Los ajustes tarifarios en los servicios de energía eléctrica y gas que el Gobierno tiene en las gateras para los usuarios residenciales se extenderían también a los comercios e industrias, lo cual podría disparar una nueva tanda de remarcaciones de precios que se sumaría a los aumentos generalizados que se vienen registrando tras la brusca devaluación del 22% del tipo de cambio oficial que llevó adelante tras la derrota electoral de las PASO el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa.

Los incrementos tarifarios --que la titular de Energía, Flavia Royón, tiene previsto definir antes del viernes-- se dirigen esencialmente neutralizar el impacto económico negativo que provocó el golpe devaluatorio en los costos operativos de las generadoras eléctricas y en el precio del gas que las petroleras proveen a las distribuidoras gasíferas. 

Además, con los ajustes en danza, desde la cartera de Economía buscan hacer buena letra con el FMI y cumplir con el compromiso de seguir disminuyendo los subsidios energéticos en el marco de la reducción del déficit fiscal que establece el acuerdo vigente.

Según indicó el último estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), en el sector eléctrico, los costos de generación se encuentran dolarizados en un 80%. En tanto, en el negocio gasífero, el costo de abastecimiento del gas natural está dolarizado en un 100% debido a los contratos del Plan Gas.Ar.

El futuro de las tarifas

Tras recordar que "las tarifas finales no están dolarizadas y se expresan en pesos, siendo el Estado quien decide la porción del costo que absorbe y la que traslada a los usuarios", el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) advirtió que "cualquier opción de traslado parcial de la devaluación representará un aumento de subsidios, mientras que cualquier opción de traslado total a los usuarios va a implicar un ajuste tarifario".

El trabajo del IIEP destacó que, si el Gobierno quiere mantener las tarifas sin cambios, no le quedará otra salida que ir a contramano de lo pactado con el FMI y ampliar la partida presupuestaria de los subsidios energéticos en $70.000 millones mensuales. De acuerdo con las primeras estimaciones que barajan las autoridades de Energía, los aumentos en juego para contrarrestar la devaluación oscilarían entre el 16% y 20%.

Los amentos que el Gobierno tiene en las gateras impactarán en los bolsillos hogareños y podrían disparar una nueva ola remarcatoria de precios

Por el lado de los usuarios residenciales, en principio, los incrementos alcanzarían a los tres niveles de hogares N1, N2 y N3 que quedaron delineados desde mediados del año pasado tras la aplicación del esquema de segmentación tarifaria. En tanto, para las pymes, comercios e industrias que dependen de las distribuidoras eléctricas y gasíferas podrían aplicarse subas diferenciales, aunque la idea predominante es la de un aumento uniforme para todas esas categorías. Los nuevos cuadros tarifarios comenzarían a correr a partir de septiembre y, en principio, se aprobarían por medio de un paquete de resoluciones del área energética y de los entes reguladores del sector.  

Si bien en el caso eléctrico solo se trataría de una simple readecuación de los precios mayoristas que se puede viabilizar con la firma de una medida resolutoria; en el caso del gas no se descarta que aparezcan cuestionamientos administrativos y judiciales debido a que las normas vigentes indican que los aumentos tarifarios deben pasar previamente por audiencia pública. 

Qué pasa con las facturas hogareñas de luz y gas 

Por la quita de subsidios, desde mayo de este año el segmento residencial N1-que agrupa a casi 5,4 millones de clientes hogareños de todo el país- está abonando la tarifa plena de energía eléctrica. En tanto, los usuarios de bajos ingresos N2 y los del sector medio N3 ---que totalizan casi 11 millones de hogares –siguen manteniendo distintas porciones de subsidios: hasta ahora solo pagan entre 13% y 17% del costo total de la energía eléctrica, mientras que el Estado cubre entre el 87% y 83% restante.

Desde agosto del año pasado, la tarifa eléctrica en términos reales de un hogar N1 lleva acumulado un aumento por encima de la inflación del 209%. En cambio, por el mantenimiento de subsidios, las facturas promedio de los hogares N2 y N3 registraron en los últimos 12 meses caídas reales de 16% y 6% respectivamente.

A su vez, en el servicio gasífero, ningún segmento de los usuarios residenciales está abonando una tarifa que cubra la totalidad del precio del gas. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento del gas es del 47% para los hogares N1, mientras que en los N2 llega solo al 14% y en los N3 alcanza al 18%.

Entre agosto de 2022 y junio de 2023, las facturas de los usuarios N1 tuvieron un incremento por encima de la inflación del 14%, en tanto que los N2 y N3 registraron caídas en términos reales del 33% y 34% por aumentos más bajos y continuidad de subsidios.

Los ajustes tarifarios para los usuarios residenciales se extenderían también a los comercios e industrias

Qué pasará con los comercios e industrias

A solo tres semanas del último ajuste en el servicio eléctrico de 17% promedio que iba a regir hasta fines de octubre, las demandas comerciales e industriales van camino a afrontar un nuevo aumento tarifario que podría estar en torno del 20%.

La suba en juego promete generar otra ronda de remarcaciones de precios adicionales a la que se viene registrando desde la semana pasada en todos los sectores económicos.

Las principales consultoras económicas ya alertaron que, por la aceleración de los aumentos, los rubros de alimentos y bebidas podrían acumular entre agosto y septiembre una suba bimestral del orden del 25%, superando por varios puntos el índice general.

Ahora bien, si se confirman los aumentos en los servicios eléctrico y gasífero que tiene en carpeta el Gobierno, a los comerciantes e industriales no les quedará otra alternativa que trasladar los mayores costos operativos a los precios finales que recién están terminando de incorporar el efecto devaluatorio.

A juzgar por sus últimas declaraciones, Massa ya vislumbra un escenario inflacionario recargado que intentará amortiguar con un combo de medidas paliativas que abarcarían el pago de una suma fija a los trabajadores formales, refuerzos de la asignaciones familiares y AUH, una nueva ayuda económica a jubilados y pensionados, créditos subsidiados y más controles de precios.