¿Es mucho o es poco el dinero que se volcará al mercado tras el anuncio oficial de bonos a jubilados y a los beneficiarios de planes sociales? Esa es la pregunta que en este momento genera debate en el ámbito político porque, como suele suceder, quienes cobrarán lo ven como una suma insuficiente, pero quienes miran el gasto público se alarman por el eventual impacto sobre las cuentas nacionales.

Si, como dice la publicidad oficial, los anuncios ayudarán a 13 millones de argentinos, entonces el costo fiscal del anuncio será de aproximadamente $200.000 millones. El número que está claro es el de los jubilados: son unos cinco millones los que califican para cobrar la ayuda extra de $12.000.

En cambio, no está tan claro que sean ocho millones los beneficiarios de la otra parte del anuncio, los monotributistas de categorías A y B y una nómina todavía no bien especificada de beneficiarios de planes sociales. Es probable que haya presiones de parte de quienes no quieren quedarse afuera. Por lo pronto, ya al día siguiente de los anuncios, surgieron protestas por parte de organizaciones piqueteras que aducen que no les llegará la asistencia.

El impacto fiscal

Pero, suponiendo que la publicidad oficial sea confirmada a la hora de implementar el programa, entonces supondrá un 2% adicional al presupuesto que el ministro de economía, Martín Guzmán, preveía a comienzos de año para el rubro de gasto social. Con $9 billones, preveía cubrir las erogaciones de jubilaciones, pensiones y planes de asistencia social en el año.

En términos de PBI -uno de los puntos mirados con lupa por el Fondo Monetario Internacional- la nueva ayuda implicaría un esfuerzo fiscal adicional de 0,3 puntos. Aunque claro, una vez que ese dinero sea gastado por los beneficiarios, parte del efectivo vuelve inmediatamente a las arcas fiscales, en forma de IVA y otros impuestos. Ese efecto compensación haría que el costo fiscal real quedaría más cerca de 0,24 puntos del PBI.

Para tener una referencia sobre cuánto implica ese dinero, sería la mitad de lo que se recaudó el año pasado con el aporte de las grandes ganancias, que hoy es extrañado por el sector kirchnerista de la coalición gobernante, al punto que se han presentado iniciativas en el Congreso para tratar de reflotarlo y dejarlo vigente por 10 años.

El costo fiscal del bono anunciado por Alberto Fernández y Martín Guzmán podría representar 0,3% del PBI

La financiación con impuesto inflacionario

Estos cálculos que tienen ocupados a los economistas llevan a la otra gran pregunta: ¿qué tan difícil será financiar el bono, y cuán grande puede ser su impacto sobre la inflación?

Si se lo compara contra la recaudación tributaria, parecería que, tal como dijo Alberto Fernández, no implica un riesgo, porque la caja de la AFIP viene engordando a una velocidad de 62% interanual, contra una inflación de 55%.

Con esa dinámica de las variables, la recaudación de abril podría ubicarse en torno a $1,32 billón y la de mayo en $1,4 billón. De esa manera, los $12.000 de los jubilados más la primera cuota del bono para los monotributistas implicaría casi un 10% de la recaudación, mientras que el saldo restante del bono a pagar en mayo implicaría un 5%.

Desde ese punto de vista, no es algo inmanejable. Y, de hecho, Guzmán ha venido financiando el pago de bonos extraordinarios para jubilados desde que asumió en su cargo. Claro, su forma de lograrlo es lo que genera críticas desde dentro y fuera del Gobierno: con la nueva fórmula indexatoria, las jubilaciones se han transformado en una variable del ajuste.

Un ejemplo claro de ello fue el primer semestre de 2021, cuando Guzmán logró un cuasi equilibrio fiscal, con un leve rojo primario de 0,5% del PBI, pero las jubilaciones tuvieron una pérdida real que los economistas calculaban en 17%.

Guzmán, con la obsesión fiscal

Es esta situación la que ha llevado a que las críticas a Guzmán se centren en que el plan económico no pueda bajar la inflación porque, para cumplir el objetivo de reducir el déficit fiscal, termina resultando funcional. Es lo que en la jerga de los economistas se denomina como "recaudación del impuesto inflacionario".

Ese ingreso ha llegado a tal importancia que, según el cálculo de algunos economistas, si el Gobierno pudiera llevar la inflación a cero, entonces tendría que subir la tasa del IVA al doble para compensar la pérdida fiscal.

Esto explica por qué en el Gobierno no quieren saber nada con propuestas como las de la Unión Industrial Argentina, que quiere una rebaja en el IVA de alimentos en vez de establecer un nuevo impuesto a los exportadores que hayan captado "rentas inesperadas".

