La "declaración de guerra" a la inflación tiene muchos más elementos que los referidos a las retenciones de exportación agrícola y a los controles de precios. En realidad, la percepción de los economistas es que esa parte, aunque sea la que se lleva la mayor atención mediática, es la menos efectiva en términos reales.

En cambio, hay otras medidas que no se anuncian, o que se presentan bajo un "packaging" diferente al de la lucha anti-inflacionaria, pero cuya consecuencia es la de establecer anclas para los precios.

Por ejemplo, la ralentización en el "crawling peg" del dólar, un tema reclamado cada vez con más insistencia desde el kirchnerismo, que teme que si se cumple el anuncio de Martín Guzmán de dejar deslizar el tipo de cambio a la misma velocidad que el IPC, el resultado sea una espiralización de la inflación.

Y la otra gran ancla con la que se espera contener la inflación es el salario, en particular el de los empleados públicos. Claro, se trata de un tema tabú, porque no es viable políticamente presentar al ingreso de los trabajadores como un factor inflacionario ni, mucho menos, anunciar que se le va a aplicar un freno para ayudar a la contención inflacionaria.

Salarios, paritarias e inflación

Pero Guzmán se tomó en serio el mantra de que la inflación es "multicausal" y sabe que hay una inercia de suba de precios que es consecuencia de la puja en la negociación salarial. Las paritarias de grandes gremios que firman ajustes altos suelen traer tras de sí aumentos de precios, porque los empresarios trasladan los costos salariales para no ver caer en demasía su margen de rentabilidad.

Ese es el motivo por el cual desde el kirchnerismo miran con lupa los balances de los grandes grupos empresariales, dado que una ganancia demasiado alta puede ser interpretada como una "prueba de culpabilidad" en cuanto al traslado no justificado de costos operativos hacia los precios de venta.

La "guerra contra la inflación" no constará sólo de intervención en el campo y la industria: el salario es parte de la estrategia.

Lo cierto es que, en medio del shock provocado por la escapada inflacionaria que se constató con el 4,7% de febrero, Guzmán se propuso como objetivo urgente el envío de señales que cambien las expectativas del mercado.

No es una tarea fácil, dado que ya los economistas están anticipando que en marzo y abril podría haber inflaciones mensuales en torno al 5%, como consecuencia de aumentos estacionales, sumados a la incidencia de las subas de los combustibles y de tarifas de servicios públicos, que suelen tener un efecto de traslado inmediato al resto de los precios.

Es por eso que, como parte de ese cambio de expectativas, el acuerdo de precios y salarios juega un rol fundamental. En realidad, el equipo económico sabe que, en el marco de su "guerra contra la inflación", acaso sea más influyente que las medidas de regulación en el agro y la industria alimenticia.

Salarios por escalera

Y es en este marco que el mayor anuncio contra la inflación es el que se hará hoy lunes: con la presencia de dirigentes de cámaras empresariales y de líderes sindicales -incluyendo no solamente la CGT sino también la más combativa CTA-, se intentará concretar el muy anunciado "pacto de precios y salarios".

Es una pieza clave en la estrategia de Guzmán, que ya dejó en claro que espera que este año las negociaciones salariales tomen como referencia un número no mayor al 45%.

Ese fue el número de ajuste del salario mínimo que se anunció el jueves y es, además, una cifra que se condice con las proyecciones oficiales contenidas en el texto del acuerdo con el FMI. Guzmán anunció una meta de 43%, con margen de error de cinco puntos. Su previsión, ya cuando había presentado el presupuesto, fue un crecimiento salarial sobre la inflación del orden de tres o cuatro puntos sobre la inflación.

Es por eso que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya picó en punta al cerrar un acuerdo de 45,4%, a pagar en cuatro tramos, con el conflictivo gremio docente, a quien elogió por su "responsabilidad".

La disparada de los precios comienza a recalentar las negociaciones paritarias.

