En las próximas horas se empezará a despejar uno de los interrogantes más importantes respecto del plan de ajuste anunciado por Javier Milei: si el recorte del gasto público se hará por la vía de la licuación inflacionaria o por una supresión de empleos en la nómina de casi cuatro millones de empleados estatales. La conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, sugiere que el nuevo gobierno tratará de aprovechar el margen de maniobra político que tiene todo presidente recién asumido y que no perderá tiempo en avanzar sobre un tema altamente sensible.

De hecho, el propio Milei fue preparando el terreno en ese sentido: su apelación inicial a que el ajuste recaería sobre "la casta" se transformó después en un recorte de gastos a "la política" y luego a todo el sector público. Incluyendo, sobre todo, el gasto en salarios. La ya icónica frase "no hay plata", fue pronunciada por primera vez para justificar que, ante un pedido de los gobernadores provinciales por asistencia para pagar salarios y aguinaldos, él no abriría la billetera.

Y, en su discurso de asunción en el cargo, fue enfático en el sentido de que el plan de shock fiscal, que recaerá principalmente en el sector público, tendrá un costo, no solamente en términos de ingreso salarial sino también de empleo.

Es sintomático que el primer anuncio oficial, tras la reunión de Milei con su gabinete, haya apuntado al fin del "empleo militante" y al anuncio de una auditoría para revisar, uno por uno, la situación contractual de cada funcionario y de las tareas que cumple. Además, dijo que se exigiría una presencialidad plena, algo que hoy no se está verificando porque, tras la pandemia, un alto porcentaje de los empleados con tareas administrativas mantuvo un esquema mixto con teletrabajo hogareño.

Lo cierto es que, desde hace semanas, en las oficinas públicas se notó una inquietud creciente, con advertencias por parte de dirigentes sindicales, respecto de un posible corte de empleos. El temor se centra, sobre todo, entre los empleados que no pertenecen a la planta permanente y que están en situación de contratados -generalmente por el recurso de un convenio con universidades u organismos internacionales-.

El propio discurso del Gobierno tiene cierta ambigüedad en el sentido de si la auditoría sobre la nómina de personal tiene un objetivo político, demostrar que no se tolerará la permanencia de "ñoquis" en el aparato estatal, o si la meta que se propone es de índole fiscal, es decir, recortar gastos por la vía de achicar la cantidad de asalariados que reciben un cheque del Estado.

Los primeros anuncios del portavoz Manuel Adorni apuntaron a la auditoría sobre las tareas de los estatales y la advertencia sobre el "empleo militante"

En la administración del Gobierno central, hay casi 500.000 empleados, pero este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.

La realidad es que, por más que se haya anunciado un recorte drástico en rubros como la obra pública y las transferencias a las provincias, los renglones donde se concentra el grueso del gasto es en el sistema jubilatorio y en los salarios de empleados estatales. Según un informe de la consultora Analytica, en el acumulado enero-noviembre, esas dos categorías representan, respectivamente un 42% y un 12% del gasto total.

Puesto en plata, son $5,2 billones acumulados y, para tener una referencia, la recaudación tributaria de noviembre fue de $4,6 billones.

Ajuste estilo Milei

Con esos números a la vista, no resulta extraño que, según las encuestas como la de la consultora Prosumia, se determinó que uno de los rubros laborales donde se había votado masivamente por Sergio Massa en el balotaje haya sido, precisamente, el de los empleados estatales -el peronista se impuso allí con el mismo porcentaje que finalmente tuvo Milei a nivel nacional-.

Y el interrogante que se plantea ahora es si los sindicatos podrán ejercer una resistencia capaz de detener una avanzada sobre el empleo. De momento, no se percibe un ánimo combativo en ese sentido.

Más bien, la preocupación en organizaciones como UPCN fue la de convocar a los trabajadores que seguían en formato de "home office" a que se reincorporaran en presencialidad plena, ya previendo cuál sería el primer paso del nuevo gobierno. Esto geneó, en algunos casos, problemas logísticos, dado que la asignación de lugares físicos de trabajo se había readecuado luego de la pandemia.

Pero, como suele ocurrir en estos casos, el mayor riesgo está sobre la gran cantidad de empleados monotributistas que cumplen tareas bajo la modalidad de contratos a término. Se estima que son aproximadamente la cuarta parte del total. Y del resto, hay también gran cantidad de empleados en una "zona gris", la llamada planta transitoria que, originalmente, fue pensada para trabajos de duración breve, pero que suele extenderse por varios años.

Lo cierto es que es entre los contratados donde hay más posibilidad de ceses, aún cuando sea en esa categoría de estatales donde hay menos incumplimiento de las tareas. En cambio, quienes tienen la protección legal de inamovilidad laboral, son los que están en el régimen de planta permanente.

La forma de desvincular empleados no necesariamente sería por ceses individuales de los contratos, sino que también podría ocurrir por la disolución de unidades enteras. Es algo que ya se está previendo para las secretarías donde se manejan programas de subsidios económicos, que son candidatos a quedar sin efecto.

