Por lo que se ha visto en el arranque de la campaña electoral, ya nadie está dispuesto a repetir el error de ganarse la antipatía de los votantes del campo. Especialmente el peronismo, que en las legislativas de 2021 pagó caro su nuevo enfrentamiento con el sector rural, lo cual explica en buena medida por qué perdió 14 puntos -casi cinco millones de votos- en apenas dos años.

Es por eso que, mientras Sergio Massa envía señales "campo friendly" y todos los sectores hacen buenos augurios sobre una campaña post sequía que podría aportar a un superávit comercial de más de 20.000 millones el año próximo, los principales lobbystas de los productores decidieron aprovechar el momento favorable para obtener compromisos de campaña.

El tema principal de esa avanzada es el de las retenciones a la exportación, donde la apuesta de máxima es el establecimiento de un marco legal que las prohíba. Sólo se asume la excepción de la continuidad de retenciones para la soja -aunque reducidas a un nivel de 21% respecto del 33% actual-. Y esa retención, que se consideraría justificada por una situación de emergencia fiscal, ya no sería considerada como un derecho de exportación sino como un crédito fiscal que los productores pudieran usar en un futuro para saldar obligaciones con la AFIP.

Semejante propuesta podía sonar imposible en el contexto político de pocos meses atrás. Después de todo, el reclamo kirchnerista por una suba en las retenciones se había recalentado hace apenas un año, tras la invasión rusa a Ucrania y el consiguiente aumento récord de precios de materias primas. El argumento era que la suba internacional ocasionaría un efecto de contagio interno a los precios y que, además, muchos países exportadores estaban subiendo retenciones o directamente aplicando cierres exportadores.

El debate fue intenso en la coalición gubernamental, e incluyó reproches públicos de Cristina Kirchner a Alberto Fernández porque el presidente se negaba a subir retenciones sin una ley, y la vice le reclamaba que lo hiciera por decreto. Finalmente, Alberto optó por mantener la situación sin cambios, para irritación del kirchnerismo.

Sin embargo, dinámica política argentina tiene esos cambios de clima, de forma que aquello que hasta hace poco parecía un tabú, ahora puede ser objeto de debate.

Los "tractorazos" de protesta dejaron paso a un nuevo escenario de intento de diálogo institucional entre la clase política y el campo

Prueba de ello es la propuesta realizada por la fundación FADA ante la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados, a la cual asistieron legisladores de todos los bloques. Los representantes del agro expusieron una proyección que prevé un aumento de 56% en la producción de granos y de un millón de toneladas de carne bovina en caso de que remuevan los factores que hoy actúan como desincentivos.

Para apoyar el argumento, se recordó que cuando el maíz y el trigo tuvieron retenciones cero, en la gestión macrista, se registraron aumentos en las respectivas cosechas por 68% y 40%.

¿Se reconcilian el campo y la política?

Y el pasado martes, ese planteo fue profundizado en el Primer Congreso de Políticas Públicas para la AgroBioIndustria, organizada por la fundación Barbechando. Lo llamativo del evento realizado en la sede de la Bolsa de Cereales fue la masiva asistencia de legisladores, desde oficialistas como Marcelo Casaretto, Carlos Selva y Clara Vega hasta representantes de Juntos por el Cambio, como Pablo Torello, Alfredo de Angeli, Ricardo López Murphy y Fabio Quetglas.

Los legisladores escucharon a Germán Paats, titular de la fundación, quien vaticinó que Argentina cuadruplicará las exportaciones si se aplican las medidas de incentivo y planteó que la intención de los productores es generar un ámbito formal de coordinación y consenso con la clase política. Estimó que el complejo agro-bio-industrial puede generar dos millones de puestos laborales en un lapso relativamente corto.

"Es con la política, no es contra la política", fue el lema, en un evento que planteó los ejemplos de dos potencias agrícolas: Brasil y Australia. Parlamentarios de ambos países, que además están ligados a la actividad del campo, expusieron sobre cómo funciona el trabajo conjunto con los expertos del agro en el ámbito legislativo.

Los dirigentes del campo argentino presentes en el evento mostraron realismo cuando se les preguntó por las expectativas del recambio de gobierno: nadie espera una remoción drástica de las retenciones. Después de todo, las proyecciones de los economistas es que este año terminará con un déficit fiscal de 3% del PBI, un hecho directamente ligado a que el ingreso tributario por las retenciones, que el año pasado representaba mas de un 8% de la "torta" de la AFIP, se desplomó hasta un nivel de 3%.

