletti en la reunión que el instrumento de sacarle dinero a los exportadores para subsidiar a las industrias ya había sido usado en el pasado, con pobres resultados, porque erraba el foco al no incentivar la producción.

Mientras que Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, argumentó que, en vez de establecer un sistema en el que el exportador subsidie al industrial, era preferible aliviar la situación tributaria del consumidor, por ejemplo con la reducción del IVA a productos como los fideos.

Pese a todas las advertencias en contra por parte de los productores, el Gobierno apuesta al fideicomiso del trigo como forma de contener los aumentos de precios

Y el funcionario terminó confesando a los empresarios que entendía sus protestas pero que se estaba quedando con menor margen de acción política.

"Nos escuchó, entendió que la problemática de los productores es diferente en las diferentes zonas del país. Pero consideró que este era un mecanismo para ellos importante de establecer para tratar de desvincular los precios internacionales del mercado interno", señaló Idígoras.

Lo cierto es que, a pesar de todas las advertencias, Feletti dejó en claro cuál es su prioridad: el famoso "desacople" de los precios récord de trigo y maíz. Y, por otra parte, dejó en claro que aunque el pedido de subsidiar la demanda puede tener lógica económica, en este momento no pasa el filtro político: si hay algo que el Gobierno no puede aceptar en este momento es una reducción en el IVA, un rubro que el año pasado representó un 29,5% de toda la recaudación de impuestos.

La lógica del "Plan Postergar"

La firma del acuerdo con el FMI, según la perspectiva de economistas de las más diversas tendencias, difícilmente resuelva el problema de la inflación, y acaso la termine agravando.

Martín Redrado, un ex presidente del Banco Central y con aceitadas conexiones en las finanzas internacionales, argumentó que la nueva carta intención es el resultado de una falta de plan económico del Gobierno argentino. "Ha nacido el Plan Postergar, se postergan los principales problemas del país, se posterga la solución del problema inflacionario", fue su gráfica definición.

Su argumento es que este momento requiere incentivos a la exportación, y que se podría lograr con un programa que le baje las retenciones a las empresas que puedan vender más o abrir nuevos mercados. "Eso no sacrificaría la recaudación impositiva y premiaría a los mejores exportadores", explica. Pero cree que no ocurriría, porque el Gobierno tiene otra mirada ideológica del tema y, además, el FMI no tiene incentivo para medidas de ese tipo porque sólo le interesa estabilizar la situación de pagos de Argentina.

En la misma línea, el consultor Salvador di Stefano, influyente en el ámbito agropecuario, advirtió que "se está incubando un shock inflacionario hacia los meses por venir", como consecuencia de una política económica que no pone el foco en ampliar la capacidad de generar dólares.

Y lo irónico del caso es que esto ocurre en un verano excepcional, en el que las exportaciones de oleaginosas y cereales aportaron u$s4.942 millones, un récord histórico. Para tener una dimensión de este fenómeno, lo exportado en el arranque del año es un 25% más que lo ingresado en dos meses del año 2020 y un 46% por encima del promedio de los veranos de la gestión macrista.

Pero el Gobierno, más que ver una oportunidad de venta, parece más asustado por los efectos colaterales.

"Las principales potencias del mundo hablan de crisis alimentaria, estamos ante una situación realmente tensa a nivel mundial. El precio de la tonelada de trigo pasó de 280 a 410 dólares; por este motivo herramientas como el fideicomiso del trigo y el maíz colaboran en garantizar abastecimiento y precio para el mercado y el consumo hogareño", dijo Feletti en televisión tras la disparada de precios.

Pero su preocupación viene de bastante tiempo atrás. Cuando nada hacía prever la invasión a Ucrania, ya veía con preocupación el mercado y afirmaba con resignación: "Estamos perdiendo la batalla de los productos frescos", reconocía.

Martín Guzmán argumenta en favor del acuerdo con el FMI, pero tanto en el oficialismo como en la oposición ponen en duda que las metas sean cumplibles

Meta incumplible: ¿Guzmán festeja?

En ese marco, economistas de la oposición como Luciano Laspina no se andan con eufemismos, y califican al plan de acuerdo con el FMI como "una bomba de tiempo".

De hecho, el acuerdo con el FMI todavía no se votó y la percepción generalizada del mercado es que la meta comprometida para la inflación de este año -un 43% con un margen de error de +-5 puntos- luce como un objetivo casi imposible.

Por lo pronto, la encuesta entre economistas que realiza el Banco Central es de una elocuencia demoledora: aun cuando mejoraron las expectativas en variables como el tipo de cambio y el saldo de la balanza comercial, el pronóstico sobre inflación sigue corrigiéndose al alza, con un 55% proyectado para el año.

El dato de febrero, que se dará a conocer en los próximos días, rondará el 4% según las principales consultoras del mercado. Marzo, que por motivos estacionales suele ser un mes de inflación alta, vendrá con un arrastre que, para los economistas, lo llevará a 4,3% y también en abril habría aumentos de precios por encima del 4%.

Con semejante arranque del año -un 17% de inflación en el primer cuatrimeste- sería necesario que en el resto del 2022 hubiese una inflación promedio en torno al 2,5% mensual para que la meta de Guzmán fuera cumplible.

Por cierto, las críticas no se limitan a la oposición. Acaso más dura sea la visión desde el kirchnerismo, donde se teme que la nueva política tarifaria eleve el piso de la inflación, llevándola a una situación de pérdida real de los salarios.

Sobre ese punto escribió Fernanda Vallejos, la ex diputada que se ha transformada en una de las más feroces críticas del ministro Guzmán. Su temor es que, ante la mayor inflación, el Banco Central termine acelerando el ritmo devaluatorio, lo cual a su vez tendría un efecto de contagio sobre los precios.

A esta altura, ya son muchos, tanto desde la oposición como desde la coalición gubernamental, los que insinúan que, en el fondo, la inflación alta es el elemento central del plan económico, porque es el verdadero factor que puede hacer cumplible la meta fiscal, mediante su poder de "licuación" del gasto público.