El gigante cerealero Vicentin obtuvo "las conformidades" de sus acreedores para cerrar un acuerdo que le permita superar su crítica situación económico-financiera, iniciada en 2019 a partir del cese de pagos a los productores que proveían al conglomerado empresario.

El juzgado de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, aceptó -con el consentimiento de la mayoría requerida por ley de los acreedores- la propuesta formulada por Vicentin para superar esta instancia. Ese paso es previo a la salida formal del Concurso Preventivo al que la empresa ingresó hace cuatro años.

La decisión, firmada el viernes pasado, pero conocida solo hoy, no significa el cierre del concurso, puesto que todavía existe la posibilidad de que los acreedores que no participaron del acuerdo impugnen la propuesta de la empresa, como es el caso del Banco Nación.

La entidad anunció que impugnará "por abusiva y contraria a los intereses" del BNA, una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago de Vicentín a un grupo de acreedores.

"El acuerdo preventivo de Vicentín es, desde lo económico, extremadamente desfavorable para el banco y, desde la óptica jurídica, es palmariamente contrario al principio d. igualdad de los acreedores que prima este tipo de procesos", sostuvo el Banco Nación en un breve comunicado, donde enfatizó, además, que el supuesto compromiso de pago por parte de la cerealera "no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda al Banco Nación".

El BNA destacó que Vicentín le debe más de 300 millones de dólares a la entidad y recordó que es un "acreedor privilegiado" e insistió en que la propuesta es "discriminatoria, abusiva y en fraude a la ley, considerando que contempla cláusulas de similar naturaleza para acreedores de diversa cuantía, sin contemplar diferencias entre los interesas y características propias de los distintos afectados".

El Banco Nación anunció que impugnará "por abusiva y contraria a los intereses" de la entidad

Vicentin y el acuerdo con sus acreedores

Tras darse a conocer la decisión del juez Lorenzini, se abrió un plazo de diez días hábiles para que los acreedores puedan impugnar el acuerdo. Luego de eso, tendrá que decidir si homologa la propuesta o dicta la quiebra del gigante cerealero.

Del escrito se desprende que "teniendo especialmente en cuenta la extensión y complejidad no solo del proceso, sino también de la propuesta concordataria en ciernes, otórguese a los interesados un plazo de diez días hábiles para ejercer su derecho a impugnación".

La Ley de Concursos y Quiebras establece que "los acreedores con derecho a voto, y quienes hubieren deducido incidente, por no haberse presentado en término, o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo, dentro del plazo de cinco días siguientes".

Lorenzini duplicó ese plazo por las circunstancias excepcionales que rodearon el proceso judicial de Vicentin.

"La impugnación -añade la ley- solamente puede fundarse en error en cómputo de la mayoría necesaria; falta de representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías; exageración fraudulenta del pasivo; ocultación o exageración fraudulenta del activo; inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo".

Si cualquiera de los impugnantes invocara esas causales de impugnación, el juez Lorenzini deberá analizar la situación y resolver en consecuencia.