El campo y el Gobierno aparecen, otra vez, con intereses enfrentados: la protesta del campo en reclamo de una disminución en las retenciones coincide justo con un momento en el que todas las proyecciones fiscales empiezan a recalcularse a la baja. Y un factor clave para ese empeoramiento en las perspectivas es, justamente, la probable caída en el cobro de derechos de exportación a los productores agropecuarios.

El motivo, naturalmente, es el impacto de la crisis climática. Es un problema que no se acota al ingreso de divisas -y su consecuente nivel de reservas en el Banco Central-, si bien este es el  tema del que más se habla en estos días, naturalmente, por la escasez de dólares y por la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, tan grave como la merma en la entrada de dólares es el peligro que se cierne sobre la recaudación tributaria. A diferencia de lo que ocurre con las reservas, en el caso fiscal el FMI se muestra mucho menos comprensivo y pretende que se mantenga la meta de 1,9% del PBI en el déficit primario. Supone una reducción importante respecto del 2,5% con el que había cerrado el año pasado.

¿Qué tan grave será el impacto climático sobre la recaudación de impuestos? Naturalmente, dependerá de lo que ocurra con las campañas de soja y maíz, que al daño de la sequía acaban de agregar pérdidas por una helada temprana. Y las perspectivas son más que preocupantes.

Así reciente informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que la producción de soja, que en el anterior informe había sido estimada en 38 millones de toneladas -ya de por sí una pésima cifra, porque implicaba una caída de 12% respecto del año pasado- ahora volvió a calcularse en apenas 33,5 millones. Lo mismo ocurre con el maíz: ya en la proyección anterior de 44,5 millones de toneladas se había calculado una caída de 15% respecto de la campaña anterior, y ahora esa cifra vuelve a empeorar con un probable volumen de sólo 41 millones de toneladas.

Lo peor: con reservas hídricas agotadas en varias regiones agrícolas y sin perspectiva de lluvias significativas, nada indica que las proyecciones no puedan seguir corrigiéndose a la baja. Hay que remontarse a la campaña 2017/18 para ver resultados tan magros como los que podría dejar este año.

De hecho, hay consultores que hablan de "la peor cosecha de los últimos 14 años", y no descarta que el volumen cosechado de soja pueda finalmente caer al nivel de 32 millones de toneladas. Advierten que la molienda de soja para la industria alimenticia podría tener una capacidad ociosa superior al 60%. Es este dato lo que lleva a los expertos a prever la situación de que el país deba importar soja desde los países vecinos, por un volumen de al menos seis millones de toneladas.

La sequía obligó a recalcular a la baja la exportación de cereales

La AFIP pierde un 19% de retenciones

Esta situación implica menor volumen de exportación. Y eso, a su vez, implica una menor recaudación por concepto de retenciones a la exportación, un rubro que el año pasado explicó el 8,2% del total de la "torta" tributaria.

En un año que se prevé con una ralentización del nivel de actividad económica -el Gobierno sigue hablando oficialmente de un crecimiento del PBI del 3,5%, pero la encuesta REM del Banco Central prevé un módico 0,5% y algunos economistas ya hablan de una recesión del 2%-, el aporte de las retenciones era un factor clave al que apostaría el Gobierno para conseguir su meta fiscal.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que, por tratarse de un año electoral, es posible que haya presiones políticas desde la propia interna oficialista para que no se produzcan ajustes reales significativos en rubros como la obra pública, la asistencial social y las jubilaciones.

Pero las nuevas proyecciones del campo están poniendo en duda ese plan. Hablando en números, lo que se pierda por la menor recaudación de retenciones a la exportación del agro podría tener un impacto equivalente a u$s2.400 millones.

Una estimación de la Fundación Mediterránea plantea que, en un escenario base, las exportaciones se recortarían en u$s8.400 millones, lo que implica una caída de 18% respecto del año pasado. Pero las recientes inclemencias climáticas que obligaron a revisar a la baja las proyecciones hacen más probable que se dé el "escenario de base deteriorado". En ese caso, las exportaciones perdidas serían de u$s10.100 millones.

Llevado al terreno fiscal, esto implica una caída de 25% respecto de lo que aportó a la caja de AFIP el complejo agroexportador, y una merma de 19% sobre la recaudación total por concepto de retenciones.

Si estas proyecciones se revelaran correctas, y suponiendo que el resto de los impuestos mantengan un comportamiento similar al de 2022, entonces las retenciones achicarían su participación sobre el total recaudado a un modesto 6,6% del total, uno de los menores registros de los últimos años.

Sin margen político para las exenciones

Resulta claro, en estas circunstancias, que la disposición del Gobierno a aliviar la situación de las retenciones a los productores es nula: si antes no había margen político para esa medida sin que se generase una fisura interna en el Frente de Todos, ahora directamente se torna prohibitivo por la situación en el frente fiscal.

En ese marco de crisis, no parece a primera vista que pueda tener andamiento en el Congreso el proyecto presentado por la oposición, cuyo eje central es la exención de retenciones como forma de incentivar a los productores agropecuarios.

La caja de la AFIP podría tener un impacto equivalente a u$s2.400 millones por la reducción en la exportación agrícola

La argumentación del senador Roberto Basualdo, autor del proyecto, es que estas exenciones no tendrán un costo fiscal, porque compensarán con una mayor exportación. Pero lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno ha rechazado sistemáticamente este tipo de propuestas. Más bien al contrario, el kirchnerismo viene presionando desde hace un año para que se incrementen los derechos de exportación, ya que se lo considera una herramienta que puede atenuar el aumento de precios en los alimentos.

De todas formas, aun cuando el proyecto fuera aprobado, las exenciones están previstas para quienes exporten por encima de los niveles registrados en 2021. Y, de acuerdo con las proyecciones que hacen las gremiales del campo, esta será la peor campaña desde la de 2017/2018.

Preparando el tercer anabólico

En cambio, lo que sí es percibido en el mercado como una posibilidad cierta es la concreción, por tercera vez, del "dólar soja" como incentivo a la exportación. Ante la urgencia de la caja del Banco Central, significaría un impulso a las reservas, si bien menor al de las anteriores ediciones.

Se estima que actualmente hay en los silobolsas un remanente de cinco millones de toneladas de soja. Todo un contraste con la primera edición, cuando había más de 20 millones de toneladas, lo cual permitió exportaciones por encima de u$s8.000 millones en septiembre. En tanto, las aproximadamente 10 toneladas que quedaban en diciembre, llevaron a que el pico exportador fuera de u$s3.100 millones.

Nadie sabe con certeza cuánto ingresaría si se repitiera el "dólar soja" hoy, cuando todavía no dio inicio la cosecha gruesa, pero las estimaciones apuntan a una cifra que no llegaría a u$s2.000 millones.

En todo caso, supondría, como en las ocasiones anteriores, una inyección importante para la caja de la AFIP. El antecedente de septiembre marca una quintuplicación de lo recaudado por retenciones, en relación con el mes anterior. El rubro de derechos de exportación significó ese mes un impactante 20% de la "torta" impositiva.

Claro que el efecto se reveló de corto vuelo. Al mes siguiente, el ingreso por retenciones se redujo a la cuarta parte. De manera que hubo que esperar a diciembre, cuando previsiblemente el rubro de derechos de exportación dio un salto de 162% en el mes, pero se desinfló nuevamente en enero.

De hecho, en enero y febrero apenas entraron u$s1.300 millones por aporte de la exportación agrícola, lo que implica una brusca caída de 46% en comparación con el arranque del verano pasado.

Lo cierto es que los economistas han sido críticos del régimen del "dólar soja", al que consideran como un mecanismo de adelantar exportaciones que, de todas formas, se iban a realizar más adelante. Pero con un agravante, como se revenden al tipo de cambio oficial los dólares que antes se pagaron caros a los productores sojeros, esta diferencia finalmente implica un costo para el Tesoro.

La inflación alta sigue siendo un factor que favorece la recaudación de impuestos durante el enfriamiento de la economía

¿Dependencia de la inflación?

Es en ese contexto de dificultades con la exportación y con un escenario de probable recesión que los analistas apuntan a un dato preocupante: lo que realmente está sosteniendo elevada la recaudación tributaria es la inflación. Ocurre que las variaciones nominales de precios impulsan el aporte de algunos de los rubros más importantes, como IVA y Ganancias.

Dado que la suba nominal de precios va más rápido que la del gasto público -que incluye jubilaciones y salarios de trabajadores estatales-, entonces se produce una reducción real del déficit.

Las propias estimaciones oficiales reflejadas en la ley de presupuesto apuntan a una recaudación tributaria de $35 billones para el 2023. Esto supondría un leve incremento en términos reales, siempre y cuando se cumpliera también la proyección oficial de inflación.

En cambio, si la variación de precios se acercara a la proyección de los economistas -un 97% según la encuesta REM del Banco Central-, entonces la recaudación tendría una caída de más de 10 puntos en términos reales.

Y eso implica una disyuntiva de hierro: si se produce una baja acelerada de la inflación -como es el plan del ministro Sergio Massa, que promete alcanzar un nivel inferior a 4%-, también podría sufrir la recaudación.

"Si la variación del IPC perforara el piso del 5 % por varios meses consecutivos, el cuadro fiscal se resquebrajaría, por la inercia indexatoria del gasto público, con una recaudación más asociada a la inflación del momento", apunta Jorge Vasconcelos, de la Mediterránea, quien por otra parte alerta por las señales de freno en la actividad productiva.

En todo caso, ese no parece ser el riesgo de corto plazo: la inflación de febrero estará más cerca del 6% que del 5%, con lo cual el motor para el sostenimiento de la recaudación tributaria. Claro que, para Massa y el Gobierno, se trata de un consuelo módico: una inflación estacionada en niveles altos traerá más costos -tanto políticos como económicos- que el beneficio de una caja de AFIP que siga aumentando nominalmente.