Milei está enfocado en achicar el gasto público

Las dudas sobre la viabilidad política

El achique en la nómina estatal ya había sido intentado por Mauricio Macri en el inicio de su gestión. Pero, los primeros casos de ceses de contratos generaron manifestaciones de protesta y rápidamente el recorte se detuvo. En la administración central, Macri terminó con un número levemente inferior al de su inicio -una caída del 2,7%-, a pesar de que ese tema había sido uno de los "caballitos de batalla" de su discurso político.

De hecho, después de su victoria electoral en las legislativas de 2017 Macri había anunciado el inicio de una política de recorte que pusiera fin al uso de reparticiones estatales para generar empleo sin justificación. Mencionó como caso icónico la biblioteca del Congreso, con sus 1.700 empleados, así como las legislaturas provinciales que tenían una tasa de aumento de empleados de 10% anual, o el de consultores del Congreso, del Ministerio Público Fiscal o del Consejo de la Magistratura.

Lo cierto es que, a pesar del impulso político que le dio aquella victoria electoral, Macri no logró avanzar en su propósito de recorte, en medio del malestar social provocado por la devaluación y la aceleración inflacionaria.

Seis años más tarde, Milei se propone nuevamente que el empleo público forme parte del ajuste, pero con mucho menor representación parlamentaria que la que tenía Macri y sigue habiendo dudas sobre si el nuevo gobierno podrá manejar las consecuencias políticas de la generación de un mayor desempleo. 

"La sociedad dice que apoya el ajuste, pero, cuando le tocan el bolsillo, plantea que el que tiene que ser ajustado es el otro. No hay que confundir que la sociedad esté a favor de tomar medidas económicas de ajuste con la idea de que el ajuste lo tiene que pagar el otro. Cuando muchos argentinos se empiecen a dar cuenta que van a pagar el ajuste, va a cambiar la ecuación", argumenta Alejandro Catterberg, director de la consultora Poliarquía.

Lo cierto es que hasta el propio Fondo Monetario Internacional advirtió que el shock fiscal tendría que ser sustentable desde el punto de vista social.

"Se necesita un plan de estabilización fuerte, creíble y respaldado políticamente para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y sus desafíos estructurales, al tiempo que, por supuesto, se protege a los más vulnerables de la sociedad", fue la advertencia de Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo.

También, el gobierno estadounidense envió sutiles mensajes sobre la viabilidad política del ajuste. El embajador Marc Stanley, al felicitar a Milei por su elección, le recordó la necesidad de no descuidar "la inversión en la clase media".

La aceleración inflacionaria generará el efecto de licuación sobre los salarios estatales y las jubilaciones

La vía más fácil: licuación por inflación

A diferencia del trauma que implica la disminución de empleos, una forma relativamente fácil de disminuir el costo fiscal del personal de la administración pública es la licuación inflacionaria, un clásico de todos los planes de ajuste en la historia reciente.

Con una inflación que avanza por encima de los ajustes salariales del Estado -y, por ende, también de las jubilaciones-, el ajuste se produce por la sola erosión salarial. Y cuanto más alta es la nominalidad de la inflación, mayor es la caída en del gasto en términos del PBI.

Los economistas dan por descontado que Milei aprovechará la ocasión que le presenta la "inflación heredada" a la que hizo referencia en su discurso inaugural, cuando dijo que todos los aumentos que vinieran en los próximos meses serían el efecto de la emisión monetaria de los últimos dos años.

Las consultoras ya proyectan que en el verano se podrá acumular una inflación superior al 40%. Como graficó la directora de Eco Go, Marina dal Poggetto, "si acelerás la inflación, el ajuste fiscal se hace solo".

Señales concretas, en ese sentido, se dieron con las primeras decisiones en materia presupuestaria. El hecho de que Milei haya preferido que el Congreso no haya votado el proyecto presentado por el ex ministro Sergio Massa, implica que se deba continuar con las partidas votadas para 2023.

Aquel presupuesto había previsto una inflación de apenas 60%, es decir la tercera parte de lo que será la inflación de este año. Eso implica que Milei contará con un amplio margen de discrecionalidad para determinar el destino y monto de lo que se recaude en la AFIP por encima del monto del "devaluado" presupuesto 2023.

Bajo esa condición, no resultará difícil disminuir el gasto. Pero esa política tiene un "lado B": una vez que la inflación empieza a bajar, tanto los salarios estatales como las jubilaciones empiezan a ganar peso frente a la recaudación tributaria.

De hecho, los expertos en el sistema jubilatorio ya advirtieron que ese sería un problema, dada la forma en que funciona la actual fórmula indexatoria de las jubilaciones. Este año, el monto destinado a la retribución de jubilados, pensionados y el funcionamiento del PAMI tuvo una caída real de 5,2% respecto del año pasado.

"El problema va a ser para el que quiera bajar la inflación en serio. Porque va a tener más jubilaciones para pagar, gracias a renovación de las moratorias del 2023, sin la licuación de las jubilaciones del 2023. Porque cuando baja la inflación, la fórmula de movilidad hace que las jubilaciones recuperen lo perdido", había advertido Jorge Colina, director de la fundación Idesa, cuando el peronismo aprobó la última moratoria para 800.000 trabajadores con aportes insuficientes.