Ya antes de esa firma, cuando se acordó la reapertura de la paritaria 2021 de los estatales, una instancia de importancia fundamental para el Gobierno, dado que si bien alcanza a 200.000 empleados de la administración central, influye sobre la masa de más de tres millones de estatales de estamentos provinciales, municipales y entes descentralizados.

Moroni había insinuado que la referencia que pretendía para todas las paritarias era la de 40% para el año. Y había aclarado que, en el caso de que la inflación superase esa meta, habría una reapertura para incluir una corrección, tal como había ocurrido con la paritaria 2021.

Sin embargo, esa promesa no terminó de convencer a los sectores sindicales más críticos, que aseguran que, lejos de haber logrado una victoria sobre la inflación -como sostiene el discurso oficial-, el año pasado fue un período de pérdida salarial.

El ancla salarial, esencial en el Plan Guzmán

Es, curiosamente, un punto en el que las voces de la izquierda coinciden con los economistas de la línea ortodoxa, que marcan que, dentro del plan económico de Guzmán, la inflación alta es un mecanismo de licuación del gasto, incluyendo los salarios estatales y jubilaciones.

Porque si bien en la medición "de punta a punta" los estatales tuvieron el año pasado una recuperación de 2,7%, cuando se mide el promedio anual -que es el que marca en términos reales la capacidad de compra- hubo una caída. Según estima la consultora Ecolatina, la caída llegó a 2,7%, lo que implica una pérdida en los ingresos por cuarto año consecutivo.

Peor fue la situación de las jubilaciones, que pese a una mejora nominal que superó la inflación, tuvieron en realidad una mejora promedio del 38%, lo que implica una caída del 9%.

Ahora, con la convocatoria al acuerdo de precios y salarios, el Gobierno reafirma que mantendrá la misma estrategia para 2022, y repetir una meta de ajuste salarial que se ubica bien por debajo de las proyecciones inflacionarias que hacen los economistas: un 40-45% de suba salarial escalonada, contra un 55% de previsión inflacionaria, que se ajuste permanentemente al alza. Y ante la fisura interna en la coalición de Gobierno, espera contrarrestar el apoyo de las gremiales empresarias y de los sindicatos.

Para los funcionarios del equipo economico es importante no perder esa meta salarial del 40%, no sólo porque espera que influya en las expectativas sino también porque ese número estará en línea con lo que se espera que sea el deslizamiento del dólar este año. En otras palabras, busca que el gasto público en el rubro de salarios públicos no crezca en términos de dólares, un punto central para un país que depende de las exportaciones para solventar el peso de su sector público y que asumió con el FMI el compromiso de un recorte fiscal.

Héctor Daer, de la CGT, con Alberto Fernández: el apoyo sindical para las "paritarias responsables" ha sido uno de los grandes logros políticos del Presidente

El apoyo sindical, un logro político de Alberto

Pero claro, la corrección política impide anunciar que, como parte de la estrategia anti-inflacionaria, se buscará una caída real del salario. Más bien al contrario, el discurso político de Alberto Fernández ha apuntado a reforzar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía crecerá y los salarios le ganarán a la inflación.

"¿Dónde están los ajustes?, explíquenmelos", desafió el Presidente el viernes en un acto en Salta, donde se hizo entrega de viviendas subsidiadas por un programa del ministerio de Vivienda. Y la queja del mandatario ocurre en medio de una agenda cargada de inauguraciones de obras públicas, en particular en el conurbano bonaerense.

Es una estrategia política que se explica tanto desde el plano político como desde el económico: es allí donde reside la esperanza de la recuperación peronista con vistas al 2023 y es, también, la zona que más sufre los aumentos de precios. El rubro de alimentos para el conurbano registró en febrero un pavoroso 8,6% de aumento mensual. Es por eso que, para sostener su estrategia, el Presidente necesita mantener la alianza con la cúpula sindical. Y, por lo visto hasta ahora, la jugada le está saliendo bien.

