La conducción de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) manifestó su preocupación por la falta de respuestas a la denuncia penal contra RAPPI Arg SAS, ante el Ministerio Público Fiscal, para que se investigue "a todo aquel que resulte responsable, participe o encubridor", por "utilizar a los trabajadores registrados en su plataforma para maniobras que tienen un alcance sobre Comisión del Delito de Lavado de Activos".

Las acusaciones fueron realizadas en Avellaneda por Gonzalo Gabriel Ottaviano -trabajador del sector y miembro de la comisión directiva del gremio- quien relató a iProfesional que "presenté la documentación hace más de un mes y ni siquiera me llamaron para ampliar o ratificar la denuncia".

Reiteró que la empresa "impone a sus usuarios/trabajadores generar la facturación a través de la firma Gestorando" entre otras irregularidades.

El secretario General de la organización gremial, Marcelo Pariente, respaldó el planteo de Ottaviano y subrayó que "desde el desembarco de las aplicaciones, venimos reclamando una regulación laboral donde el trabajador o trabajadora tengan cobertura legal y médica, además de asistirlos con todo lo necesario para desarrollar sus tareas, desde ropa hasta el vehículo, o bien cubrir los gastos de mantenimiento del mismo, ya sea una moto o una bicicleta".

Fuentes gremiales indicaron que las empresas (Rappi y Pedidos Ya) tenían pensado cotizar en el mercado de Nueva York, pero parece que decidieron postergar la medida. Sospechan que hay una caída del mercado que podría afectar a las firmas financieramente.

Acusación de fraude fiscal y explotación laboral

Ottaviano expresó que "el fraude fiscal, la precarización y explotación laboral, es la marca registrada y la verdadera realidad que esconden las plataformas que con un fuerte lobby actúa sobre los funcionarios y aprovechan tapiar cualquier acción que las regule" y agregó que "los responsables de controlar y los representantes legislativos miran para otro lado, bajo la falsa premisa de la modernización. Se debe combatir esta red de complicidades y corrupción que está a la vista de todos".

Un sindicato realizó una denuncia penal contra Rappi pero señala que la causa no avanza

La denuncia fue presentada en las oficinas la Unidad de intervención temprana (UFE) de Avellaneda (donde tiene domicilio Ottaviano) y se le asignó el número 2551/DGPDH/07, expediente número 6402. Ottaviano explicó que tanto RAPPI como Gestorando "utilizan un mecanismo donde se genera una sobrefacturación, en nombre de los usuarios/trabajadores, y que en todos los casos se trata de montos irrisorios que son desconocidos por ellos".

En su investigación sobre la precarización laboral en las plataformas en general y en Rappi en particular, indicó que una de las maniobras de la app  es que a los trabajadores y trabajadoras se les "exige pagar los saldos negativos a través de la aplicación Pago 46", estimando que se trata de "una maniobra de manipulación" que lleva al trabajador a cooperar en "movimientos engañosos", ya que "no existe forma alguna donde los empleados puedan filtrar o controlar la forma de pago de los pedidos que reciben". 

Detalló que "al llegar al tope de los 10.000 pesos, la aplicación suspende la cuenta al trabajador y no permite la continuidad de la tarea laboral hasta que la deuda no es saldada".

En este punto se le demanda que la cancele "depositando el dinero a través de una transferencia bancaria hacia alguno de estos agentes registrados". Sostuvo que "esta situación es extremadamente grave, porque Rappi expone impositivamente a los trabajadores", por lo que reclamó una "pronta investigación y esclarecimiento de los hechos, con el fin de llegar a una instancia probatoria".

Ottaviano manifestó que tanto ‘Gestorando’ como ‘Pago 46’ son empresas de "dudosa procedencia", ya que proponen como única vía de contacto un número de WhatsApp o un correo electrónico "que pocas veces funciona", advirtiendo que "no existe un domicilio físico visible, según indicó el documento formal".

Para el sindicato hay unos 20.000 empleados en RAPPI y unos 35.000 en Pedidos Ya, todos monotributistas en un modelo laboral donde la precarización laboral parece enquistada. Pariente indicó que "las ganancias de estas compañías son inmensas pero tienen a los trabajadores fuera del sistema y sin ningún tipo de derechos". 

Para el sindicato hay unos 20.000 empleados en RAPPI y unos 35.000 en Pedidos Ya, todos monotributistas

Documentación que se adjuntó a la causa

Dentro de la metodología y actividad que generan las aplicaciones digitales, Ottaviano expresó que se procedió a certificar legalmente una serie de datos que se adjuntaron a la causa, como ser: Captura de pantalla sobre comentario de trabajador en la plataforma de Facebook en el perfil de Gestorando donde manifiesta que, al intentar comunicarse con la empresa, no obtiene respuesta.

También hay: Capturas de pantalla sobre conversaciones en los grupos de WhatsApp's que integran los repartidores de Rappi donde hablan de las irregularidades de estas tres empresas. Y anuncio y captura de pantalla donde la aplicación de Pago46 da como beneficio el pago de comisiones por las operaciones realizadas a quienes se registren como socios.

Añadió que existe: Captura de pantalla que emite un trabajador en un grupo de Facebook donde denuncia la sobre facturación que le realizó Gestorando. Y captura de pantalla de la página Web de Pago46 donde queda expuesta la alianza entre estas tres empresas.