El Gobierno, a punto de estatizar los peajes de Panamericana y Acceso Oeste
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El Gobierno acaba de dar un paso hacia la reestatización de las dos únicas autopistas que todavía se encuentran bajo concesión privada como son la de la Panamericana y el Acceso Oeste.
Lo hará mediante la firma de un decreto presidencial para anular la extensión de los contratos firmados por el ex presidente Mauricio Macri y las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), sociedades que pertenecen al mismo grupo europeo Abertis.
La base legal de esta medida fue explicada por el propio presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles 14 de septiembre en la Casa Rosada.
En este sentido, el Jefe de Estado calificó de "lesivos", "ilegales" y onerosos para el Estado Nacional los acuerdos firmados por el anterior gobierno de Cambiemos y sostuvo que le pidió a la justicia la anulación de los contratos y que sea el Estado el que retome la administración de ambas concesiones.
Anticipó que en los próximos días se presentará la demanda contra Ausol y GCO para reclamar que "estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en la Argentina".
De acuerdo a la información oficial, las autoridades acusan a Ausol y GCO de querer cobrar hasta $1.830 por viaje en los accesos Norte y Oeste. Cuando en febrero pasado se había fijado una tarifa de peaje hasta 20 veces menor que lo que establecía el acuerdo de ambas empresas con el gobierno anterior.
Fuentes del Ministerio de Obras Públicas recordaron también que en el 2018 las concesionarias firmaron con Macri acuerdos que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi u$s2.000 millones.
Aumento de peajes de Panamericana y Acceso Oeste
Para cumplir la obligación de pago incluida en esos acuerdos, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por Ausol y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
Así, en las estaciones "Debenedetti" y "Márquez", del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por Ausol esa tarifa debería ser de $1.830.
Es decir que, de acuerdo a la postura oficial, hubiesen pagado 22,87 veces más de lo que se paga actualmente (2.200% más); y en las estaciones "Campana" y "Pilar" esa diferencia, en el mismo segmento, es de 20 veces (2.000% más).
En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más).
En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más.
Las fuentes oficiales sostuvieron también que en el mismo 2018 acordaron con Macri medidas que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de u$s813 millones, (u$s540. millones para el caso de Ausol y u$s272.621.570 para GCO S.A.).
En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual, capitalizable.
Y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a u$s1.161 millones según las cifras oficiales.
Una investigación en el 2018 denunció los acuerdos, y salieron a la luz a partir del programa Brotes Verdes, que conduce Alejandro Bercovich y sobre cuya información se montaron denuncias contra los entonces funcionarios del gobierno de Macri.
Se estableció además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.
Tarifa de peaje, dolarizada ilegalmente
Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores.
A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los u$s2.000 millones.
Cabe destacar que además de esos ingresos esperados, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos accesos.
En este sentido, las fuentes oficiales sostienen que en los acuerdos celebrados en 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias.
Asimismo, destacan que todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos de 2018 paso a manos de ambas concesionarias. De esta manera, la tarifa pretendida por AUSOL y GCO en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario.