Son días de urgencias para Sergio Massa, y no todas pasan por los vencimientos de la deuda del Tesoro y por las flacas reservas del Banco Central. Su objetivo, sobre todo, es actuar sobre las expectativas, que están mostrando un rápido deterioro, de la mano de las malas noticias.

Por eso su apuro en cerrar un acuerdo con los bancos para el canje de los bonos del Tesoro por un volumen de $7,7 billones, tiene un objetivo político muy claro: eliminar la típica hipersensibilidad del mercado que se produce en los años electorales, y reducir al mínimo la volatilidad.

En palabras del propio ministro de economía, lo que se buscó fue "que cualquier ciudadano sepa que cuando deposita un plazo fijo, o en caja de ahorro, no tiene que estar pendiente si la licitación de una semana o la otra del sector público con los bancos salió bien o salió mal".

El concepto es claro: lo último que Massa quería era que, a todos los factores de incertidumbre que afligen a la economía argentina se le agregara una potencial corrida de depósitos bancarios.

Lo cierto es que si se trata de señales de desconfianza por parte del público, sobran los indicadores. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor que mide la Universidad Di Tella marcó una brusca caída de 6%, rompiendo una racha alcista, y no por casualidad ese dato coincide con la aceleración de la inflación en el verano.

También la encuesta REM en la que responden los principales bancos y consultores de economía registró un dato sintomático: en contraste con el optimismo que transmite el Gobierno -Alberto Fernández habló sobre un tercer año consecutivo de crecimiento de la economía- ya se pronostica una recesión. Los economistas creen que la actividad caerá un 0,6% del PBI, mientras Massa sigue hablando de un crecimiento encima del 3%.

El repunte de la inflación llevó en las últimas semanas a que los economistas empeorasen sus expectativas sobre el plan económico

En esa encuesta empeoraron también las expectativas de inflación y de ingreso de divisas por exportaciones. Pero, además, de la mano de una disminución de la recaudación de impuestos -en febrero la caja de la AFIP cayó un 9% real respecto del año pasado-, también hay un deterioro de la expectativa sobre el resultado fiscal.

De hecho, hoy entre las consultoras ya se prevé que el rojo podría rondar un 2,2% del PBI, lo que -si bien sería una mejora respecto del 2,4% del año pasado- implicaría un incumplimiento de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.

Economía en crisis: expectativas en rápida devaluación

Revertir las expectativas de una desmejora en los indicadores no es fácil, sobre todo si se consideran los dos factores que complican los planes de Massa: por el lado económico, la implacable sequía que afecta la cosecha; y por el lado político, el cada vez más indisimulable desagrado del kirchnerismo con la política de austeridad fiscal.

En cuanto al primer punto, el Gobierno no deja de recibir malas noticias. Ya el optimismo que Massa dejaba ver a fin de año sonaba raro cuando se lo contrastaba con la preocupación reinante en el campo: el ministro minimizaba la gravedad de la sequía y decía que, en todo caso, la suba en los precios del mercado internacional compensaría la caída del volumen exportado. Su pronóstico era que, en términos netos, se perderían unos u$s3.000 millones, cuando en el campo ya se hablaba de más de u$s7.000 millones.

Pero la persistencia de la sequía, combinada ahora con una helada temprana, hizo que los números empeorasen, de forma tal que entidades como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires prevén que la caída llegue a u$s10.000 millones respecto de la campaña del año pasado. Y en su último informe, ya advirtió que probablemente esas cifras podrían volver a ser revisadas, para peor.

Con esos números en la mano, Massa está tratando de ablandar la posición del FMI, y en principio todo indica que encontrará buena receptividad en cuanto a la meta de reservas. En cambio, mucho más difícil parece ser la tarea de convencer a la dirigencia kirchnerista.

En los últimos días se intensificaron las críticas que antes se hacían por lo bajo y, ante la evidencia de que la inflación seguirá estacionada por encima del 5% mensual, volvieron los reclamos para un "shock redistributivo".

Iniciativas como la moratoria previsional llevaron a que la meta fiscal del 1,9% para el año fuera puesta en duda

Los planteos por un aumento salarial por decreto o un bono complementario, que habían sido la tónica del año pasado en la interna del Frente de Todos, se están escuchando nuevamente. Y trascendió, además, que en breve -probablemente en el acto del sábado en Avellaneda- el kirchnerismo presentará una plataforma de medidas económicas que van en la línea opuesta a la política de austeridad fiscal.

Como la intención del kirchnerismo es mejorar las chances electorales, su intención es que esa agenda de medidas no se limite a ser una propuesta de campaña, sino que sea de aplicación inmediata. Entre otros puntos, se quiere desempolvar el proyecto de renta básica universal, que podría tener un costo de 1% del PBI.

Estas propuestas llegan después de la aprobación de la moratoria previsional, que según las estimaciones tendría un impacto de casi medio punto del PBI. Y es lo que lleva a los analistas a dudar de la meta de reducir el déficit primario a un 1,9%.

Massa y la fórmula para ganar tiempo

Lo cierto es que la combinación de menos dólares por culpa de la sequía y un mayor gasto por las presiones de la campaña electoral pueden resultar en un combo explosivo. Por eso, Massa prefiere curarse en salud y cubrirse de otros factores que, eventualmente, pudieran complicar el panorama. Por ejemplo, que en el tramo final de la campaña antes de las PASO, se haga difícil renovar los voluminosos vencimientos de bonos del Tesoro y que, entre la inflación creciente y una caja del BCRA con pocos dólares, se produzca otra crisis financiera -o, para ponerlo en los términos de los economistas opositores, que explote la "bomba financiera"-.

El antecedente del año pasado está fresco en la memoria de los inversores y, especialmente, de los funcionarios del área económica: a pesar de haber arrancado el año con un buen nivel de "rollover", las dudas sobre la marcha del programa llevaron a una caída de los precios de los bonos, a lo cual siguió una tardía reacción del Banco Central para la recompra en el mercado secundario. El desplome de precios inicial y la inyección monetaria posterior generaron el clima para que se volviera a hablar de reperfilamiento, default y hasta del reciclado de viejas recetas semi-confiscatorias como el recordado Plan Bonex de 1990.

Massa tomó nota de que esa volatilidad fue la que, en definitiva, determinó la salida de Martín Guzmán y la disparada del dólar paralelo. Y las últimas semanas empezaban a tener un peligroso parecido, con una abundancia de reportes de asesores financieros que recordaban los vencimientos por $12 billones que esperaban al Gobierno desde aquí a las PASO y que, para poder cumplir con sus metas, se debería obtener un rollover de aproximadamente 130% en cada vencimiento. Es decir, que los inversores tendrían que renovar por completo la deuda y, encima, dejar un sobrante neto de 30% en la caja del Tesoro, un objetivo que se percibía en el mercado como de difícil cumplimiento.

El diputado Luciano Laspina, principal asesor económico de Patricia Bullrich, calificó como "operación vil y ruinosa" el canje de la deuda

La fórmula que encontró Massa luce viable desde el punto de vista financiero aunque deja flancos expuestos en el plano político. Su objetivo con el "bono dual" -que permite cubrirse simultáneamente de la inflación y de una devaluación- fue "tener un programa de deuda que desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal".

Los bancos y las compañías aseguradoras -en definitiva, los que ponen la plata para renovar los bonos ante cada vencimiento- firmaron el acuerdo con el ministro, lo cual implica un oxígeno en el mercado de la deuda.

Pero las críticas no se hicieron esperar, y vienen de ambos lados de "la grieta". La más previsible fue la de Juntos por el Cambio. Su visión es que este canje será "una operación vil y ruinosa para el Estado", como lo definió el diputado Luciano Laspina, principal asesor económico de Patricia Bullrich.

Las acusaciones de la oposición implican que el canje funcionará en realidad como un "seguro de cambio" para los bancos, que viola la carta orgánica del Central porque implica una asistencia indirecta al Tesoro y que hay un potencial riesgo inflacionario si los bancos deciden ejercer su opción de cobrarle el canje al BCRA en cualquier momento.

Sin embargo, en las entrelíneas de esas críticas hay una aceptación tácita de que el riesgo financiero de corto plazo quedaría resuelto. En definitiva, lo que se está criticando es que ahora el problema le quedó a la próxima administración, que deberá lidiar con un gran volumen de vencimientos.

El kirchnerismo critica por lo bajo

Es el tipo de crítica que a Massa le suena casi como un elogio, porque implica que la sensación del mercado es que el Gobierno logró "comprar tiempo". Para reforzar esa sensación de crisis superada, el ministro enfatizó que la medida estará acompañada de una fuerte disciplina fiscal.

De hecho, ese fue el argumento esgrimido por el viceministro Gabriel Rubinstein a la hora de explicar por qué ahora no existía el riesgo de que se repitiera el desplome de bonos del año pasado: para Rubinstein, la diferencia radica justamente en el frente fiscal. Recordó que, en ese mismo momento, había una inercia del gasto público creciendo por encima de la inflación, que llevaba a que el déficit fiscal terminara en 3,5% del PBI. Pero ahora, afirma Rubinstein, la deuda sí es sostenible, porque los títulos del Tesoro representan 8% del PBI, algo que deja margen de acción, siempre que el Gobierno continúe su senda de recorte fiscal.

Massa aprovechó el anuncio del canje de deuda para ratificar su compromiso con la austeridad fiscal, un tema de discrepancia con el kirchnerismo

No por casualidad, al anunciar su acuerdo con los bancos, Massa ratificó que considera a la disciplina fiscal como "el ancla más importante" de la economía. Y que gracias a esa política el Gobierno atenuará su dependencia del financiamiento del Banco Central.

Una argumentación efectiva para contestarle a las críticas de Juntos por el Cambio, pero demasiado "market friendly" para el gusto del kirchnerismo, donde ya se están insinuando críticas.

En el kirchnerismo prevalece la idea de que la inflación y la deuda son problemas políticos antes que financieros. Y no se comparte la visión de que el desequilibrio fiscal sea el origen de los problemas. Desde ese punto de vista, no termina de causar simpatía el anuncio de Massa, al que se lo ve como demasiado beneficioso para el sistema financiero, en un momento en que la campaña electoral exige otro tipo de señales más ligados a la tradición peronista.

Paradójicamente, el kirchnerismo no está tan en desacuerdo con las críticas que hace Laspina sobre el beneficio a los bancos. Pero su principal molestia radica en que Massa haya aprovechado este anuncio para ratificar la política de ajuste del gasto.