A menos que uno de los dos funcionarios del área energética que están involucrados en la cuestión sea reemplazado en el cargo o que aparezca una rectificación oficial para aclarar la situación, el Gobierno se encamina a encarar las tres audiencias públicas convocadas para ajustar las tarifas de energía eléctrica y gas con dos posturas internas contrapuestas y una polémica que promete ser de antología.

Como viene sucediendo desde el año pasado, cada vez que entra en escena una actualización tarifaria para los servicios públicos energéticos saltan sobre el tapete las diferencias ideológicas y operativas que separan las aguas entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y los funcionarios del sector que responden la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria.

En esta ocasión, el disparador del nuevo cortocircuito interno han sido los llamados a audiencias públicas para tratar los aumentos tarifarios y la reducción de subsidios que la administración de Alberto Fernández se comprometió a llevar adelante en el marco del acuerdo cerrado con el FMI.

Un informe técnico-político elaborado por el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y las resoluciones oficiales de convocatoria a las audiencias que Guzmán le ordenó firmar al zigzagueante titular de Energía, Darío Martínez, dejaron al descubierto cuatro contrapuntos relevantes que muestran a flor de piel las contradicciones y la falta de coherencia del Gobierno.

Tarifas: el disparador del nuevo cortocircuito interno han sido los llamados a audiencias públicas

Esquema de quita de subsidios

Con el fin de reducir el déficit fiscal, la administración de Alberto Fernández acordó con los equipos técnicos del FMI un esquema de quita de subsidios y actualización tarifaria para el segmento residencial que prevé tres niveles de ajustes.

Para usuarios de mayor poder adquisitivo, que en el caso de Edenor y Edesur representan el 10% de la clientela hogareña, habrá una poda total de los subsidios vigentes.

Para los quienes reciben el beneficio de la tarifa social, el incremento tarifario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Por último, para los restantes clientes residenciales de ingresos medios que no tienen beneficios sociales, el aumento anual previsto en las facturas finales alcanzará al 80% del CVS de 2021.

A principios de abril y con la mira puesta en las audiencias, a principios de abril la cartera de Economía le había solicitado a Basualdo que elabore un "informe técnico a fin de fundamentar la propuesta de adecuación del Precio Estacional (PEST) de la energía eléctrica mayorista que regirá a partir de junio".

En respuesta a ese pedido, Basualdo y la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la camporista Soledad Manín, confeccionaron un informe de 24 páginas donde resaltaron los distintos impactos negativos que los aumentos provocarán en los gastos de los usuarios y en las distribuidoras eléctricas del interior del país.

El primer contrapunto interno entre Basualdo y Guzmán se focaliza en el alcance de los incrementos tarifarios en juego.

El aumento promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país será de 21,5%

El informe kirchnerista sobre energía, tarifas y subsidios

El informe del ala K alertó que las subas estacionales para clientes residenciales del AMBA que pierdan los subsidios podrían superar el 400%. Agregó que para los usuarios residenciales que tengan el tope de ajuste del 80% del CVS, el impacto acumulado del aumento para mes de junio ascendería al 65%; mientras que para los comercios e industrias que ya vienen pagando la tarifa plena, las subas del invierno escalarían por encima del 90%.

Esos porcentajes fueron desestimados por Guzmán y Martínez en los fundamentos de las resoluciones de las audiencias públicas convocadas para los días 10, 11 y 12 de mayo. Según Economía y Energía, para la mayoría de la población el ajuste adicional será de hasta 21,5% en gas y 17% en energía eléctrica y no podrá superar el 42,72% a lo largo de todo el año.

Consignaron que el aumento promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país será de 21,5%, mientras en el caso de la luz la suba llegará al 17% promedio. Los beneficiarios de la tarifa social no tendrán mayores aumentos de gas y en el servicio eléctrico el ajuste será del 6%.

Con respecto al 10% de los hogares con mayor capacidad de pago que perderán la totalidad de los subsidios, los aumentos superarían, en principio, el 200% aunque todavía no está claro cómo y de qué manera se definirán los nuevos cuadros tarifarios para este segmento de usuarios.

El segundo encontronazo aparece al considerar la factibilidad de los aumentos en danza. Para Basualdo, los incrementos no cumplen con los criterios de razonabilidad y equilibrio que fijó la Corte Suprema en 2016 cuando frenó el primer tarifazo de la administración de Mauricio Macri.

Además, el análisis de los funcionarios K advirtió que "la aplicación de los incrementos propuestos tanto para el segmento comercial como industrial atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos".

El Gobierno y el kirchnerismo tienen varios puntos de fricción en materia energética

El Gobierno nacional se opone a los argumentos del kirchnerismo

Guzmán y Martínez salieron al cruce de esa postura y en las resoluciones precisaron que "constituyen objetivos centrales del Poder Ejecutivo proteger los derechos de los usuarios actuales y futuros y cuidar sus ingresos a través de la determinación de tarifas que cumplan con los criterios definidos por la Corte Suprema".

En ese sentido destacaron que "atendiendo a la escasez de recursos y a la escalada sostenida de los precios internacionales de la energía, no es equitativo que se sostenga una política de subsidio universal por parte del Estado que tiene un sesgo pro-rico, por lo que se torna necesaria avanzar en una política orientada a una mejor aplicación de los recursos y segmentar los aumentos por capacidad de pago".

El tercer punto de discordia se vincula con el momento elegido para la actualización de los cuadros tarifarios. Para la subsecretaría de Energía Eléctrica, el ajuste promedio del 20% aprobado en febrero para los clientes de Edenor y Edesur sería el techo de aconsejable para todo el año 2022 para que no afectar el poder adquisitivo de las familias que ya vienen afrontando mayores gastos provocados por los aumentos de precios que genera el avance inflacionario.

En cambio, para la cartera de Economía resulta inevitable e indispensable "una recomposición de los precios de la energía por la combinación de la menor generación local de energía por el déficit hídrico en 2021, el aumento de la demanda impulsado por la recuperación económica post-pandemia y el reciente incremento de los precios de importación de los combustibles alternativos producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania".

En refuerzo de ese argumento, las resoluciones de Energía destacaron que "el esquema actual de subsidios a la energía posee espacios de mejora en términos distributivos en pos de la inclusión social y energética, de manera tal que todas las familias argentinas puedan acceder a una canasta de servicios de calidad de acuerdo a sus niveles de ingreso".

En tanto, el cuarto y último punto de fricción quedó en torno a la modalidad de las audiencias. Casi al mismo tiempo en que se difundió el crítico informe de Basualdo, los funcionarios K salieron a replicar el planteo impulsado por entidades de consumidores afines que exigía que la cabeza de las audiencias sea Guzmán y que se realizarán de manera presencial para permitir una concurrencia masiva de los usuarios y entidades opuestas a los ajustes.

Ese pedido fue descartado de plano. Las audiencias se desarrollarán de modo remoto a través de la plataforma Webex y el encargado de pilotearlas será el titular de Energía.

Las resoluciones de Martínez apuntalaron esa postura remarcando que "si bien los marcos regulatorios no exigen la celebración de audiencia pública para considerar los subsidios que el Estado Nacional efectúa al precio del gas y de la energía eléctrica, se estima conveniente la realización de instancia participativa en forma virtual para poder fortalecer el federalismo y garantizar el acceso de la ciudadanía de todo el país".