Sin embargo, ese realismo por la situación fiscal convive también con la ilusión por la buena receptividad que, en principio, generó la propuesta para un nuevo marco legal de las retenciones.

Germán Paats, titular de la Fundación Barbechando, en el evento que convocó a legisladores del Gobierno y la oposición para debatir sobre el sector agroindustrial

Los autores de la iniciativa plantean que el impacto inicial que tendría la AFIP al ver disminuido su ingreso por retenciones -estiman u$s11.100 millones en cuatro años- se vería compensado por un crecimiento de la producción agrícola por más de u$s30.000 millones.

Por lo pronto, los diputados de la oposición la comentaron entre los productores como una idea factible de ser aplicada en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio.

Revisando los errores de la campaña 2021

La incógnita, claro, es saber si un eventual gobierno de Sergio Massa se avendría a un régimen que renuncie a las retenciones como herramienta fiscal. De momento, los dirigentes del agro ya interpretan como una buena señal el hecho de que los legisladores de Unión por la Patria se hayan mostrado abiertos al diálogo.

"Lo que uno ve de la experiencia de países como Brasil y Australia que se presentó aquí es sancionar las leyes con las que estamos de acuerdo y dejar las diferencias para otro momento. Si conseguimos ese consenso, en Unión por la Patria queremos sancionar leyes en este período parlamentario independientemente de que estemos en un proceso electoral", manifestó el diputado Casaretto.

Lo cierto es que el acercamiento al campo tiene lógica con el contexto electoral. Los estrategas que se dedican a analizar con lupa el comportamiento del voto en cada distrito tienen claro que la derrota más dolorosa ocurrió en zonas con fuerte predominio de clases medias ligadas directa o indirectamente a la actividad agropecuaria. Así, en Buenos Aires, la oposición se impuso en 109 de los 135 municipios de la provincia. Y el Frente de Todos sufrió doloras derrotas en bastiones históricos del peronismo, como La Pampa, Entre Ríos, Sante Fe y Córdoba.

El resultado de las urnas era la consecuencia de un malhumor de la clase media rural que veía amenazado su estilo de vida por una sucesión de actitudes hostiles. Después de todo, fue en Santa Fe donde nació el movimiento de los "banderazos" como repudio al intento de estatización de Vicentin.

Tras la confirmación de la candidatura de Massa, se intensificaron las versiones sobre nuevas medidas de incentivo para el campo

Y luego hubo una sucesión de incidentes y desencuentros, como la suba de retenciones, el cierre temporario de la exportación de maíz y la intervención que impuso subsidios cruzados en el sector aceitero. Pero además hubo señales políticas que exacerbaron los ánimos, como los sospechosos ataques a los silobolsas, ocupaciones de terrenos -entre las que sobresale el recordado experimento de Juan Grabois en un predio de la familia Etchevehere, en Entre Ríos- y todo matizado con frases ambiguas del Presidente sobre el respeto a la propiedad privada de la tierra.

Además, en plena campaña electoral de 2021 el Gobierno celebró un brevísimo retraimiento de los precios en las carnicerías, una situación que atribuyó a su tope exportador de vacunos, pese a que las gremiales ganaderas advertían que era un efecto meramente estacional y que, cuando pasara, los aumentos volverían con fuerza porque se estaba achicando el stock de vacas en el país.

Lo cierto es que todo lo que los empresarios habían advertido, ocurrió: la caída de precio fue estacional y luego sobrevino una suba, y en el medio se perdió la oportunidad de vender al mercado chino, que luego sufrió una severa retracción.

No obstante esos reveses en las urnas y en la economía, desde el kirchnerismo se retomó un fuerte reclamo interno por otra suba de retenciones cuando tras la abrupta suba de las cotizaciones de commodities, en el contexto de la guerra en Ucrania. Fue un nuevo momento de tensión política, que tuvo su mayor expresión con un "tractorazo" de protesta en la Ciudad de Buenos Aires, a lo cual siguieron amenazas veladas sobre medidas para obligar a los productores sojeros a vender el stock retenido en silobolsas.

La situación descomprimió con la llegada de Massa al ministerio de Economía, que intentó congraciarse con los productores a través de la implementación del incentivo exportador con dólar preferencial, una experiencia que se aplicó tres veces y -según las versiones que corren en el ámbito agrícola- podría tener una cuarta edición en el segundo semestre.