Tras el día de furia del viernes pasado por el cese de actividades de los choferes de colectivos, los empresarios del sector se comprometieron a cumplir con la paritaria que –según explicaron- había dispuesto el Gobierno sin las firmas de las patronales y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Si bien el conflicto se dispara por un reclamo salarial, tiene lecturas políticas y de interna gremial que terminó afectando a miles de pasajeros, afectando al oficialismo en plena campaña electoral. Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria, intervino no solo para encontrar una solución, sino para expresar su malestar y mostrar una dura postura contra el "aviso patronal".

Además, el ministerio de Trabajo se quedó sin herramientas legales, ya que habían vencido los dos períodos de conciliación obligatoria, por lo que el sindicato estaba liberado para llevar adelante las medidas de fuerza.

Choferes de UTA exigieron cumplir con el aumento de sueldo

A pesar de las explicaciones de las patronales, la UTA que encabeza Roberto Fernández exigió que cumplan los compromisos asumidos en la firma de los acuerdos paritarios que "se encuentran en plena vigencia. Amplió que la Resolución Conjunta firmada por las carteras de Trabajo, Transporte y los empresarios (FATAP) debe ser cumplida en los plazos y tiempos estimados", indicaron.

Advirtió que "aquellas diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación resultan completamente ajenas e independientes de los salarios de trabajadoras y trabajadores representados, quienes no pueden ni deben esperar de disposiciones reglamentarias, convenios, rendiciones, etcétera para percibir sus haberes. No admitiremos que se ponga a los trabajadores como rehenes de la problemática del servicio".

Ratificada la medida de fuerza, el sindicato indicó: "Hemos verificado el incumplimiento en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. Como expresamos, se procederá a la retención de tareas en aquellas empresas que incumplan el pago del aumento salarial, desde las 0 horas del 7 de julio", lo que presagiaba que el paro podía continuar el fin de semana.

Los choferes de UTA cobrarán un sueldo básico de $404.000 en septiembre.

La UTA denunció la existencia de monopolios

Aclaró que el aumento se otorgó en las jurisdicciones de Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago del Estero, Trelew. En estas provincias y ciudades el transporte de pasajeros está garantizado y será normal".

La UTA, en este marco, denunció: "No permitiremos a los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las autoridades nacionales para obtener mayores recursos económicos, que generen su discusión en los espacios y las instancias adecuadas, y no utilicen a los trabajadores y a los usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales".

Al tiempo que exigió al Gobierno "que hagan respetar los derechos, y apliquen el Articulo 6 de la Resolución conjunta de la Secretaria de Gestión del Transporte y la Secretaria de Articulación Interjurisdiccional, para no perjudicar usuarios. Lamentamos el perjuicio que se ha generado por un pequeño grupo que responde a los intereses empresarios de DOTA, que paró en forma sorpresiva a las 16 horas, por mayores recursos para sus patrones. Los trabajadores no paramos, retenemos nuestras tareas por nuestro aumento desde las 0 horas" (del viernes pasado).

Choferes de colectivo: de cuánto fue el aumento de sueldo y cómo lo cobrarán

Ya volveremos a las discusiones. Mientras tanto, vale recordar cómo quedó la escala salarial tras la firma del acuerdo, una vez superada las diferencias de la protesta. Los salarios básicos quedaron de la siguiente forma:

En su momento, el gremio informó que se había pactado un salario total conformado por:

• $262.000 a partir del 1 de abril.
• $284.000 a partir del 1 de mayo.
• $320.000 a partir del 1 de junio.
• $346.000 a partir del 1 de julio.
• $374.000 a partir del 1 de agosto.
• $404.000 a partir del 1 de septiembre.

Los choferes de colectivo aseguran que las empresas retuvieron los fondos girados por el Gobierno para pagar sueldos.

Massa culpó a dos grupos empresarios por el paro

A Massa se lo vio muy molesto cuando, casi en cadena nacional, salió a explicar los motivos de la protesta, que se potenció con un cese en el ferrocarril Sarmiento y los consabidos cortes de los movimientos sociales. Aseguró que la huelga de los colectiveros fue "un paro extraño, un paro al que forzaron dos grupos empresarios".

Indicó que "el Estado les transfirió la plata de los sueldos, pero algunos empresarios que son parásitos del Estado retuvieron esa plata para forzar a los trabajadores a salir a la calle. Pero no les tenemos miedo y los vamos a enfrentar". Subrayó que "los salarios están acordados en paritarias, y no están discutiendo tarifas. Porque no les importa la tarifa. Cada 100 pesos que ustedes pagan de colectivo, 80 los pone el Estado".

Sostuvo que "estos empresarios (del transporte automotor) no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios o el funcionamiento del SUBE" y añadió: "Lo que pretenden es tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocería, y pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad".

El titular del Palacio de Hacienda manifestó: "Creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, en los que arriesgan y apuestan, pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar les decimos: no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente de viajar para ir a trabajar".

Una protesta que comenzó antes con denuncias de la oposición a la UTA

El espacio opositor a la UTA que responde a Miguel Bustinduy comenzó el paro a las 16 del jueves y acusó a Roberto Fernández de "desestabilizar" al Gobierno. La medida afectó a todas las líneas del grupo DOTA, que son unas 180. 

A través de un comunicado, acusó a la conducción del sindicato de "negociar los salarios a la baja" e "imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas".

Massa actuó como moderador entre los choferes y las empresas para cancelar el paro de transporte.

La Agrupación Juan Manuel Palacios relató: "Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires, donde ya Fernández no solo no consigue firmar un acuerdo – luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado".

La ministra Olmos aseguró que multarán a las empresas

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, indicó que la retención de tareas realizada por los trabajadores de colectivos responde a un "lock out patronal" por parte de los propietarios de las líneas, por no aplicar los aumentos salariales dispuestos en la paritaria del sector.

Explicó que "la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Economía les transfirió los recursos para el subsidio para el pago de haberes. Está depositado el dinero y ellos (los empresarios) dicen que no es suficiente, porque quieren que se les reconozcan mayores costos de otros rubros. Por esa razón no liquidaron los salarios y el medio aguinaldo como se había acordado".

Para la ministra, la postura de los empresarios fue "absolutamente extorsiva" y aseguró que "se multará a las empresas" que hayan incumplido con sus obligaciones y que "se va a hacer la denuncia penal por retención indebida de haberes".

Por otra parte, la cartera laboral emitió una resolución por la cual los empleadores no podrían descontar el día a quienes se ausentasen durante el paro de colectivos. De este modo, la resolución 887/23 garantizará que aquellos trabajadores que se vieron impedidos de concurrir a sus lugares de trabajo el pasado viernes 7 de julio, puedan mantener sus ingresos habituales y no pierdan el beneficio del presentismo.

La decisión de la cartera laboral se fundamenta en la idea de que, entre los factores más importantes que justifican la falta de asistencia al trabajo, se encuentra lo que se conoce como "caso fortuito" o "fuerza mayor".