"El Presidente nos planteó una convocatoria para empezar a conversar toda esta situación y encontrar un tránsito hacia la formalización de acuerdos que permitan en nuestro país ir bajando el proceso inflacionario que viene deteriorando día a día los ingresos de los trabajadores, jubilados y todos los sectores tienen ingresos fijos", dijo Héctor Daer, que comparte con Carlos Acuña y Pablo Moyano el triunvirato de la CGT.

Lo cierto es que Alberto Fernández, que en sus dos años y cuatro meses de gestión no ha sufrido ni un paro ni protesta sindical, puede considerarse satisfecho de ese logro político. En contraste, con una inflación en la mitad de la proyectada para este año, Mauricio Macri sufrió cinco paros generales.

Los acampes en la avenida 9 de Julio marcan que el sector informal es el que más ha sufrido el recorte de ingresos

"Basta de polenta": la elocuencia del ajuste

Pero el apoyo sindical hacia Alberto tiene su contracara: la creciente protesta callejera por parte de los grupos piqueteros, que expresan la situación no de los asalariados formales sino de la masa de desocupados y trabajadores informales.

Con cortes y acampes en la avenida 9 de Julio, ya se han transformado en un clásico los reclamos ante las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Allí, bajo la gigantografía de Evita Perón, se plantean los recordatorios más crudos sobre las promesas incumplidas del Gobierno: carteles como "Basta de polenta", "El ajuste no se banca más" o "La comida es un derecho, no un negocio" tienen una elocuencia que eximen de comentarios.

Ahí es donde se marca el interrogante para el Gobierno de hasta dónde se podrá controlar el malhumor social. Un ejemplo claro fue el anuncio reciente sobre el ajuste del salario mínimo: el Gobierno lo presentó como un gesto en favor de los trabajadores, dado que el 45% anunciado excede en cinco puntos la meta que se había barajado oficialmente.

Y, de hecho, obtuvo elogios por parte de los dirigentes sindicales que asistieron al acto de anuncio. Pero al día siguiente las protestas piqueteras, lejos de disiparse, se habían intensificado.

El planteo es simple y contundente: dirigentes como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero -aliado del Gobierno- y Miguel Parra, del Frente de Organizaciones en Lucha- calcularon que la pérdida del poder adquisitivo acumula 51% en los últimos cinco años.

La mayoría de los adherentes a estos movimientos perciben ayudas del Estado, como el plan Potenciar Trabajo, que llega a 1,2 millón de desocupados y perciben medio salario mínimo. Los piqueteros plantean que ese haber debería ser hoy de $48.000 para recuperar la erosión inflacionaria.

Sin embargo, lo que ocurrirá según lo establecido en el anuncio del jueves, es que el salario mínimo subirá escalonadamente hasta llegar a $47.850 en diciembre. Esto implica que el Potenciar Trabajo tendrá una primera mejora, a cobrar en mayo, que llevará el plan a $19.470 y que, en diciembre, llegará a $23.925.

En coincidencia con ese anuncio, el Indec informó que, para estar sobre la línea de pobreza, un individuo necesita -hoy, no en diciembre- un ingreso de $27.122, mientras que una familia tipo precisa $83.807.

El contraste no podía ser más evidente: mientras el Gobierno celebra el anuncio de esas mejoras escalonadas de 45% para los sectores de menores ingresos, los economistas revisan al alza su proyección inflacionaria: el 55% reflejado en la encuesta REM ya está quedando viejo y, visto lo ocurrido en el arranque del año, ya hay quienes se animan a pronosticar una inflación superior al 60%.

Con esas cifras sobre la mesa, el "acuerdo de precios y salarios" deja en claro su objetivo inconfesable -y que está en el centro de la fisura interna de la coalición-: que ante una inflación desbocada, el salario vuelva a cumplir una función de ancla.