Guzmán, que en estas horas está tratando de convencer a Kristalina Georgieva, directora del FMI, para que suavice un poco sus condiciones en atención al cambio de escenario económico global, sabe que si hay un dato positivo que tiene para mostrar es el sendero de reducción fiscal, y no está en condiciones de sacrificarlo. No por casualidad, el mismo día que anunció el pago de la ayuda para jubilados y monotributistas destacó el logro fiscal del primer trimestre, cuando el déficit se redujo a apenas 0,25% del PBI.

Kristalina Georgieva, del FMI, con Martín Guzmán: encuentro en Washington y negociación para "recalibrar" el acuerdo

El celo fiscalista del ministro es criticado desde todos los costados del arco político. En la oposición se cuestionó la voracidad tributaria y hubo frases como esta del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo: "Tenemos el gobierno de los bonos y el apriete impositivo. No se les cae una idea productiva ni un plan serio".

Desde el kirchnerismo, en cambio, la sospecha que despierta Guzmán es que, ante el mayor gasto social por el costo fiscal que implican los bonos, haya un recorte en otros rubros del presupuesto. Es decir, que haya una reasignación del gasto público de tal forma que termine en una "suma cero" en la cual haya variables de ajuste en renglones como la obra pública o la ejecución de otros programas a cargo de ministerios.

No es una sospecha infundada: de hecho, Guzmán ya implementó esa conducta desde que estalló la guerra en Ucrania y tuvo que hacer frente a un mayor costo estatal por el aumento en los precios internacionales de la energía. Aun así, cuando se compara con los números fiscales de hace un año, hay un empeoramiento como consecuencia de los mayores subsidios energéticos.

Anuncios con efecto decreciente

De manera que hay dos puntos que Guzmán no está dispuesto conceder -disminuir su celo fiscal ni alterar el recorte monetario. Los últimos datos del Banco Central destacan un recorte de 2,4% en la base monetaria, con lo cual se rompe un ciclo expansivo que llevaba un año.

Hablando en plata, el dinero que costará al fisco los nuevos bonos de jubilados y monotributistas es una cifra parecida a la contracción monetaria registrada en marzo. Esto implica que si Guzmán no encontrara una forma de compensar fiscalmente el gasto, estaría convalidando una nueva expansión monetaria, algo que no solamente implica un riesgo inflacionario sino que va en el sentido opuesto al acuerdo con el FMI.

Por otra parte, con esta medida se refuerza la necesidad de Guzmán para financiarse con el crédito privado, que hasta ahora lo ha venido acompañando en cada licitación. De esa manera, también se aproxima al objetivo de limitar a apenas un punto del PBI la dependencia del Tesoro respecto del Banco Central.

El propio ministro ha sido explícito respecto de cuáles son sus prioridades en este momento: "Es necesario que Argentina siga reduciendo su déficit fiscal y por lo tanto dependa menos del endeudamiento y la emisión monetaria. Esto es una cuestión aritmética, no hay ideología. Si vos tenés déficit, tenés más deuda y emitís más, y entonces parte de esos pesos van a presionar al tipo de cambio y a la inflación", fue su comentada frase en la entrevista concedida a C5N.

Para el sector kirchnerista de la coalición de Gobierno, las medidas siguen siendo insuficientes y hay que adoptar políticas que confronten con las empresas

Mientras tanto, el anuncio trajo consecuencias políticas: por lo pronto, otorgó un oxígeno temporario al ministro, sobre cuya continuidad en el cargo han corrido todo tipo de versiones. Pero la percepción en el ámbito político es que cada anuncio tiene un "efecto decreciente".

Por lo pronto, las reaccones desde el kirchnerismo reflejan cierta insatisfacción, dado que el anuncio de los bonos no estuvo acompañado por una suba salarial por decreto con una suma fija, que era un reclamo para dar una respuesta política ante la erosión inflacionaria.

Además, el anuncio del nuevo impuesto para captar las "rentas inesperadas" no despertó gran entusiasmo entre los referentes K, que tomaron nota sobre lo difícil que será aplicar ese gravamen, tanto por los obstáculos políticos como los judiciales. Pero, aun en el caso de que pudiera superar esos escollos, se advierte que el "gap" temporal hasta que la recaudación se hace efectiva podría ser de varios meses.

Pero, sobre todo, lo que se palpa es el reclamo interno por medidas más de fondo ante la situación social. El mismo día que Guzmán anunció la ayuda, se conoció el dato de una nueva caída en el consumo de carne, que se ubica en 47 kilos per cápita, un mínimo histórico.

Y, como en un inquietante "deja vu" del 2001, volvió al protagonismo el líder piquetero Raúl Castells, que no sólo criticó a Alberto Fernández sino que dijo que en el conurbano bonaerense ya hay gente que tiene que "comer gato" ante las dificultades para hacer frente a la inflación en alimentos.